El que fuera jefe de Servicios Jurídicos del BBVA Eduardo Arbizu ha inaugurado la ronda de declaraciones que acoge esta semana la Audiencia Nacional por las contrataciones del BBVA con José Manuel Villarejo. El exalto cargo del banco se ha desligado tanto de los encargos como de los pagos al Grupo Cenyt y ha recordado que la investigación interna que se impulsó ya en 2018 para depurar responsabilidades surgió por orden suya. Además, también ha recordado que el expediente sancionador que le abrió el banco por su presunta implicación recogía hechos que eran falsos.
Arbizu, que ha comparecido a petición propia ante los investigadores, ha dejado claro que ni conocía al comisario jubilado ni tuvo nunca contacto con él. Según fuentes presentes en el interrogatorio consultadas por Vozpópuli, el que fuera máximo responsable de los servicios jurídicos ha tratado de desligarse del Grupo Cenyt y de los pagos por importe superior a los 10,2 millones de euros que el BBVA abonó a sus empresas entre 2004 y 2017. En su interrogatorio, que ha dirigido el fiscal Anticorrupción Alejandro Cabaleiro, el excargo del BBVA ha precisado que él no tenía funciones de control en lo que respecta a la contratación de los proveedores.
Se trata de la primera vez que Arbizu se pronuncia sobre este asunto desde su imputación. En su intervención ha dejado claro que mientras él estuvo al frente de los Servicios Jurídicos se impulsó una investigación dentro del BBVA que en la que afloraron los más de 10 encargos del banco al entramado de Villarejo. Según ha dicho, estas pesquisas se llevaron a cabo conforme a los criterios establecidos en el compliance de la entidad y fueron completas y objetivas. De las mismas también se pronunció Francisco González en sede judicial para apuntalar que la orden partió de Presidencia.
Los correos del forensic
Arbizu también ha respondido sobre el expediente que le abrió la entidad, ya bajo la presidencia de Carlos Torres. Al respecto ha recordado que se le atribuyeron unos hechos en la sanción que el mismo banco admitió luego que no eran ciertos, lo que acabó propiciando el archivo del expediente. Con todo, el exjefe de Control terminó rompiendo su relación laboral con la entidad a mediados de 2019 coincidiendo con las comparecencias en sede judicial de los primeros imputados en la causa, entre ellos el exdirectivo de Riesgos José Antonio Béjar.
Del expresidente de Distrito Castellana Norte ha dicho que las evidencias que recoge el sumario de esta pieza novena del casto Tándem demuestran que falta a la verdad en su testimonio. Al respecto, Arbizu ha delegado la autorización de los pagos de estos servicios de espionaje en las unidades contratantes, entre ellas el departamento de Riesgos que entonces dirigía Béjar. Con todo, y según las fuentes consultadas por este medio, el fiscal Anticorrupción le ha preguntado durante el interrogatorio sobre los correos que se enviaron entre julio de 2011 y enero de 2012 y que figuran en el forensic encargado a PwC.
En dichas comunicaciones el también investigado Manuel Crespo le remite a Arbizu un texto sobre una denuncia del banco que recogería modificaciones sobre el redactado original, que se atribuye a Cenyt. También figura otro, enviado por una empleada de Simmons&Simmons (bufete contratado por el BBVA) en el que se apunta a una posible revisión de estos textos por parte de Arbizu y Béjar. Por ese motivo, el fiscal Anticorrupción se ha interesado especialmente en saber por qué dice que no tuvo nada que ver con este asunto si, en paralelo, constan gestiones para modificar el texto de una denuncia presentada a tenor de lo analizado por la empresa de Villarejo.
Denuncia contra Portillo
El forensic también analizó otra cadena de correos entre Andrés Mochales (otro empleado de Simmons&Simmons) y Crespo en la que el primero envía el borrador de la denuncia contra el expresidente de Colonial Luis Portillo ante la Fiscalía Anticorrupción. Portillo fue uno de los espiados por el entramado empresarial de Villarejo debido a la importante deuda que acumulaba con el banco. El encargo se gestó en el marco del proyecto Prasa. Este correo (que apuntaba a comunicaciones con Cenyt para recabar más información de Portillo) lo reenvió Crespo a Béjar y al propio Arbizu.
El exdirectivo ha insistido en que él no tuvo nunca ninguna intervención en la contratación de Cenyt y que no conocía de nada a Villarejo o a su socio, Rafael Redondo. Por ello ha negado que celebrase reunión alguna con el comisario jubilado o que recibiera correos de sus empresas. Del mismo modo ha dicho que no aparece en sus agendas ni en ninguna de las conversaciones intervenidas a Villarejo en el marco del registro a su domicilio tras el estallido de la causa en noviembre de 2017.
La cuenta de Villarejo
Tras Arbizu han declarado como testigos Juan José Lucena (exdirector de una oficina del BBVA) y Francisco Javier Sala, exjefe de área de la entidad. El magistrado Manuel García Castellón citó a ambos con el fin de que aclarasen los pormenores de la apertura de una cuenta por parte del Grupo Cenyt en 2004, año en que comenzó la relación laboral entre ambos. Los dos han precisado que han pasado casi dos décadas y que no recuerdan los detalles concretos de este asunto.
En lo que respecta a Lucena, que dirigió la oficina de Cuatro Caminos (Madrid), ha dicho que no vio a Villarejo y que la apertura de cuentas con grandes cantidades -como era el caso- lo tenía que aprobar el jefe de zona. Preguntado por ello, Sala ha dicho que no recuerda exactamente de donde vino la orden pero que cree que fue o bien del área de Medios del BBVA (a la que pertenece el departamento de Seguridad que entonces dirigía Julio Corrochano) o bien de Presidencia. Al respecto Sala ha precisado que lo normal era que proveedores (como el Grupo Cenyt) tuvieran una cuenta abierta en la entidad.
