El éxito o el fracaso de la última operación contra el yihadismo en España se jugaba en sólo 48 horas. Las que dio el pasado viernes el juez Pablo Ruz a los máximos responsables policiales de la detención el miércoles de un ciudadano turco y dos chechenos para que aportaran más datos que convirtieran las sospechas existentes sobre estos dos últimos en indicios suficientes que permitieran mantenerlos en prisión. Y lo lograron gracias a la información facilitado en los últimos días por las justicias y los servicios policiales de Francia, Rusia, EE.UU. y Reino Unido. Así lo recoge el auto de prisión hecho público ayer por la Audiencia Nacional, en el que señala textualmente que la imputación contra ambos "tiene como base fundamental los datos aportados a este Juzgado en el día de hoy [por ayer, domingo], consecuencia de la utilización en el procedimiento de los instrumentos jurídicos de cooperación penal internacional".
Un testigo protegido de EEUU sitúa a uno de los detenidos en actividades terroristas en Pakistán y Afganistán
Un respaldo judicial 'in extremis' que se produjo después de que el pasado jueves el Ministerio del Interior anunciara a bombo y platillo los arrestos y que sólo 24 horas después la propia Audiencia Nacional rebajara el triunfalismo del propio titular del departamento, Jorge Fernández Díaz, con un auto que, si bien enviaba a prisión a uno de los detenidos, el turco Cengiz Yalgin, dejaba abierta la posibilidad de poner en libertad por falta de pruebas a los otros dos arrestados, a los que el propio ministro había calificado de "extremadamente peligrosos”.
En concreto, el juez señala como claves la aportación de las autoridades judiciales de París, de los servicios policiales de Gibraltar y de la Federación Rusa, y del Departamento de Justicia de los Estado Unidos. Según el auto de prisión, gracias ellos el magistrado considera probada la relación de los dos detenidos “con otros individuos previamente investigados por sus vínculos con organizaciones de carácter o finalidad terrorista”. Lo que no detalla el documento judicial cuáles son dichos "vínculos", aunque asegura que son “evidentes y de relevancia”, y que han sido “parcialmente reconocidos en las declaraciones recibidas a los detenidos en sede judicial”. El juez Ruz justifica este secretismo en el “el estado actual de la instrucción” y “la buena marcha de la cooperación judicial”.
Recelos franceses
De hecho, según apuntan a Vozpópuli fuentes cercanas a la investigación, las autoridades judiciales francesas pusieron objeciones a que la información aportada por sus servicios secretos, entre ellas una en la que se revelaba que uno de los ahora detenidos aseguraba en una conversación telefónica interceptada que en España era más "sencillo" conseguir material explosivo, fuera usado judicialmente en nuestro país ya que consideraban que podía poner en peligro operaciones en marcha al otro lado de la frontera. Finalmente, la Audiencia Nacional dio garantías a París de mantener la reserva sobre la misma. No obstante, el auto señala expresamente que la colaboración francesa ha sido clave para conocer el incriminatorio tráfico de llamadas de “los terminales que portaban los detenidos, las anotadas entre los efectos personales de uno de ellos y las utilizadas por otros investigados con vínculos con organizaciones de carácter terrorista” y con los que presuntamente se relacionaban ambos.
Un vídeo encontrado en el trabajo del tercer detenido apunta a la preparación de un atentado, según el juez
También los datos aportados por EEUU tienen grandes dosis de confidencialidad. En ella, se incluye la declaración de un testigo protegido de las autoridades de Washington en la que éste revelaba que uno de los detenidos, Eldar Magomedo, es presuntamente un islamista conocido como Muslin Dost, “a quien se atribuye la participación en actividades de carácter terrorista a partir del año 2010 en Waziristán, Pakistán, así como en Afganistán”, según detalla el auto del juez Ruz sin entrar en más detalles. Fuentes de la investigación concretan a este diario que se refiere a la información que vinculan a Magomedov con el grupo Lashkar-e-Tayba (LET, 'El Ejército de los puros'), ligado a Al Qaeda y responsable del atentado de Bombay de 2008 que causó 170 muertes.
Es precisamente sobre este presunto yihadista sobre los que versa también la información más relevante aportada por las autoridades rusas. Éstas han permitido, de hecho, conocer su verdadero nombre, ya que hasta ahora el detenido se había identificado como Ahmad Avar, nombre con el que, como destaca el juez, intentaba ocultar su verdadera identidad “hasta el día de hoy [por ayer, domingo], sin ofrecerse explicación lógica o racional que justifique tal ocultación”. La Policía rusa también ha permitido conocer la identidad del otro checheno detenido, quien se había presentado ante las autoridades españolas como Muhammad Adamov, siendo en realidad Muhamed Ankari Adamov.
Fotos de carné ‘sospechosas’
Por último, agentes gibraltareñas colaboraron con sus colegas españoles en el registro de las oficinas que la empresa de construcción Profield Constractors tiene en el Peñón y donde el tercer detenido, el turco Cengiz Yalgin, trabajaba desde 2008. En dicho registro, los agentes hallaron fotografías de carné de los dos chechenos así como material videográfico que el juez considera en su auto como nuevos indicios de que “pudieran racionalmente sugerir la preparación de algún tipo de acción de carácter o finalidad terrorista”.
Paralelamente, la Policía española también ha proseguido la investigación e incorporado en las últimas horas al sumario nuevos datos claves para enviar a prisión a los tres presuntos yihadistas. Así, los TEDAX han entregado el primer informe sobre el “artefacto” encontrado en el domicilio de la Línea de la Concepción donde residía Yalgin y donde también ha constancia que estuvieron los otros dos arrestados. Según recoge textualmente el auto del juez Ruz, dicho informe policial confirma la “grave potencialidad lesiva” del explosivo que contenía pese a que los datos apuntan a que no tenía más d 150 gramos.
La única actividad conocida de los chechenos en España son las sospechosas clases de vuelo en parapente con motor
El magistrado de la Audiencia Nacional también destaca como relevante en su auto la declaración del instructor de vuelo con parapente con motor que adiestró recientemente a los tres detenidos y al que, según confirmó ayer él mismo ante el juez, Yalgin le preguntó recientemente si podía tomar imágenes de un centro comercial situado en Gibraltar bajo la excusa de que la empresa en la que trabajaba iba a hacer obras en él. En este sentido, el juez destaca como poco “lógico o racional” que los dos chechenos llegaran a España desde Francia entre abril y mayo de este año y la única actividad de la que hay constancia de ellos en nuestro país sea, precisamente, estas clases de vuelo, que fueron pagadas por el tercer detenido.
En este sentido, el auto indica que las razones alegadas por los imputados para explicar su viaje a España como un intento de conseguir asilo político, “en modo alguno han sido corroboradas ni por fuentes oficiales ni por los testimonios recabados durante la instrucción”. Además, destaca que en sus declaraciones ambos han caído en numerosas contradicciones, tanto sobre el pago del alquiler de la vivienda en la que residían en San Roque como sobre dónde y cuándo conocieron al otro detenido, y que éste aseguraba se había producido en un viaje a Turquía. Finalmente, Ruz ha imputado a ambos no solo por pertenencia a banda armada sino también por tenencia de explosivos.
