La juez ha archivado la causa abierta contra la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau a raíz de la querella presentada por el fondo de inversión Vauras, al descartar que coaccionara a la inmobiliaria para obligarla a ofrecer alquiler social a familias desahuciadas.
En un auto, al que ha tenido acceso EFE, la titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, acuerda archivar la investigación que abrió a Colau, a los exconcejales de su equipo Marc Serra y Lucía Martín y a la responsable del departamento de disciplina de Vivienda e Inspección del consistorio.
Colau no intervino en las reuniones de coacción y la inmobiliaria no fue amenazada
Tras investigar la querella, que llevó a la exalcaldesa a declarar como imputada antes de las elecciones municipales, la juez ha concluido que Colau no intervino en ninguna de las reuniones en las que el fondo inversor dijo haber sido coaccionado y que, de todas formas, la inmobiliaria nunca fue objeto de amenazas.
En su querella, el fondo inversor acusaba a Colau de ocho delitos, entre ellos los de coacciones, prevaricación, extorsión y cohecho, por amenazarles con no concederles licencias de obras en otros inmuebles de su propiedad si no ofrecían pisos en alquiler social a las familias desahuciadas de un edificio de Vauras en la calle Lleida de Barcelona.
"Fines ajenos al procedimiento penal"
En un duro auto, la magistrada afea al fondo inversor que presentara su querella contra Colau por "fines ajenos al del procedimiento penal", en busca del "efecto mediático que supone involucrar a un partido político" a sabiendas de que no tuvo ninguna participación en los hechos.
Para la magistrada, el fondo de inversión emprendió acciones penales contra Colau "simplemente porque no le eran favorables las políticas de vivienda que propició durante su mandato, corregidas en cierto modo por el Tribunal Constitucional", puesto que le causaban "perjuicios".
"Pero ese legítimo discrepar con las políticas de vivienda de un gobernante y el ideario del partido que le sostiene y los perjuicios económicos sufridos no justifican la implicación en un proceso penal a políticos, por el mero hecho de estar al frente del Ayuntamiento de Barcelona", sostiene la jueza instructora.
En su opinión, del examen de los expedientes, las grabaciones de las reuniones aportadas por los querellantes y la declaración de los investigados se desprende que "ni hubo presiones ni hubo resoluciones dictadas injustamente" como consecuencia de la negativa de Vauras a ofrecer pisos de alquiler social a las familias desahuciadas.
En cualquier caso, insiste la magistrada, Ada Colau "no tuvo ninguna participación ni en las reuniones que se dicen coactivas", a las que ni siquiera asistió, ni intervino "en la incoación, sustanciación o dictado de resolución alguna en ninguno de los expedientes" relacionados con el fondo inversor.
Además, argumenta que su posición como alcaldesa "no la convertía en garante de todas las actuaciones" llevadas a cabo por el ayuntamiento: "Ninguna interpretación de las normas reguladoras de su funcionamiento puede conducir a dicha conclusión".
No hubo amenazas en las reuniones
Tras examinar las grabaciones de las reuniones que representantes de Vauras mantuvieron con los otros imputados, la jueza concluye que fueron "encuentros, o más bien desencuentros, dirigidos a buscar solución a unos episodios de ocupación ilegal con disturbios callejeros en los momentos de los lanzamientos" pero advierte de que en ellos "no se profirió expresión o sugerencia intimidatoria".
Asimismo, razona que en los expedientes que el ayuntamiento abrió a Vauras para la protección de la legalidad urbanística ninguno de los querellados dictó ninguna resolución de contenido injusto ni prevaricadora.
De hecho, tras analizar los expedientes, la magistrada llega a la conclusión de que las paralizaciones de algunas de las obras que Vauras estaba llevando a cabo obedecían a "incumplimientos de la legalidad urbanística".
La jueza instructora ya archivó en 2020 la querella de Vauras contra Colau por no apreciar indicios de delito, pero la Audiencia de Barcelona ordenó reabrirla y practicar diligencias, lo que llevó a la exalcaldesa de BComú a comparecer ante la magistrada como investigada a dos meses de las elecciones municipales.
