El juez José de la Mata ha rechazado llamar a declarar como testigo al expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas en el caso Pujol, según consta en un auto de 14 de julio, al que ha tenido acceso Vozpópuli. El magistrado de la Audiencia Nacional ha desestimado interrogarle en relación a una ampliación de capital de 1,8 millones (300 millones de pesetas) realizada en los años 90 por la familia del expresident Jordi Pujol Soley. La decisión responde a la petición que el pasado marzo presentó la empresa Gran Tibidabo, que ejerce la acusación popular en la causa.
"Pretenden relacionar los hechos objeto de instrucción con otros que no guardan relación alguna con las investigaciones llevadas a cabo en este procedimiento, además de no incorporar elementos objetivos indiciarios que puedan servir de soporte a la investigación, excepción hecha de las relaciones personales existentes entre unos y otros", destaca el juez en su resolución.
El instructor sostiene, en el mismo sentido, que Grand Tibidabo aporta documentación que ya está incluida en el sumario, al mismo tiempo que aporta otra que no tiene "vínculo alguno con la presente instrucción judicial".
Anticorrupción
Al igual que el magistrado, la teniente fiscal de anticorrupción, María Belén Suárez, ha rechazado llamar a declarar como testigo a Mas. En un escrito dirigido el 25 de mayo al Juzgado la funcionaria considera que la declaración del expresidente catalán no es pertinente porque los hechos que pretende aclarar Grand Tibidabo no tienen relación con lo que se investiga en el caso Pujol.
Grand Tibidabo, la firma que gestionaba el principal parque de atracciones barcelonés, sigue el rastro a una ampliación de capital que habría llevado a cabo en la década de los 90 un familiar de Marta Ferrusola Lladós, la mujer del expresidente catalán Jordi Pujol Soley. La acusación considera que esta cifra coincide en cantidad y fechas con una presunta comisión cobrada en Andorra por el clan.
En un informe, la Policía puso de manifiesto que los Pujol podría haber ingresado en 1991 más de 50.000 euros (8,3 millones de pesetas) en la compra a Grand Tibidabo por parte del Gobierno de la Generalitat, presidido entonces por Jordi Pujol Soley, de un edificio que se destinó a ser la Conselleria de Medio Ambiente, según consta en un oficio del Grupo 24 de la UDEF-BLA.
Ocho años
La Justicia investiga a la familia Pujol desde hace ya ocho años por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, falsedad en documento mercantil y organización criminal. Aunque el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 continúa con las pesquisas que lleva a cabo con la Fiscalía anticorrupción desde 2012, ha acordado prescindir de la testifical de Mas.
Uno de los informes de 2019 redactados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal cuantifica en alrededor de 290 millones de euros el beneficio opaco obtenido por la "familia-organización". Según los agentes, el expresidente catalán y su familia habrían obtenido comisiones ilegales "directamente asociadas a actos administrativos de resolución por instancias de esa comunidad autónoma que engloban toda su administración, desde las consejerías de Gobierno a entes con personalidad jurídica propia vinculados, como puertos marítimos, consejos comarcales, diputaciones, ayuntamientos, etc".
Paraísos fiscales
Según ha constatado el juez a cargo de la investigación en la Audiencia Nacional en reiteradas oportunidades, los Pujol habrían utilizado la jurisdicción de paraísos fiscales para distintas "operaciones encaminadas a la ocultación y blanqueo de capitales ilícitamente obtenidos". Son precisamente los múltiples movimientos de dinero realizados entre estos estados los que han ralentizado la investigación.
El magistrado ha destacado en varias ocasiones que la familia recurrió de forma sistemática "al tráfico de influencias y otras actividades corruptas"; y que el dinero de las mordidas "se parapetaba" en distintos países, como por ejemplo Panamá, México, Andorra o Argentina, "tras una frondosa estructura societaria". Para esconder estas sumas, los Pujol contaban con la ayuda de "falsedades documentales que les daban cobertura".
