Iberdrola Renovables sigue imputada en el caso Villarejo. El magistrado Manuel García Castellón ha declinado archivar su causa a solo un día de tener que declarar en la Audiencia Nacional por estos hechos. La filial de la multinacional vasca solicitó al instructor del caso Tándem que le levantara la imputación por delito de cohecho al considerar que estaría prescrito. El magistrado descarta la solicitud a la espera de escuchar al representante legal de la compañía en sede judicial.
La decisión del magistrado se produce en plena ronda de interrogatorios por las contrataciones de Iberdrola al Grupo Cenyt. El pasado lunes arrancaron las citaciones que tuvieron su punto álgido el martes, con la comparecencia del presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán. El magistrado les imputó el pasado verano al considerar que tenían implicación directa en todos los encargos de espionaje que el policía acometió para la firma entre 2004 y 2017.
Del mismo modo actuó contra Iberdrola Renovables por ser la que costeó el último trabajo del Grupo Cenyt para Iberdrola, que consistió en espiar a un socio en Rumanía que se había declarado insolvente para no pagar una importante deuda contraída con la vasca. La defensa de Iberdrola Renovables reclamó en diciembre al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 que le archivara la imputación antes de tener que comparecer en sede judicial este jueves 20 de enero. Según razonó, se trataría de hechos prescritos.
Imputada por cohecho
En su auto de respuesta, al que ha tenido acceso Vozpópuli, apela a numerosa doctrina de la propia Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo para rebatir a la compañía. El magistrado explica que la imputación se sustenta en los indicios recabados hasta el momento y que la motivación no implica tener que razonarlo todo, "hasta lo obvio". Al respecto recuerda que su auto de imputación del pasado 9 de julio ya recoge los elementos indiciarios que apuntan a su implicación en las contrataciones del comisario mientras era funcionario en activo.
"Esta resolución no resulta desacreditada ni pierde su eficacia con las alegaciones reiteradas por la defensa de esta mercantil, al no apreciarse motivo alguno que justifique, en este momento, decretar el sobreseimiento pretendido", reza. No obstante, el magistrado no descarta que pueda "valorar de nuevo la situación procesal" de Iberdrola Renovables después de haber escuchado a su representante legal en sede judicial.
En su auto del pasado 9 de julio García Castellón explicó que implicaba a la filial en el caso Villarejo a tenor de la reforma del Código Penal de 2010 que permitía la imputación de las personas jurídicas. Según razonó entonces, la participación en estos hechos de algunos directivos imputados en la causa habría sido indiciariamente posible a través de Iberdrola Renovables ya que fue la que encargó al comisario jubilado el bautizado como proyecto Wind. El mismo se gestó a finales de 2011 a través de Antonio Asenjo, en su condición de director de seguridad del Grupo Iberdrola.
El foco, en Seguridad
Se da la circunstancia de que el propio Asenjo se convirtió este martes en el blanco de Ignacio Sánchez Galán. El presidente de Iberdrola (que compareció en persona tras no lograr declarar por videoconferencia) argumentó que estas contrataciones supuestamente irregulares se gestaron en el área de seguridad, quedando él al margen de este asunto por no ser de su competencia. Sánchez Galán explicó durante más de dos horas que no tuvo ninguna responsabilidad en todo este asunto y que no solo se desligaba sino que reprobaba, además, que se hubiera espiado a figuras como Manuel Pizarro o Florentino Pérez.
Más bien al contrario. Según confesó él mismo fue objeto de un espionaje de Villarejo tal y como constaba en las agendas personales del comisario jubilado. De hecho, aunque ya había recogido este capítulo en un recurso interpuesto en diciembre, Sánchez Galán volvió a sacar a relucir estos hechos para pedir al magistrado que investigase si fue una víctima más del comisario jubilado. Con todo, dejó claro que cada área y cada filial del conglomerado tienen independencia de actuación y él no interviene en estos asuntos.
Entre el lunes y el martes han comparecido también el expresidente de Iberdrola España Fernando Becker; el exdirector general de Negocios Francisco Martínez Córcoles y el que fuera jefe del gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo. Todos ellos han negado vínculo alguno con el comisario jubilado así como implicación directa en las contrataciones. Orbegozo y Becker confirmaron que habían visado algunas de las factura que llegaron a su departamento provenientes del área de Seguridad. En lo que respecta a Orbegozo, dijo que las autorizó al tratarse de seguridad de directivos en viajes y contrastar que los desplazamientos que recogían se habían realizado.
Contra Del Olmo
Ahora bien, ninguno de ellos, incluido el presidente, validaron el informe de José Antonio del Olmo (exdirectivo de Funciones Corporativas) en el que denunciaba un sistema irregular de pagos a Cenyt. Del Olmo se ha convertido en el enemigo número uno de Sánchez Galán y el resto de imputados tras la aparición de este documento que redactó a finales de 2004 y que depositó ante notario. En su informe denunció que Iberdrola costeó el primero de los proyectos de Villarejo a través de Casesa, empresa proveedora de seguridad, y que era un asunto "confidencial" que solo los directivos señalados conocían.
Ni Martínez-Córcoles ni Sánchez Galán dieron credibilidad a su testimonio. El presidente, en concreto, sembró la sospecha sobre el papel apuntando que nunca lo han llegado a encontrar en la compañía. Según expuso ayer ante los investigadores, Del Olmo tendría que haberlo denunciado a los superiores o bien haber acudido al buzón de denuncias de la multinacional, algo que no hizo. Este exdiretivo, que ha terminado imputado por visar algunas de estas facturas, dijo en su turno ante el juez que no lo denunció entonces por temor a represalias.
