Arturo Torró, alcalde y presidente del PP en Gandía, recibió para su persona o para su grupo empresarial (Grupo Torró) entre 2007 y 2011 más de 37 millones de euros a través de Bancaja, integrada en 2010 en BFA, matriz de Bankia.
La mayor parte de las operaciones crediticias del Grupo Torró, al ser revisadas, han aflorado tan abundantes como reiteradas irregularidades en su concesión o en su uso: el valor de las garantías no cubren los créditos concedidos; se pignoraban títulos o activos ya previamente pignorados; se aportaban proyecciones con cifras irreales sobre los negocios para captar los créditos y, finalmente, se destinaba el dinero obtenido a fines distintos de los pactados.
Todo este panorama hace que se considere por los expertos, no sólo irregular la mayor parte de su concesión, sino más que dudoso el cobro del dinero impagado y los intereses ya vencidos (34 pendientes de pago, y de ellos ya 30 millones de euros vencidos e impagados)
Todo este panorama hace que se considere por los expertos no sólo irregular la mayor parte de su secuenciada concesión, sino más que dudoso el cobro del dinero impagado y de los intereses ya vencidos.
Actualmente, tal grupo adeuda 34 millones. Y de ellos ya suman 30 millones de euros los importes vencidos e impagados. Porque el grave peligro que acecha es que el valor de las garantías aportadas por el Grupo Torró para tanto crédito logrado desde 2007 apenas suma 7,8 millones, a tenor de los analistas.
A dicho grupo se le consintió canjear parte de su deuda por acciones de Bankia el 23 de mayo de 2013 por valor de 15,5 millones. Gracias a tal concesión, los investigadores consideran que el importe máximo que podría recuperarse sería de 16,7 millones. Apenas la mitad que debe. La otra mitad con un peso millonario similar a las tarjetas black puede volatilizarse.
Y esto dando por bueno que Bankia admite cobrarse en acciones propias casi el 50% de unos créditos no devueltos. Unas acciones de Bankia reflotadas gracias a la inyección de dinero público por más de 23.000 millones. Unas acciones que antes valían menos precisamente por créditos impagados como los copados por el grupo Torró.
La manzana que contaminó al grupo
El agujero de Bancaja, según los colaboradores de Blesa y de Rato, fue la manzana podrida que más contaminó el cesto de la solvencia del grupo Bankia. Puede ser una peor o mejor excusa para el naufragio que llevó a su nacionalización.
Pero más allá del lastre cuantitativo que arrojó en la fusión bancaria de 2010 que dio luz al grupo Bankia, son patrimonio de Bancaja algunas de las operaciones más claramente irregulares o arriesgadas en su concesión, léase al club Valencia o al grupo Sedesa de la familia Cotino, entre otros.
El impacto económico y quebranto que sufriría Bankia en el supuesto de que el Grupo Torró no hiciese frente a la devolución de la financiación concedida ocasionaría un daño al banco de al menos 13,8 millones, según los analistas.
Los expertos estiman que, a fecha de hoy, no es posible determinar la valoración de las supuestas garantías existentes.
La investigación interna revela que la concesión de esta financiación a Torró y las incidencias observadas con el proceso de aprobación de las operaciones, las garantías aportadas y el uso y destino final de los fondos "cobran especial relevancia si se tiene en cuenta que Torró es alcalde y presidente del PP en Gandía", fiel al expresidente Francisco Camps y, por ello, opuesto a su antecesor, Eduardo Zaplana.
Su mentor, Camps, salió jurídicamente ileso de Gürtel, pero muerto políticamente por la quebrada credibilidad sobre los pagos de su vestimenta y sus cariños telefónicos con los miembros de la trama. Torró escapó del escándalo también con algunas manchas sobre su traje.
La pesquisas internas relacionan tales concesiones con la implicación de Torró en el caso Gürtel, ya que pagó facturas al grupo de Correa que los investigadores judiciales sostienen que debería haber abonado el PP valenciano como gasto electoral. Y dichos abonos coinciden con el año, 2007, en el que arrancaba su larga y exitosa cadena de créditos con Bancaja.
La pesquisas internas relacionan tales concesiones con la implicación de Torró en el caso Gúrtel, ya que pagó facturas al grupo de Correa que los investigadores sostienen que debería haber abonado el PP valenciano.
En concreto, el regidor de Gandía abonó 24.000 euros a la firma Orange Market.
Noticias sobre pagos a la red de Correa y supuestas prevaricaciones
Los investigadores también han considerado las noticias sobre casos de presunta prevaricación de Torró. El alcalde Gandía, en plena guerra con Bankia, ha interpuesto una demanda contra dicho banco, al que acusa de haberle conducido al concurso de acreedores en dos de sus empresas. Pero los investigadores creen que miente: alegó que había invertido 22,5 millones en unos títulos pignorados de deuda subordinada de Bancaja que los expertos sólo cifran en 7,8 millones.
La revisión a fondo de tales créditos apunta que Torró controla un grupo de empresas "tanto de forma directa, como, aparentemente, a través de terceras personas".
La minuciosa investigación interna destaca que algunas de tales operaciones plantean riesgos de potenciales irregularidades en su concesión y gestión. Todas estas anomalías no han sido objeto de denuncia por el momento. Tampoco lo fueron las alertas que dio el Banco de España sobre compras sospechosas de Bancaja al Grupo Cotino, aunque algunas fueron remitidas a la fiscalía Anticorrupción a título informativo por Bankia tras ser nacionalizada.
El Letrado de Don Arturo Torró Chisvert ha contacto con Vozpópuli pidiendo que se recoja lo siguiente:
1.- De los antecedentes de hecho disponibles (es decir lo que ha dicho Bankia que no han sido contratados por esta parte), se desprende la existencia de una serie de operaciones de financiación que- a nuestro juicio y de acuerdo con los elementos probatorios de los que disponemos- no serían constitutivos de ninguna actuación con trascendencia penal.
2.- La inexistencia de indicios racionales de vinculaciones entre los empleados de Bancaja involucrados en la concesión de las operaciones de financiación con sociedades o personas físicas vinculadas al grupo Torro, así como la falta de prueba respecto a los incrementos de patrimonio de éstos y la concesión de aquellas operaciones, hace descartar (en este punto) una posible responsabilidad penal de los administradores de Bancaja.
3.- Tampoco entendemos que pueda existir responsabilidad penal de los administradores del Grupo Torró en la medida en que no se ha concretado todavía el perjuicio efectivo producido en Bankia ni la concurrencia de dolo (intención fraudulenta) en la actuación de éstos.
4.- En cuanto a las reclamaciones civiles de Bankia está ejercitando las acciones que le corresponde para reclamar sus derechos tanto en el contexto del procedimiento concursal de las sociedades declaradas en concurso de acreedores como mediante las oportunas reclamaciones judiciales frente a aquellas otras sociedades que no están en concurso.
5.- Por otra parte, no consideramos recomendable iniciar acciones civiles tendentes a exigir responsabilidad civil de los administradores de las sociedades del Grupo Torró y ellos sobre la base (i) resultaría poco probable que prosperase una acción de este tipo en la medida que no habría elementos de prueba suficientes para acreditar que las sociedades del grupo Torró se encontraban en situación de insolvencia al tiempo de solicitar la concesión de los créditos.
