La Audiencia Nacional ha dado carpetazo al incidente en el que se vieron inmersos varios policías españoles el pasado diciembre en la embajada mexicana de Bolivia. Acudieron en funciones de escolta dos diplomáticos españoles, pero las autoridades locales les acusaron de urdir un plan de rescate de fieles a Evo Morales, refugiados en la legación diplomática. España siempre negó tales acusaciones.
El Juzgado Central de Instrucción número 6 dictó un auto el pasado mes de julio al que ha tenido acceso Vozpópuli en el que directamente rechaza admitir una denuncia presentada por estos hechos ante la Justicia española. En concreto, iba dirigida contra el director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez. Se trata del máximo cargo uniformado dentro del Cuerpo.
Se apoya en la opinión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que también se opuso a abrir una investigación por estos hechos en un informe del pasado 7 de julio. “Sería cuanto menos puramente prospectiva y carente de las necesarias garantías”, sostenía el ministerio público para el que la denuncia se fundamentaba en artículos de prensa. Añadía además que no hay “ningún atisbo de vinculación entre los hechos denunciados y la persona denunciada.
Prevaricación y malversación
La denuncia la presentó en enero el sindicato Manos Limpias ante los Juzgados de Instrucción de Madrid. Va dirigida contra el DAO de la Policía y todos aquellos que pudieran haber colaborado. Les acusa de un delito de prevaricación administrativa de funcionarios y malversación de caudales públicos: “Se han utilizado potestades administrativas para fines distintos de los previstos en el ordenamiento jurídico, además utilizando fondos públicos (billetes de avión de ida y vuelta para cuatro GEOS) para una misión no conforme a la Ley”.
Manos Limpias secundaba el relato ofrecido por los opositores a Evo Morales, actualmente en el Gobierno de Bolivia. Sostenía que el 27 de diciembre de 2012 la número dos de la embajada de España en Bolivia, Cristina Borreguero, acudió a la legación de México junto al cónsul español Álvaro Fernández.
“Iban acompañados de agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO). Al parecer estos iban encapuchados. La intención, presuntamente era liberar de la embajada de Mejicana a altos funcionarios del anterior Gobierno de Evo Morales”, dice la denuncia presentada. En la embajada mexicana había en ese momento hasta nueve altos cargos de Morales, según Bolivia.
Visita de "cortesía"
El expresidente boliviano tuvo que dimitir un mes antes y abandonar su país rumbo al exilio en México entre fuertes protestas y acusaciones cruzadas de golpe de Estado. Tanto España como México enmarcan el encuentro en la embajada como una visita de “cortesía” que duró 40 minutos. Cuando las autoridades españolas salieron al exterior para volver a sus coches, los vehículos no estaban.
“La operación (de liberar a los fieles a Morales) se frustró toda vez que ciudadanos de a pie comenzaron a increpar a la delegación española”, dice la denuncia. Se refiere a la situación que vivieron los GEO españoles, quienes fueron objeto de ataques por parte de ciudadanos en torno a la embajada y tuvieron que alejarse. Las propias autoridades locales negaron el acceso a la zona a los policías españoles. Finalmente, pasada una hora, el Ministerio de Exteriores boliviano permitió que un coche accediera para recoger a los diplomáticos españoles, según detalló la administración mexicana.
Fuentes policiales consultadas por este periódico niegan ninguna operación de asalto. Aseguran que los agentes actúan siempre en labores de escolta y que se taparon la cara por seguridad cuando comenzaron a increparles. Los hechos provocaron tensión internacional entre Bolivia, México y España. Incluso en el aeropuerto fueron objeto de abucheos los policías españoles cuando regresaban a España días después. Ahora la Audiencia Nacional ha decidido dar carpetazo al asunto en un auto que Manos Limpias pretende recurrir.
