La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha acordado la apertura de juicio oral contra el juez Miguel Florit por varios presuntos delitos cometidos al ordenar la requisa de móviles de periodistas y el control de sus comunicaciones en el marco del caso Cursach.
En un auto notificado esta mañana, el TSJIB también abre juicio oral contra el Estado como responsable civil subsidiario y fija una fianza para el juez de 60.166 euros, para asegurar las responsabilidades pecuniarias a que pudiera haber lugar en esta causa, ha informado el alto tribunal autonómico.
Las acusaciones son la editora de Diario de Mallorca, los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre, la Agencia EFE, Europa Press, y la Asociación de Medios de la Información.
Los periodistas y las entidades acusadoras reclaman para el juez 42 años de inhabilitación por prevaricación, delito contra la inviolabilidad del domicilio, contra el ejercicio del secreto profesional y el derecho a la intimidad y de interceptación ilegal de comunicaciones.
"Indicios racionales de criminalidad"
En el auto, la magistrada Felisa Vidal asegura que de lo actuado "se infiere que los hechos investigados revisten los caracteres de delito y que existen indicios racionales de criminalidad contra el acusado".
Para establecer la fianza, la magistrada descarta tener en cuenta la petición de 30.000 euros por daños morales que formula uno de los periodistas, porque el escrito de acusación no ofrece "un parámetro objetivo o base alguna de los que dicha cantidad resultare deducible" en términos de cuantificación de los días de baja, las posibles secuelas y los perjuicios profesionales.
La jueza considera que no es posible incluir esa responsabilidad civil como partida para fijar la fianza, pero sí las cuantías que piden las acusaciones como multa, que ascienden a 43.200 euros. A ello suma la estimación de unos 2.000 euros de las posibles costas, y un tercio más como estipula la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para fijar la fianza en 60.116 euros.
En el auto, la jueza da diez días al acusado para que presente escrito de defensa y emplaza al abogado del Estado a personarse ante el tribunal en tres días para entregarle el escrito de acusación, las actuaciones y darle otros 10 días para formular también escrito de defensa.
Contra el auto de apertura de juicio oral no cabe recurso.
