La Audiencia Nacional condenó esta semana a 47 integrantes del denominado frente de cárceles de ETA. A cambio de una reducción generalizada de las penas, admitieron que actuaron a las órdenes de la organización criminal. Apuntalaron así el relato de que la banda era mucho más que las bombas y las pistolas. Pero sobre todos ellos destacaba la figura de la abogada Arantza Zulueta Amutxastegi (Lekeitio, 1960). Ella era la misma ETA oculta bajo una toga.
En una de las muchas causas por las que ha sido investigada consta un auto dictado por el entonces juez Javier Gómez Bermúdez, que sostiene que ETA buscó atentar en 2006 mediante la colocación de un artefacto explosivo en la sede de la Audiencia Nacional. Para ello, la organización terrorista pidió a Zulueta que redactara un informe de seguridad de la sede judicial a la que accedía casi semanalmente, "para cometer una acción colocando en ella un artefacto".
Minutos antes de ser arrestada en 2014, el jefe de comunicación del Ministerio del Interior cometió un error y avanzó en los medios la operación antes de producirse. Cuando la Guardia Civil llegó a su despacho, se la encontraron a ella y a sus compañeros destruyendo pruebas. Tras un concienzudo registro, los agentes hallaron documentos escondidos en lugares inverosímiles como el secador del baño o enrollados dentro de las patas de las sillas.
Oculta tras unas gafas
El pasado lunes se presentó ataviada con un atuendo blanco y casi todo el tiempo cubrió su mirada bajo unas gafas de sol. Pasaba desapercibida entre el enjambre de acusados, políticos y periodistas que inundaron los aledaños de la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid). Pero nadie en la sala de vistas obviaba su pasado: fue el látigo que usó la banda para atemorizar a sus militantes en las prisiones y frenar las deserciones antes y después del cese definitivo de la violencia.
Su labor iba mucho más allá que la defensa de los detenidos etarras en los juicios. La cúpula de la organización en Francia se encomendó a ella para mantener prietas las filas en el colectivo de presos de ETA (EPPK por sus siglas en euskera ). Hace ahora diez años, el que históricamente había sido su frente más ortodoxo, empezaba a presentar síntomas de agotamiento y los patios de las cárceles se debatía con fuerza qué camino tomar en el futuro.
En ese momento en España había cerca de 700 presos (hoy son algo más de 200) dispersados a cientos de kilómetros. La debilidad operativa de los comandos de ETA en el exterior contrastaba con la disciplina férrea que la organización mantenía en los centros penitenciarios. No se podía elegir abogado, ni realizar trabajos remunerados, tampoco solicitar permisos o mejoras en las condiciones de vida en prisión. Estaban obligados a responder todos a una a cualquier indicación de la banda, ya fuesen protestas o huelgas que a veces acarreaban sanciones.
Rechazaban entrevistas
Agentes dedicados a la lucha antiterrorista recuerdan que era tal la presión que Zulueta y sus comisarios políticos ejercían, que había presos etarras que directamente rechazaban entrevistarse con ellos cuando acudían a visitarles a las cárceles. La consigna siempre era la misma: dentro de la organización, todo. Fuera de ella, nada. Y la nada significaba la expulsión del colectivo y perder los abogados, pero también el rechazo del entorno proetarra sobre los familiares. Por su puesto, ni hablar de homenajes al recuperar la libertad.
A finales de la pasada década, viejos generales de la organización con muchos años de condena a las espaldas empezaban a romper con ETA y optaban por los planes de reinserción individuales. El Ministerio del Interior lo premiaba con beneficios penitenciarios en lo que se dio en llamar la Vía Nanclares. Uno de sus máximos exponentes fue José Luis Urrusolo Sistiaga, 15 asesinatos.
Este exmiembro de ETA define así aquel ambiente en un libro recientemente publicado por la Fundación Fernando Buena: “No eran pocos, entre ellos muchos que aún continúan en el colectivo, los que cuestionaban la continuidad de ETA y el funcionamiento del propio colectivo de presos. Se hablaba mucho en los patios de las cárceles, pero de ahí no salía”. Fuentes de la lucha antiterrorista creen que en ocasiones era ella misma la que redactaba los comunicados oficiales del colectivo de presos, siempre más cercanos a los postulados de la cúpula de ETA que al sentir real en las prisiones.
"Que alimenten a la hiena"
Otro etarra arrepentido que firmaba con el alias de Txindoki, plasmó en 2012 el rechazo personal que le provocaba Zulueta en una carta intervenida por el Ministerio del Interior: "Sin tapujos puedo decir que la mayoría de aquellos que avalan a estos comisarios, el sector duro de los presos, son los verdaderos delatores (...) Pues bien, con su pan se lo coman y que alimenten a la hiena de Arantza (Zulueta)”.
La Vía Nanclares, aunque amplificada por el Gobierno en un intento de fracturar el colectivo, se quedó en algo más de una veintena de deserciones. Visto con la perspectiva del tiempo, se puede decir que Zulueta logró su objetivo de someter a los presos a una segunda cárcel. Fueron claves los cantos de sirena que precedieron al cese definitivo en octubre de 2011. Zulueta y el resto de abogados prometieron -sin ninguna garantía- que habría acercamientos y excarcelaciones tras el final de los atentados. Y la decisión fue de aguantar a la espera de acontecimientos.
Pero nada de lo prometido sucedió. En todos estos años, el único motivo de celebración fue la derogación de la doctrina Parot que puso en la calle de decenas de terroristas. Si acaso, también la victoria de la excarcelación del etarra Bolinaga. Poco más para un colectivo que adelgaza a medida que sus más veteranos van cumpliendo sus condenas. Solo tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, el Ministerio ha empezado a acercar etarras a cárceles próximas al País Vasco.
Pendiente de otro juicio
Los sucesivos arrestos de esta escurridiza abogada permitieron al Estado romper el vínculo que unía a ETA con sus presos y culminar la derrota policial de los terroristas. Entre abril de 2010 y enero de 2015 sumó cuatro arrestos incluyendo las operaciones “Jaque” y “Mate” a juicio esta semana. Interior la ubicó la mayor tiempo en aislamiento en una cárcel del Puerto de Santamaría (Cádiz), destino reservado a los etarras más irredentos. Allí puso en práctica la obediencia debida a la organización que tantas veces exigió a sus compañeros.
Zulueta aún tiene pendiente sentarse en el banquillo por integración en la estructura de abogados Halboka, siglas en euskera de "Hornak Apurtuz Laster Borrokalariak Kalea (Rompiendo las Paredes Pronto los Luchadores a la Calle)". La Audiencia Nacional autorizó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a desclasificar las comunicaciones telefónicas y el envío de mensajes SMS que intercambiaron los dirigentes de ETA y Zulueta. Ubicada en el sector más duro, sus métodos también provocaron un distanciamiento con otros abogados históricos de la banda.
Muchas cosas han cambiado desde que ella imponía su ley en la cárceles. ETA anunció su disolución el año pasado sin lograr sentar al Estado en una negociación por los presos. En una de sus últimas decisiones, la organización criminal decidió levantar el veto a sus presos de poder acogerse de forma individual a los beneficios que permite la legislación penitenciaria.
A ese mundo volverá Zulueta próximamente, de momento cinco meses para cumplir la condena de tres años y medio que le impuso la Audiencia Nacional el pasado lunes. En enero de 2014 el diario abertzale Gara publicó una carta suya escrita desde la cárcel. Zulueta se quejaba que le atribuyesen la etiqueta de liderar un sector disidente y se decía orgullosa de contribuido a lograr la unidad del colectivo.
