En plena polémica en Cataluña por el caso de corrupción Innova –que investiga supuestos delitos cometidos por cargos de CiU en distintos ayuntamientos de Tarragona relacionados con la gestión de la sanidad pública-, el gobierno catalán y ERC han rechazado limitar por ley el tiempo máximo de espera en los hospitales de la sanidad catalana.
Esta negativa ha pasado desapercibida en los dos días de debate en el Parlamento catalán, pero tiene su evidente importancia social, porque los recortes de los últimos tres años aplicados por el Govern de CiU están aumentando el tiempo de espera en la sanidad pública, según han denunciado en reiteradas ocasiones los facultativos.
Así se considera desde el Partido Popular catalán, después de comprobar cómo CiU y sus aliados independentistas de ERC han rechazado una proposición de ley presentada por los populares para agilizar los tiempos de espera en la sanidad pública catalana.
La diputada del PP catalán Eva García ha lamentado a Vozpópuli que CiU y ERC hayan rechazado una proposición de ley redactada por los populares, que tenía por finalidad que el gobierno catalán "garantice por ley un tiempo máximo de espera en la sanidad catalana". "Esta ley pretendía dar solución a una grave problemática que tenemos los catalanes, un problema agravado por un Gobierno que no se preocupa por la salud de los catalanes, que es la picaresca que se produce a las listas de espera en la sanidad pública", explica la diputada popular.
Durante el debate sobre la totalidad de la proposición de ley del PP, de garantía del tiempo máximo de respuesta en la atención sanitaria, Eva García lamentó que "en Cataluña el recorte de un 16% al presupuesto de Salud ha agravado mucho el problema de las listas de espera, que se han disparado un 42% en Cataluña".
"Con más recursos no tendríamos este problema y no tendríamos cerca de 160.000 catalanes esperando por un tratamiento, una intervención o una prueba diagnóstica ", ha asegurado la diputada popular.
La diputada del PP ha criticado que "era necesaria una reforma, pero mientras tanto lo que ha hecho el Departamento de Salud es derivar más de 16.000 pacientes en centros de titularidad privada". Y ha añadido: "El objetivo principal de nuestra proposición de ley es el tratamiento coherente y realista de las listas de espera".
"Hemos hecho una ley pensada exclusivamente en el acceso a visitas programadas, a la atención en urgencias hospitalarias, transporte hospitalario, intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas", añadió destacando que "hay que priorizar en el criterio de las listas de espera”.
“Tratar a una visita programada en menos de 48 horas”
En el articulado de la proposición de ley consultado por este diario, se plasmaba que "una visita programada deba hacerse obligatoriamente antes de 48 horas y que cuando haya una urgencia hospitalaria se le asigne una cama al paciente en un máximo de 24 horas desde la llegada al hospital”. También se estipulaba en el texto que en el transporte sanitario, si es urgente, “se haga en un tiempo máximo de espera de 10 minutos, y lo que no es urgente, un máximo de una hora, y en pruebas diagnósticas, de especialistas o terapéuticas, que vayan entre 30, 45 y 60 días como máximo de espera".
"En el tema del cáncer se debe hacer una excepción, desde el momento en que existe la sospecha diagnóstica de un posible cáncer hasta que se empiecen las pruebas, que no pasen más de 30 días", añadía el texto normativo rechazado por CiU y ERC.
Los diputados de CiU y ERC han coincidido en destacar, para justificar el rechazo a la proposición de ley del PP, que la “sanidad pública catalana ya cuenta con los mecanismos para intentar agilizar y reducir al máximo posible las listas de espera priorizando aquellos casos más urgentes”.
CiU paraliza el consorcio sanitario de Lleida
La federación nacionalista, que preside Artur Mas, ha decidido votar a favor de paralizar el consorcio sanitario de Lleida hasta que no exista un consenso en el territorio sobre el futuro modelo de salud. Por otra parte, los votos de ERC han evitado la propuesta de Ciudadanos para reprobar al conseller de Salud Boi Ruiz, por su gestión sanitaria y los "reiterados incumplimientos de los mandatos parlamentarios".
La oposición parlamentaria ha exigido al gobierno catalán el cumplimento de mociones anteriores y la paralización del consorcio, así como una serie de informes sobre la red pública sanitaria y la clarificación de la actividad privada en centros sanitarios.
