El Juzgado de Instrucción número 6 de Móstoles ha archivado la causa abierta contra el alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, tras la querella presentada contra él por el exalcalde de la localidad, investigado en la trama Gürtel, Arturo González Panero, que le acusa de prevaricar a la hora de contratar un despacho de abogados para personarse el Ayuntamiento en esta trama.
En concreto, el exalcalde le denunció por presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias, pero la magistrada de este juzgado ha acordado en un auto fechado a 19 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, el sobreseimiento de la misma por "carecer de competencia para la instrucción por corresponder en exclusiva a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".
Y es que el juzgado ha recibido la certificación del Tribunal Supremo por la que se acredita que González Terol ostenta la condición de diputado en el Congreso de los Diputados en la presente legislatura y por tanto, al ser aforado, él único órgano competente para la instrucción de la causa es el Tribunal Supremo.
También hace referencia a las alegaciones presentadas por el alcalde, que habló de "atipicidad de los hechos y falta de legitimación" por parte del querellante. "Lo más llamativo es cómo el querellante pone el foco de una querella por prevaricación sobre una persona, de quien no afirma haber dictado resolución arbitraria alguna y a quien no achaca comportamiento activo de ningún tipo", alegó.
La causa
En declaraciones a Europa Press, el exalcalde Arturo González Panero justificó la presentación de la querella en "lo sangrante de la situación". "Todos los ayuntamientos e incluso la Comunidad de Madrid, cuando se han personado, lo hacen con letrados del propio ayuntamiento o de la Comunidad. No contratan a nadie externo", dijo.
Según el que fuera alcalde de la localidad, al procedimiento se presentaron tres empresas, una de ellas "no presentó los papeles", la otra "consiguió cero puntos" y que la que fue adjudicataria "resulta que son los mismos abogados" del exconsejero y exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados.
Desde el Ayuntamiento insistieron en que la contratación se realizó "conforme a la ley" y "avalada" por informes técnicos y jurídicos de los trabajadores municipales, y "siempre fundamentándose en la Ley de Contratos del Sector Público".
