La causa contra Tsunami Democràtic que se sigue en la Audiencia Nacional pone el acento en Suiza. El juzgado, que ha imputado por delito de terrorismo a una docena de personas -entre ellas el expresidente catalán Carles Puigdemont- va a volver a poner el foco en el país helvético para esclarecer si se financiaron parte de los disturbios de la plataforma con fondos provenientes de Ginebra.
Así lo confirman fuentes jurídicas a Vozpópuli en relación a los próximos pasos de esta causa que ha dado un fuerte impulso tras aportar la Guardia Civil su informe final. Cabe recordar que, con la apertura de las diligencias en 2019, los investigadores solicitaron auxilio judicial a países como Estados Unidos, Canadá y Suiza.
A este último se dirigió el magistrado Manuel García Castellón a tenor de las primeras pesquisas que apuntaban a cuentas bancarias de Tsunami Democràtic abiertas en un banco suizo, así como a reuniones en Suiza. Se trataron de encuentros celebrados en pleno impulso de la plataforma y a los que también hace alusión el Instituto Armado en su último trabajo. Tanto es así que por los mismos se ha citado como testigo al dirigente de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, y a la miembro de ERC Marta Vilalta.
Financiación de Tsunami
Con todo, este último informe desvela también que un banquero suizo se prestó a financiar el bloqueo del aeropuerto El Prat. Los agentes así lo acreditan a tenor de un chat localizado en el teléfono del asesor de Puigdemont y también investigado en la causa, Josep Lluís Alay. Se trata de una conversación de Whatsapp que la mano derecha del expresidente catalán mantuvo con 'Nicola Ticino'; nombre detrás del que se encuentra Nicola Foglia; identificado por los agentes como vicedirector del Banco suizo BSI.
Ambos hablan "sucesivas veces" de un posible encuentro entre Nicola, unos acompañantes y Puigdemont "probablemente" en Italia. El 14 de octubre de aquel 2019, fecha en la que Tsunami Democràtic impulsó la ocupación del aeropuerto de Barcelona, el usuario suizo transmitió a Alay que disponía de "bastante dinero" en un banco catalán para financiar la protesta.
El banquero suizo transmitió a la mano derecha de Puigdemont que disponía de bastante dinero para sufragar los gastos de la protesta de El Prat. Éste le facilitó una cuenta de Tsunami en Suiza para ingresar el dinero
La oferta del banquero suizo consistía en financiar "la entrega de comida y agua a los manifestantes". Tsunami les había convocado previamente en masa para ejercer esta acción en el marco de la campaña de actuaciones en protesta por la condena del Tribunal Supremo por el procés.
"Alay le responde que lo va a consultar, para dos horas más tarde, añadir que es posible ofrecer dinero directamente a la organización de la protesta a través de una cuenta en Suiza a nombre de Jaume Cabani", explica la Policía. Se trata de otro de los miembros de Tsunami, también imputado en las diligencias que se siguen en la Audiencia Nacional, y que se encargaría de la financiación de la plataforma.
El banquero respondió a la propuesta de Alay que donaría 6.000 francos suizos (5.000 de su parte y 1.000 de su hermano). Además, el asesor de Puigdemont le dejó caer que la protesta de El Prat (que causó un perjuicio superior a los 2 millones de euros) ya había terminado y que era Tsunami el que diseñaba la estrategia.
La Guardia Civil, que en sus últimos informes también apeló a la financiación de esta plataforma, sostiene que la misma no solo recae en la figura de Cabani, sino que "otros individuos" ostentan responsabilidades en este área, como queda patente en un grupo de comunicación de Wire (plataforma que usaban para comunicarse) y que respondía al nombre de 'Minicampanya donatius'.
Suiza no colabora
En este contexto, la Audiencia Nacional se plantea volver a recurrir al país helvético para que colabore en las diligencias. Cabe recordar que Suiza ya respondió de manera negativa a la comisión rogatoria que giró en juzgado al principio de la investigación, en 2019, en aras a obtener más información sobre cuentas bancarias abiertas en dicho país y de las que eran titulares Tsunami Democràtic.
Ginebra precisó en su respuesta que no iba a facilitar la información solicitada porque los hechos en cuestión hacían referencia a manifestaciones de la ciudadanía y, por tanto, se tratarían de delitos políticos. Así pues, con su negativa se impidió esclarecer más detalles acerca de la financiación de esta plataforma cuyos actos se investigan en la Audiencia Nacional por presunto delito de terrorismo.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 que dirige las pesquisas imputó este lunes a Puigdemont; la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y una decena de personas implicadas en la plataforma por este delito. El magistrado, a diferencia de la Fiscalía, considera que la ocupación del Prat o los cortes de la AP-7 a la altura de la Junquera podrían investigarse por terrorismo, o alternativamente, en desórdenes públicos terroristas.
Los imputados reaccionan
Al respecto, el magistrado hace suya la tesis de la Guardia Civil acerca de que la finalidad del movimiento era la de "subvertir el orden constitucional", desestabilizar política y económicamente el Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva.
La Fiscalía, que mantuvo hasta hace meses su inclinación por investigar los hechos por terrorismo, viró su criterio recientemente apuntando hacia el delito de desórdenes públicos. Tanto es así que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, corrigió el 26 de julio, apenas dos días después de las elecciones, un informe de un fiscal del órgano, que sustituía al titular por encontrarse de vacaciones. En el mismo se apuntaba indiciariamente al delito de terrorismo y, por tanto, a la competencia de investigarlo en la Audiencia Nacional.
Los imputados, por su parte, han reaccionado pidiendo que se aparte al magistrado instructor del caso por su "animadversión y rechazo" al movimiento independentista. El empresario Oriol Soler recusa al magistrado por unas declaraciones que hizo el pasado mes de octubre sobre la amnistía. A su juicio, su pronunciamiento sobre una ley que conllevará la desaparición de esta causa le imposibilita para seguir investigándola.
Con todo, el Ministerio Público recurrió este pasado viernes el auto del magistrado alegando que ni contempla delito de terrorismo ni organización criminal, sino desórdenes públicos graves, lo cual abre la puerta a que la Audiencia Nacional pierda la competencia y la causa (que entra dentro de las amnistiables por el Gobierno) acabe en los juzgados catalanes.
En relación al episodio de financiación, la Fiscalía explica que examinadas las cuentas de Cabani "no ha podido acreditarse ninguna actuación concreta de financiación" y que tampoco queda acreditado que el banquero suizo finalmente acabara financiando al movimiento con 6.000 euros. Del mismo modo sostiene que los indicios contra Puigdemont y Marta Rovira son insuficientes.
joluisma
Y ANDORRA, no pidieron AUXILIO JUDICIAL?