La Audiencia Nacional cierra la puerta a imputar a Juan Luis Cebrián en el procedimiento contra Villarejo por el caso Sogecable. La Sala de lo Penal ha desestimado el recurso de Javier Gómez de Liaño en el que instaba a citar como investigado, entre otros, al exconsejero delegado de Prisa por el presunto encargo al comisario jubilado para frenar la investigación contra Canal Plus y acabar con la carrera judicial de Gómez de Liaño.
Así consta en un auto de la Sala de lo Penal, al que ha tenido acceso Vozpópuli, y en el que los magistrados explican que no hay indicios suficientes en el procedimiento como para citar como investigado a Cebrián y otras personas a las que el propio Villarejo implicó en el caso Sogecable. De hecho, en relación a la denuncia del comisario jubilado en la que desvelaba estos hechos, los magistrados explican que pudo ser fruto del "resentimiento" porque la redactó desde la prisión.
Cabe recordar que Gómez de Liaño, a quien esta misma Sala ordenó tenerle como perjudicado por el encargo, solicitó que se imputara a Juan Luis Cebrián además de los hermanos Gregorio y Álvaro Marañón y Beltrán de Lis; el empresario Antonio Navalón; José Aliste y Enrique Bacigalupo, este último magistrado que integró el tribunal que inhabilitó a Gómez de Liaño por prevaricación.
Una denuncia por "resentimiento"
El magistrado instructor del caso Villarejo, Manuel García Castellón, desestimó la solicitud el pasado mes de diciembre al considerar que la denuncia que redactó Villarejo desde la prisión de Estremera no contaba con ningún apoyo objetivo. Sin embargo, Gómez de Liaño recurrió su decisión y precisó que eran necesarias para esclarecer el complot que existió en los años en los que él dirigió la investigación contra Sogecable y que destripó al detalle Villarejo en su denuncia.
Ahora la Sala de lo Penal le responde que no puede acordar dichas imputaciones porque no se han encontrado indicios de este trabajo entre todo el material incautado al comisario jubilado tras su detención en noviembre de 2017. Así, no figuran en sus agendas personales anotaciones sobre el caso Sogecable (porque las mismas son posteriores a este encargo que se remonta a 1998) y tampoco microcintas que contienen sus famosos audios.
Le parece inocuo al Tribunal que Villarejo compusiera su denuncia estando recluido en un centro penitenciario, porque en esa época estaba viviendo como todo el aparato se cernía contra él, por lo que es improbable que la denuncia estuviera completamente libre del motor del resentimiento.Auto de la Sala de lo Penal
En relación a estas últimas Villarejo mantiene que grabó alguna de las reuniones celebradas entonces para frenar el caso Sogecable en la Audiencia Nacional y acabar con la carrera judicial de Gómez de Liaño. De hecho, en su comparecencia ante el juez a tenor de esta línea de investigación de su macrocausa, dijo que se le habían incautado más de mil microcintas (y no 300) y dio por seguro que estos archivos de audio estaban dentro de las cintas "desaparecidas".
El encargo de Sogecable
Sobre esto la Sala de lo Penal determina que la ausencia de pruebas impiden la citación como investigados de Cebrián y el resto de señalados. Del mismo modo, en lo que respecta a la denuncia que presentó la defensa de Villarejo en los juzgados de Plaza de Castilla en octubre de 2019, los magistrados exponen que "es improbable que estuviera completamente libre del motor del resentimiento" dado que en aquel momento "todo el aparato del Estado se cernía contra él".
Además, cuestionan que la escribiera con tal precisión de detalles 21 años después de que ocurrieran los hechos y sostienen que en su interrogatorio en sede judicial en junio de 2022 confirmó extremos que vendrían a contradecir el contenido de la misiva. Uno de ellos era que aunque en la carta habla de un encargo, en sede judicial alegó que participó tangencialmente.
Sin embargo, Villarejo, en su interrogatorio ante el juez, sí confirmó los extremos principales de este asunto que la Sala de lo Penal ordenó investigar; esto es, que existió una operación para apartar a Gómez de Liaño de las diligencias de Sogecable y que, para ello, se triangularon pagos millonarios. Al hilo implicó también en los hechos al entonces magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.
La denuncia de Villarejo
Con todo, la Sala de lo Penal -que ordenó investigar estos hechos y tener a Gómez de Liaño como perjudicado- considera, tras revisar "palabra por palabra" la denuncia de Villarejo, que queda "suficientemente definido" que varias personas de posiciones notoriamente muy elevadas se confabularon para que Gómez de Liaño dejara el caso Sogecable, y más aún, que fuera expulsado de la carrera judicial.
De acuerdo con el relato de Villarejo, a mediados de 1997 le contactó el histórico dirigente socialista 'Txiki' Benegas "en nombre de Felipe González" y le planteó la posibilidad de que a los encuentros se incorporara Carlos Carnicero por parte del Grupo Prisa. En estas reuniones participaron también los hermanos Marañón, que fueron el vínculo "con los de Sogecable".
La misión que se le encomendó consistió en controlar a Gómez de Liaño y a su pareja para conseguir "información íntima", presionar a Baltasar Garzón para que no pusiera trabas al plan trazado contra el juez y facilitar los pagos que el empresario Navalón tenía preparados.
Al respecto, Villarejo confesó que se utilizaron varios procedimientos. Por un lado, se abonaron 5 millones de pesetas a Lozano y por otro recibió 12 millones de pesetas "para pagos de colaboradores y demás gastos del trabajo". Parte de estos abonos, en concreto 170.000 dólares, fueron transferidos desde una sucursal del banco HSBC de las Antillas Francesas "a alguien próximo a un magistrado de la Audiencia Nacional".
Presuntos pagos a Garzón
Del mismo modo dijo que se efectuaron pagos al magistrado Bacigalupo que se canalizaron a través de un banco suizo. Bacigalupo fue uno de los magistrados del Tribunal Supremo que integró el tribunal que inhabilitó a Gómez de Liaño en 1999. Nueve años después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEHD) condenó a España a indemnizar al exjuez de la Audiencia Nacional por haber sido juzgado por un tribunal "imparcial".
Por estos hechos se tomó declaración al perjudicado y se citó también a otros testigos, entre ellos el propio Lozano. El juez del caso Villarejo citó a este empresario después de que Gómez de Liaño explicara que este hombre le confesó en 2015 que le habría entregado una cantidad indeterminada de dinero a Garzón por parte de Prisa. La cuantía ascendería a 300 millones de pesetas. Lozano negó la mayor en sede judicial aunque confirmó que conocía a Baltasar Garzón.
