España

La Audiencia Nacional investiga la obra del AVE a La Meca por un homicidio imprudente

El juez Pedraz imputa a varias empresas, entre ellas ADIF, INECO o Abengoa, por la muerte por aplastamiento de un mecánico granadino de 30 años

  • El AVE a La Meca

Más problemas para las empresas españolas responsables de la construcción del AVE a La Meca. A la investigación de la Fiscalía anticorrupción por el presunto cobro de comisiones en la obra del llamado tren del desierto, se suma ahora otra causa penal por homicidio imprudente de uno de sus trabajadores. El caso está en manos del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional que dirige Santiago Pedraz. Ya ha citado a declarar a los representantes legales de las primeras empresas investigadas, según el auto al que ha tenido acceso Vozpópuli.

La víctima es Sergio Rivera Moles, trabajador de Inabensa, una filial de Abengoa. Murió a los 30 años de edad el 3 de febrero de 2016 y su caso apenas ocupó algunos titulares. Era un trabajador nacido en el pueblo de Jayena (Granada), con poco más de un millar de habitantes. Su padre emprendió una lucha contra el conglomerado empresarial que lleva cuatro años avanzando a paso lento en los tribunales hasta llegar a este momento. Acusa a los responsables de las empresas de las que dependía su hijo de homicidio imprudente en concurso ideal con otro delito contra el derecho de los trabajadores.    

Su querella entró en el Juzgado de Pedraz el mes de julio del mismo año de la muerte de su hijo y se le adjudicó el número de diligencias 61/2016. Antes de arrancar las pesquisas, el magistrado preguntó a la Fiscalía, que prefirió pedir una comisión rogatoria a Arabia Saudí para que les remitiese información. El país árabe no es precisamente ágil a la hora de colaborar con la Justicia de otros países, según las fuentes consultadas. Hubo que esperar años a que llegase la respuesta y después tocó traducirla. Una vez analizada, la Fiscalía dio luz verde a abrir una causa en enero de este 2020, cuatro años después.

La Fiscalía ve "caracteres de delito"

Para el Ministerio Público, “el hecho reviste caracteres de delito, concretamente de homicidio por imprudencia grave”. A su juicio, la empresa no cumplió “con las normas de prevención exigidas a la normativa de riesgos laborales” y con ello contribuyó “de forma relevante al deceso del perjudicado Sergio Rivera”. En consecuencia, Pedraz decidió admitir la querella el pasado 4 de marzo y abrir una investigación penal para esclarecer los hechos y hallar a los responsables.

La querella va dirigida contra la mercantil Inabensa, las empresas Abengoa, Consultrans S.A., Plasser Española S.A, ADIF, INECO y todas las aseguradoras de estas firmas. Ya en el plano individual, el padre de la víctima también se querelló contra un empleado de Abengoa y su director de proyecto en Arabia Saudí. El encargado de Obra en el país árabe y contra el jefe de obras de Inabensa así como contra el jefe de Seguridad y Salud de Consultrans en aquel país.

Imagen de archivo del juez Santiago Pedraz a su llegada a la Audiencia Nacional.

El juez ha empezado por citar como investigados al representante legal de Inabensa Saudí, un empleado de Abengoa, el encargado de Obra en Arabia Saudí y el jefe de obras de Inabensa. Tendrán que acudir acompañados por un abogado y no tendrán la obligación de decir la verdad para no incriminarse. También ha citado como testigo al trabajador O.d.P., compañero del fallecido. Además ha solicitado una batería de documentación a las empresas, desde la nómina de la víctima hasta pólizas de seguro pasando por planes de seguridad y de riesgos laborales. 

El accidente

Sergio Ribera era mecánico y dos años antes entró en un proceso de selección de Abengoa para ir a buscarse la vida fuera de casa. Acabó contratado para la filial Inabensa y aterrizó en la región árabe de Jeddah, la misma que hace meses albergó la final de la Supercopa de España. El joven murió aplastado por una mesa hidráulica que estaba reparando apoyado contra el chasis del tren de colocación de cable de catenaria. 

“Según parece”, activó la maquinaria “involuntariamente con una de sus rodillas”, reconoce la querella. Pero llama a la reflexión al decir que, de ese modo, se podría haber activado también solo por el hecho de que se les cayera un martillo u otra herramienta. Tampoco había ningún mecanismo de parada por lo que el joven granadino permaneció 15 minutos aplastado hasta que murió por asfixia mientras sus compañeros asistían a la escena “desesperados y sin saber qué hacer”.  

El compañero de Sergio Ribera que acudirá a declarar como testigo dijo en su día que la maquinaría que mató al trabajador hubo que repararla “miles de veces”, que su mantenimiento era “defectuoso” y que se utilizaba por encima de su capacidad por “los retrasos en la obra que acumulaban los contratistas”.  La querella del padre, asistido legalmente por el abogado José Vázquez, narra los hechos, ocurridos en el tramo de construcción correspondiente a Electrificación y Catenaria. 

"Clima de terror político del Estado saudí"

Consultrans fue la encargada de seleccionar al personal para Abengoa e Inabensa así como de gestionar la seguridad. Por su parte, Inabensa tenía la función de desarrollar la instalación eléctrica. Sin embargo, lo que describe la querella a la que ha tenido Vozpópuli es que estas empresas cometieron un fraude porque al llegar allí los trabajadores terminaron trabajando para una firma de nueva creación llamada Inabensa Saudi S.L, radicada en el país árabe. De ese modo, no se les daba de alta en España  

Denuncia que les sometían a jornadas laborales de 12 horas diarias entre el calor extremo del desierto. También que desarrollaban su trabajo con métodos poco seguros como no arreglar las máquinas con las que trabajaban, “todo en un clima de casi terror político del Estado saudí, ante cualquier tipo de protesta que se pudiera producir”.    

Arabia Saudí adjudicó el 26 de octubre de 2011 la construcción de la infraestructura al consorcio hispano-saudí llamado Al Shoula Group por 6.736 millones de euros. De esa cifra, 2.547 iban para la construcción, 1.257 para el material rodante y el resto para un mantenimiento durante 12 años. Esta investigación no afecta, de momento, a otras empresas que integraban el consorcio como Renfe Operadora, Talgo, OHL, Invensis Rail, Indra, Copasa, Cobra o Imathia.

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