El alcalde de Llodio (Álava), Natxo Urkixo, se ha convertido en el primer regidor vasco que tendrá que pagar de su bolsillo los 1.500 euros de multa por negarse a colocar la bandera española en el Ayuntamiento del consistorio. Según señala El Correo el representante de EH Bildu deberá hacer frente a esta condena al ser considerado culpable de incumplimiento de una sentencia judicial de febrero de 2014 que obligaba a que la enseña nacional ondeara en un lugar destacado del consistorio.
Además, Urkixo, que desde mayo afronta su segunda legislatura, deberá abonar cantidades similares cada mes "hasta que se constate la total ejecución" del fallo dictado la semana pasada por el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Vitoria, Daniel Sancho Jaraiz.
El desafío de Urkixo: bandera pequeña y en zona marginal
De acuerdo al delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, vecino también de ese municipio, si el incumplimiento persiste durante tres meses, la Fiscalía del Estado reclamaría su inhabilitación como alcalde. "Lo que hacen es reírse de la Justicia y reírse de España. Juegan al gato y al ratón. Pero no les va a salir gratis, porque los 1.500 euros los va a tener que pagar el alcalde de su bolsillo y no la Corporación", explica a El Correo el delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo.
"Lo que hacen es reírse de la Justicia y reírse de España. Juegan al gato y al ratón. Pero no les va a salir gratis", dice a El Correo el delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo
El contencioso se remonta a octubre de 2007 y a un acuerdo adoptado por el pleno municipal, que tenía como alcalde a Jon Karla Menoyo, del PNV. Por aquel entonces se rechazó una moción del propio Urquijo -que por en esa fecha era concejal por el PP- sobre el cumplimiento de la ley que regula el uso de las banderas en las instituciones públicas.
La Abogacía del Estado recurrió esa decisión y los tribunales le dieron la razón, sin que el Ayuntamiento colocara aún la enseña de forma permanente en el exterior del inmueble.
En febrero de 2014, ya con Urkixo al frente del Ayuntamiento, debía cumplirse la resolución judicial en el plazo de un mes, pero éste optó por situar el distintivo rojigualda con un tamaño reducido y en una zona que fue considerada marginal por la Delegación del Gobierno. Este desafío derivó en una nueva denuncia judicial y en un auto de septiembre de 2014: la bandera española tenía que colocarse en el centro de la balconada del edificio consistorial y con las mismas dimensiones que la ikurriña.
El Ayuntamiento volvió a recurrir a los tribunales, aunque su petición fue rechazada de nuevo. Y así, hasta que el pasado abril la Abogacía del Estado reiteró su denuncia y llamó la atención sobre la falta de cumplimiento de las distintas resoluciones judiciales a través de un escrito acompañado de varios informes de la Guardia Civil.
Por su parte, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, refrenda de este modo su campaña "contra la falta de respeto" a la bandera española y supone un nuevo paso para acabar "con este problema que llevamos arrastrando durante tantos años". En su opinión, se trata de "una ofensa para los que tenemos el sentimiento de querer que se respeten los símbolos porque además de vascos somos españoles".
