La Audiencia Nacional da el primer paso para enviar al banquillo al que fuera embajador de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela. El magistrado que investiga por blanqueo de capitales el presunto cobro irregular de más de cuatro millones de euros en comisiones ha conformado una pieza separada para juzgar a Raúl Morodo y su hijo Alejo Morodo, entre otros, por fraude fiscal.

Así consta en un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli y en el que el magistrado Alejandro Abascal explica que conforma esta pieza a petición de la Fiscalía Anticorrupción. De esta forma da el primer paso para procesar y abrir juicio oral contra el diplomático del Gobierno de Zapatero por presunto delito fiscal cometido en los ejercicios de 2013, 2014 y 2017.

Según explica en el auto, se atiende la petición de Anticorrupción en tanto la defraudación fiscal de estos tres ejercicios es de cuotas superiores a los 120.000 euros y no estaba prescrita en el momento se inició la investigación. Por eso se actúa contra el que fuera embajador español en Venezuela así como contra su hijo Alejo Morodo, la esposa de este segundo Ana Catarina Varandas y las sociedades familiares Aequitas Aboados, Furnival Barrister y Morodo Abogados y Asociados S.L.

Las diligencias practicadas en todo este tiempo -y que incluyen comisiones rogatorias a países como Suiza- determinan que Morodo canalizó pagos millonarios procedentes de la petrolera de Venezuela PDVSA entre los años 2011 y 2014 en parte a través de supuestos contratos ficticios de asesoría. Por ese motivo las diligencias se abrieron por delitos contra la Hacienda, blanqueo, corrupción en las transacciones internacionales y falsedad documental.

Ello llevó también a poner el foco en altos cargos de la empresa pública venezolana (salpicada en múltiples causas de corrupción) como es el caso del que fuera director ejecutivo Juan Carlos Márquez (a quien encontraron fallecido coincidiendo con el inicio de estas pesquisas) o su socio Carlos Adolfo Prada. Al respecto se indagó parte del entramado que los imputados registraron fuera de España (Panamá, San Vicente y Granadinas) para ocultar parte de estos fondos.

También ha sido de gran utilidad el resultado de las comisiones rogatorias. Así, Suiza informó sobre empresas como la consultora Alcander o la Fundación Ayacucho; esta última registrada en Panamá en 2018 a nombre de los padres de Cabrera. La firma arrancó con un capital social de 10.000 dólares y, un año después, llegó a amasar hasta 5,7 millones de dólares. Se trata de un monto que quedó embargado tanto por la Fiscalía de Berna como por las autoridades españolas.

La mujer de Raúl Morodo

Del mismo modo, y tal como informó este medio, Hacienda también estrecha el cerco sobre la mujer del exembajador de Zapatero, Cristina Cañeque, en una investigación separada que se sigue en los juzgados de Plaza Castilla por fraude fiscal. Se trata de una causa que nació a raíz de la que se indaga en la Audiencia Nacional relativa al cobro de más de 4 millones de euros de comisiones irregulares que provendrían de la petrolera estatal del país, PDVSA.

El Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid abrió una causa contra Cañeque a petición de la Audiencia Nacional que detectó que podría haber cometido fraude fiscal con el movimiento de fondos entre firmas a su nombre. Las diligencias se archivaron provisionalmente al tratarse de defraudaciones previas a 2016 que no superarían el límite legal exigido para ser tipificadas como delito.

Sin embargo, el último informe de Hacienda aportado a estas diligencias sí que aprecia delito fiscal en los ejercicios de 2016 y 2017. La Agencia Tributaria apunta a "graves irregularidades contables" con las que la mujer del que fuera embajador de Zapatero en Venezuela habría ocultado su abultado patrimonio.

"Elevado nivel de vida"

En concreto se remitieron dos informes, uno relacionado con Cañeque y otro con M.S Trading España, sociedad fundada en 1987 y que formaría parte del entramado utilizado por los investigados en la Audiencia Nacional. Al respecto Hacienda no solo apunta a sus movimientos de fondos, sino que propone regularizaciones fiscales de 32.000 euros en los ejercicios 2014 y 2015; de 201.631 euros en 2016; de 684.900 euros en 2017 y de 115.090 euros en 2018.

Además, también advirtió del "elevado nivel de vida" de la mujer del exembajador en Venezuela y de toda la familia al detectar que es propietaria de cuatro viviendas exclusivas, algunas de las cuáles están alquiladas a familiares. En concreto detectaron la vivienda familiar, ubicada una de las zonas más exclusivas del centro de Madrid; un apartamento en Menorca valorado en 187.000 euros; un chalet residencial en Sitges por valor de 2,6 millones de euros y una finca en Toledo de 621.000 euros.

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