La causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra Ángel María Villar encara su recta final incorporando un peritaje clave solicitado hace tres años. El documento, elaborado por el Consorcio de Compensación de Seguros a petición del magistrado del caso Soule, confirma las sospechas del juzgado acerca de que entre 2009 y 2018 las diferentes federaciones territoriales se habrían financiado de manera irregular a través de la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles (Mupresfe).
El documento, solicitado por la Audiencia Nacional en abril de 2019 y al que ha tenido acceso Vozpópuli, explica que se emplearon diferentes vías para conseguir esta supuesta financiación en 'B', bien fuera mediante el cobro de primas por cuenta de la Mutualidad que no se devolvían de forma inmediata o mediante gastos no justificados. Los peritos alertan también de que bajo la era de Ángel María Villar se otorgaron subvenciones o préstamos "que no siempre se formalizaron mediante escritura pública".
De esta forma, el Consorcio da respuesta al requerimiento del Juzgado Central de Instrucción número 1 que solicitó este peritaje independiente ante las sospechas de que los investigados en el caso Soule, con Ángel María Villar a la cabeza, se habrían enriquecido a título personal utilizando Mupresfe. La denuncia inicial apuntaba a la creación de un entramado societario al cual desviaron fondos de esta entidad mediante la adjudicación arbitraria de contratos de suministros que fueron a parar, en la mayoría de las ocasiones, a familiares de los imputados.
Andalucía y Baleares
El estallido de la causa que inició el magistrado Santiago Pedraz, derivó en la detención de Ángel María Villar y su hijo en julio de 2017, además del exvicepresidente de la RFEF Juan Padrón. Cinco años después, el procedimiento, que suma una treintena de imputados, se acerca a su recta final. Lo hace tras incorporar este peritaje clave y también las conclusiones de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). El ente remitió en mayo su informe según el cual la RFEF realizó pagos sin justificar por importe de 267,3 millones de euros.
El Consorcio de Compensación de Seguros analiza en este trabajo todas las operaciones de Mupresfe (presidida también por Villar) tanto con la RFEF como con algunas de las 19 federaciones territoriales. Con todo, pone el foco en la presunta contratación irregular de la Mutualidad Andaluza con Trocar y de Gemedeba en Baleares. En el primero de los casos, el peritaje confirma las sospechas de la UCO acerca de una contratación irregular con Trocar así como un desvío de fondos sin justificar.
Los peritos explican que esta empresa constituida en 1993 ha sido la concesionaria desde el año 2000 de los servicios médicos de la mutualidad en la delegación andaluza. Se da la circunstancia de que el director general de Mupresfe en Andalucía, Isidro Manuel Monje Cabrera, es el dueño de esta empresa que habría provocado un perjuicio a las arcas de la Federación Española de Fútbol de 1,3 millones de euros.
210.000 euros en facturas sin justificar
Según constata el documento, una de las prácticas de los imputados consistió en contratar a proveedores para realizar los servicios médicos que en realidad tenía que llevar a cabo Trocar. En consecuencia, se duplicaron los pagos a esta empresa y a terceros entre los años 2009 y 2012 por un importe que se estima en 1,29 millones de euros. Así, por ejemplo, en los años 2011 y 2012 el total de pagos a otros prestadores que no habían contratado con la Mutualidad de Futbolistas fue de 234.000 euros y 334.473,03 euros, respectivamente.
Los peritos llaman la atención sobre cómo los contratos que se fueron suscribiendo con la empresa del delegado andaluz iban reduciendo el catálogo de prestaciones a cubrir para los futbolistas. Así, por ejemplo, en 2013 se cerró un nuevo acuerdo según el cual Mupresfe pasaba a asumir los costes de cirugía, de hospitalizaciones, derechos de quirófanos o del anestesista. Se trata de unos gastos que hasta entonces los asumía esta empresa por ser la proveedora de los servicios.
El Consorcio dice al respecto que estos nuevos acuerdos implicaron necesariamente un mayor gasto "injustificado" para Mupresfe. Con todo, no pueden estimar el perjuicio causado para la Federación Española de Fútbol por falta de documental sobre este asunto. "Dada la atomización de prestadores y la ausencia de soporte documental de los servicios facturados por ellos, es imposible la realización de una valoración, siquiera aproximada, de los servicios facturados a la Mutualidad que, no obstante, debieron facturarse a Trocar S.L", apuntan.
La red de Villar en Baleares
Entre las irregularidades de esta contratación, se incluirían decenas de facturas giradas desde este ente sin justificar. Según explican, analizados todos los recibos imputados, no existe justificación para un exceso cuantificado en 209.386 euros. "Como resultado del análisis pormenorizado, para cada temporada, de los excesos en el valor de las facturas registradas a favor de Trocar S.L. por Mupresfe sobre el valor actualizado de los precios máximos a satisfacer por la Mutualidad se considera que 863.118 euros no son conformes con los términos pactados entre ambas sociedades", reza el Consorcio.
Dinámica muy similar se impulsó en Baleares. La mutua de allí contrató los servicios para futbolistas con Gestión Médico Deportiva de Baleares (Gemedeba). En este caso se estima también un enriquecimiento millonario de esta aseguradora detrás de la cual se encuentra Onofre Alba Vidal, médico que en paralelo también estuvo al frente de la Mutualidad de Baleares y que también está imputado en este procedimiento penal.
En este caso la UCO estimó un enriquecimiento supuestamente irregular con los contratos que su empresa firmó con la federación territorial de cuyos servicios médicos era jefe. Los peritos explican que del total de desviaciones entre la cifra de siniestralidad anual aportada por Mupresfe para la delegación balear y los pagos a Gemedeba entre 2009 y 2018 se estima que 261.153 debieron cargarse a la aseguradora pese a que lo terminó asumiendo la Federación. "En cualquier caso, no se ha dispuesto de soporte documental sobre la efectiva prestación de los servicios a los mutualistas", concluyen los peritos.
