Yeison es uno de los 4,2 millones de extranjeros que viven en España pero no cotizan. Celebró su trigésimo cumpleaños la semana pasada en Madrid con varios de los amigos que ha hecho desde que llegó a nuestro país hace ahora cinco años, y pudo reunirse con ellos gracias a que los autocares que comunican las principales ciudades de nuestro país son gratuitos: "Vine desde Zaragoza a pasar un par de días a casa de un amigo y me vuelvo mañana", relata a Vozpópuli. Esta suele ser la rutina habitual de este joven, originario de un país de Latinoamérica que prefiere no mencionar: vive lejos de Madrid, donde ha encontrado una habitación pequeña por la que paga menos de 200 euros al mes —en la capital es difícil encontrarlas por 300 más gastos—, y una vez a la semana coge el servicio que Pedro Sánchez convirtió en subvencionado para pasar unos días con sus conocidos y visitar a los médicos de la capital: "Tengo que hacer 16 viajes al trimestre entre Zaragoza y Madrid para que me salga gratis, si no, me cobran la fianza", explica.

Una vez están asegurados el transporte y la habitación en la que reside sin haber firmado ningún contrato —y que le realquila un compatriota a espaldas del dueño—, Yeison sabe que tiene la sanidad cubierta. Cuando llegó a España de forma irregular en 2019, comenzó viviendo en Madrid y desde entonces visita siempre a los mismos médicos de la seguridad social para tratar sus frecuentes problemas de salud. "Prefiero no comentar cuáles son porque es algo personal, pero te puedo contar que sí, que vengo a verlos cada pocos meses porque cuando no es una revisión de una cosa, es una prueba de otra", cuenta con libertad desde el anonimato. "Son todos de aquí, de Madrid, pero no tengo problema de venir a verlos desde Zaragoza".

Sin embargo, fuera de estos servicios por los que no tiene que pagar nada, Yeison necesita una cantidad mínima mensual con la que pagarse ciertos gastos, como las cervezas que tomó por su cumpleaños en Madrid en un bar humilde de la periferia: "A veces hago trabajos por internet para una empresa de mi país y los cobra una amiga mía que me hace el favor. Ella paga allí los impuestos, yo le entrego una pequeña cantidad, y el resto me lo ingresa en una cuenta bancaria española", explica con detalle a Vozpópuli. Por su profesión —que prefiere no especificar— en España realiza unas colaboraciones al mes por las que cobra una cantidad notable y, aunque las empresas que le pagan le hacen una retención mínima, él no está dado de alta como autónomo porque no es obligatorio, sin embargo, eso no quita para que ya haya tenido algún encontronazo con Hacienda: "En la campaña de la Renta de 2022 me llegó una carta diciendo que tenía una deuda pendiente, así que tuve que acabar pagando", reconoce.

Este joven de 30 años no quiere explicar cuánto dinero gana, pero haciendo unas pocas cuentas, podemos llegar a la conclusión de que Yeison vive con unos ingresos de entre 800 y 1300 euros al mes con los que tiene cubiertos la vivienda, la comida, la sanidad y el transporte.

Lo cierto es que, como él, el 70% de los inmigrantes que residen en España —4,2 de un total de 6,1 millones de personas— no cotizan. Es un dato que ha utilizado esta semana el portavoz de Vox en la Comisión de Trabajo del Congreso, David García, y que tiene su origen en el sindicato afín a su partido, Solidaridad: los españoles dedican durante casi siete meses la integridad de su sueldo a pagar impuestos mientras que el INE revela que solo el 30,11% de los extranjeros cotizan a la Seguridad Social, un porcentaje que baja hasta el 22% en el caso de los marroquíes, según ellos.

"Algunos son pensionistas, otros son niños, pero evidentemente hay que investigar la economía sumergida y cuánta gente está viviendo de las ayudas", subrayan desde el sindicato Solidaridad. "El PP y el PSOE dicen que el problema que tiene el Estado del bienestar se soluciona con inmigración, pero cuando ves los datos te das cuenta de que no es así, no es verdad que aporten más de lo que reciben". En cualquier caso, el propio sindicato reconoce que la tasa de paro entre inmigrantes es tan solo 7,5 puntos más alta que entre los españoles, con 2.500.000 inmigrantes desempleados o inactivos.

Yeison —nombre que ha elegido para este reportaje— salió de su país, no con el objetivo de mejorar su calidad de vida o ganar un mejor sueldo, sino huyendo de la persecución a la que estaban siendo sometidos él y su entorno. Solidaridad insiste en que no quiere poner el acento en los inmigrantes que, como Yeison, llegan a España huyendo de realidades muy difíciles. El sindicato intenta subrayar, según insisten, las políticas fallidas del PSOE y del PP en materia de inmigración, que solo consiguen "un efecto llamada".

Ayudas públicas y caridad de la Iglesia: dos claves para vivir sin trabajar

No es el caso de Yeison, pero son alternativas que quedan abiertas para los que, como él, viven en España sin cotizar a la Seguridad Social: mientras trabajan en negro —o no— cualquiera puede solicitar de ayudas públicas como el sueldo mínimo vital, ayuda por hijos (115 euros a cada familia en el caso de tener un niño bajo su tutela de entre 0 y 3 años, 80,5 euros por cada niño de 3 a 6 años y 57,5 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años) o ciertas becas de estudios, por ejemplo. Para todas ellas, ser inmigrante puede aumentar las posibilidades de recibirlas, puesto que se considera que al no tener una familia establecida en España, son personas con mayor riesgo de exclusión.

Por último, queda la opción de pedir comida para ahorrarse uno de los mayores gastos para cualquier familia española. La demanda en los bancos de alimentos no ha parado de crecer en los últimos años, con unas 1.250.000 personas que pidieron ayuda al trimestre en esta materia en 2023, la misma cifra que lo hicieron durante todo 2022. La Federación Española de Bancos de Alimentos lo achaca al aumento de los precios en la cesta de la compra.

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