Los profesores madrileños son los mejores pagados de España, después de los del País Vasco, con una media que no sobrepasa los 2.500 euros mensuales. Los ingresos de los médicos son bastante más altos y, según las últimas estadísticas, oscilan desde los 2.700 euros a los 4.200 mensuales, con los profesionales murcianos, vascos y madrileños también a la cabeza.
Las recientes declaraciones de Esperanza Aguirre en La Moncloa, a la salida de la entrevista con Mariano Rajoy, sentaron como un tiro en el entorno del presidente del Gobierno y en el propio Consejo de Ministros. Aguirre defendió el retorno de las competencias sobre justicia, educación y sanidad al Ejecutivo central y la transferencia de las políticas de transporte a los ayuntamientos. “Poco menos que vino a poner patas arriba el Estado de las autonomías y a reconocer que ella misma se pone de salida”, afirma un ministro que prefiere mantenerse en el anonimato.
Otro miembro del Gabinete es todavía más directo. “Si Esperanza Aguirre quiere devolver estas transferencias, que primero le haga el favor al Estado de rebajarle antes el sueldo a profesores y médicos ya que el Gobierno no tiene porqué cargar con las políticas salariales tan alegres que se han seguido en los últimos años en la comunidad de Madrid”.
En la dirección nacional del PP se ha interpretado también como una deslealtad la propuesta de Aguirre, no solo porque se haya hecho en la misma sede del Palacio de La Moncloa, sino porque “ha puesto en tela de juicio la propia existencia del Estado de las autonomías”. En ninguno de los ministerios consultados se sabe de donde extrae la presidenta madrileña que si este retorno de competencias saliera adelante, el Estado ahorraría casi 50.000 millones de euros. ¿Este es el coste de la desaparición del Estado autonómico?, se pregunta con cierta sorna un ministro.
En ningún ministerio se conoce de donde ha sacado la presidenta madrileña el cálculo de los 50.000 millones de ahorro
La reordenación de competencias que se plantea el Gobierno no llega tan lejos como las pretensiones de Esperanza Aguirre. Se limitará, y no es poco, a clarificar el catálogo de servicios que debe prestar cada administración bajo el principio de una administración, una competencia. Es una tarea nada sencilla teniendo en cuenta que el nuevo sistema deberá encajar en la penuria económica de las tres administraciones y en el severo descenso de sus presupuestos públicos.
“De lo que se trata”, explican fuentes gubernamentales, “es de precisar con el concurso de las comunidades autónomas qué servicios públicos deben ofrecer en sanidad, educación y en otras prestaciones sociales”. Ello ayudará, según el Gobierno, a que las autonomías cumplan con un objetivo de déficit que para este año no debe rebasar el 1,5% del PIB.
