La fiscal de anticorrupción Ana Cuenca ha reactivado su investigación sobre el patrimonio oculto en el extranjero de Raúl Morodo, el exembajador de España en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2007), según confirman fuentes jurídicas a Vozpópuli.
La Fiscalía anticorrupción investiga al excargo socialista y a su círculo familiar por percibir de forma irregular fondos procedentes de la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA) por un importe de 5,46 millones "carentes de toda justificación real y lógica comercial", según la denuncia inicial del ministerio público.
Hacienda considera que estos pagos no están justificados, y que Alejo Morodo, el hijo del exembajador, los percibió aprovechándose de los contactos políticos de su padre, amigo personal del expresidente del país Hugo Chávez. Precisamente estos pagos cesaron con el fallecimiento del exmandatario en 2012.
"Compleja estructura"
Para introducir este dinero en España, la fiscal considera que el exembajador y su familia se sirvieron de una "compleja estructura societaria", con empresas panameñas y bancos radicados en Portugal, Suiza y España: "Dificultando de esta manera el seguimiento del dinero recibido que, además, fueron traspasando entre distintas cuentas bancarias abiertas en entidades españolas y del que dispusieron, principalmente, mediante cheques al portador y extracciones en efectivo", especifica Ana Cuenca.
Y para tratar de superar esta maraña de empresas interpuestas, la fiscal ha da un nuevo impulso a sus pesquisas aprovechando la reactivación de los plazos procesales que fueron paralizados con la pandemia. En concreto, ha reclamado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que libre nuevas comisiones rogatorias a Suiza, pero también a otros países como Panamá en busca de las pruebas de las actividades presuntamente ilícitas de Morodo.
La fiscal ya había solicitado expandir las pesquisas a Portugal para requerir documentación relativa al inmueble que la nuera de Morodo compró en Lisboa en diciembre de 2017 por un importe de 450.000 euros.
Varios delitos
La Audiencia Nacional mantiene imputado a Morodo; a la mujer de este, Cristina Cañeque; al hijo de ambos, Raúl Morodo; a la esposa del anterior, Ana Catarina Varandas, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, por corrupción en las transacciones comerciales internacionales, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Asimismo, la Fiscalía anticorrupción cifra en 16,7 millones de euros las inversiones inmobiliarias que los excargos de PDVSA Carlos Prada y Juan Carlos Márquez, que fueron los que contrataron los servicios de Alejo Morodo, realizaron en España entre 2009 y 2018 a través de sus empresas y su círculo familiar más cercano.
En su rastreo del origen de los fondos con los que se adquirieron los mencionados inmuebles, el ministerio público ha detectado la entrada en España de 11,3 millones de euros. Márquez se suicidó tras declarar ante el juez Santiago Pedraz.
