La Audiencia Nacional ha ordenado el embargo de las propiedades y las cuentas bancarias del expresidente de Abengoa Felipe Benjumea y el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega para avalar sus fianzas civiles de 11,5 millones y 4,5 millones de euros, respectivamente.
Según han informado fuentes jurídicas, la juez Carmen Lamela ha tomado esta decisión después de comprobar que ninguno de ellos ha pagado las fianzas, cuyas cantidades se corresponden a las indemnizaciones que recibieron al salir del grupo. Hace unos días, Lamela rechazó aceptar las pólizas de seguro que presentaron como manera de abonar estas fianzas.
En el caso de Benjumea, la juez le ha prohibido disponer de varias viviendas y parcelas de su propiedad, así como de varios coches y un ciclomotor
En el caso de Benjumea, la juez le ha prohibido disponer de varias viviendas y parcelas de su propiedad, así como de varios coches y un ciclomotor. En concreto ha ordenado embargar cinco turismos de marca Chrysler, Mercedes o BMW y diez fincas que constan a nombre del expresidente del Consejo de Administración de Abengoa. También ha bloqueado su dinero en varias cuentas bancarias, incluyendo productos como fondos de inversión, planes de pensiones o imposiciones a plazo fijo. Para ello, ha librado los oportunos oficios a los diversos registros de la propiedad y entidades bancarias, en lo que supone el primer paso del proceso de embargo.
En cuanto a Sánchez Ortega, la juez ha iniciado el proceso de embargo de una vivienda de su propiedad, un Jaguar y el bloqueo de una cuenta a su nombre. Lamela les investiga a raíz de una querella presentada por dos bonistas y considera que pudieron incurrir en un delito de administración desleal y, en el caso de Sánchez Ortega, otro de información privilegiada tras su fichaje por el fondo Blackrock.
Abengoa presentó el pasado 25 de noviembre el preconcurso de acreedores lastrada por su alto endeudamiento, ya que suma más de 9.000 millones de deuda financiera y casi 5.000 millones en pagos pendientes a proveedores. La empresa negocia ahora con sus acreedores la búsqueda de una solución que evite el que sería el mayor concurso de la historia de España.
