Panamá y Suiza son los dos países donde la Fiscalía Anticorrupción sospecha que los cabecillas de la trama Lezo, capitaneada por el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, mantienen oculta una importante suma de dinero procedente de las arcas públicas madrileñas.
Por esta razón, según ha podido saber Vozpópuli, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado recientemente a ambos países sendas ampliaciones de las Comisiones Rogatorias que fueron cursadas meses atrás con el objeto de averiguar dónde se esconde la fortuna blanqueada presuntamente por González y su mano derecha, Edmundo Rodríguez Sobrino.
En estas nuevas solicitudes de cooperación jurídica internacional –que se enmarcan dentro de las pesquisas que se encuentran bajo secreto de sumario- los fiscales Carlos Iáñez y Carmen García Cerdá solicitan a Suiza y Panamá que detallen el traspaso de fondos entre distintas sociedades así como la titularidad de múltiples cuentas bancarias. El objetivo: seguir el rastro del dinero 'lavado' para poder localizar el 'escondite' del mismo.
Los fiscales solicitan a Suiza y Panamá que detallen el traspaso de fondos entre distintas sociedades así como la titularidad de múltiples cuentas bancarias
Las pesquisas judiciales sobre la trama han puesto de manifiesto que en el Canal de Isabel II, bajo la gestión y supervisión directa de González, se cobraron comisiones irregulares para el enriquecimiento personal de sus gestores, produciéndose un desfalco en la entidad pública madrileña de gran magnitud.
González permanece en prisión
El pasado día 25 de agosto, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional denegó de nuevo la libertad provisional solicitada por el que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre. En un duro auto, los jueces de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal señalaron que hay indicios claros de que el exdirigente del PP "maneja una cantidad ingente de dinero de origen delictivo".
De la misma forma, los magistrados enumeraron todos los delitos que se le atribuyen a Ignacio González para recalcar que a mayor gravedad de la pena que se le pudiera imponer al investigado "más intensa puede ser la tentación de la huida y mayor el perjuicio que, en caso de materializarse la fuga, sufriría la finalidad de preservar la acción de la Justicia".
El ex presidente madrileño, que se encuentra en situación de prisión provisional desde el pasado mes de abril, está siendo investigado en la actualidad por delitos de pertenencia en organización criminal, blanqueo, falsificación de documentación públicos, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos.
