El magistrado que ha investigado el origen presuntamente ilícito de la fortuna de Rodrigo Rato le ha abierto juicio oral en el marco de este procedimiento que también se dirige contra una decena de personas. El instructor Antonio Serrano-Arnal le atribuye delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares, pero le retira la falsedad continuada e insolvencia que le imputó la Fiscalía Anticorrupcion, la cual solicita para el exvicepresidente del Gobierno un total de 70 años de prisión por estos hechos.
El instructor envía la causa a juicio tras más de cinco años de investigación penal y la apertura de una docena de piezas que luego terminó reagrupando por orden de la Audiencia Provincial de Madrid. Además del exdirector gerente del FMI, manda al banquillo al abogado y administrador de algunas de sus sociedades, Domingo Plazas; su secretaria en Bankia Teresa Arellano; dos exempleados de la entidad y Publicis y Zenith; las firmas que se adjudicaron los contratos de publicidad, entre otras.
Igualmente acuerda fianzas muy elevadas que van desde los 65 millones en el caso de Rato a 4,5 para otros procesados, en su mayoría directivos de las empresas que realizaron la campaña de la salida a bolsa en julio de 2011. En lo que respecta a Plazas la caución es de 31,5 millones de euros, mientras que para el que fuera secretario del Consejo de Telefónica, Ramiro Sánchez de Lerín, la cifra asciende a 10,3 millones. Con todo, deja fuera del procedimiento al que exsecretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella, pese a que la Fiscalía Anticorrupción insistió en que se le juzgara por estos hechos.
La fortuna en el extranjero
El magistrado les emplaza en el Juzgado de Instrucción número 31 el próximo 11 de junio para que se les notifique la apertura de juicio oral. A falta de conocer la fecha de la vista, los acusados tendrán que responder por el supuesto reparto de 2 millones de euros en comisiones por los contratos de publicidad de Bankia así como por la implicación en la estructura empresarial de la que se habría valido el exvicepresidente del Gobierno para gestionar su fortuna fuera del país. La Fiscalía siempre ha mantenido una línea de actuación más dura que el magistrado poniendo el foco en los once delitos fiscales y el blanqueo de capitales que le atribuye al economista.
De hecho, recurrió el último auto del magistrado destapando nuevas sociedades offshore donde ocultó hasta 77 millones de euros, tal y como adelantó Vozpópuli. También le reprochó que dejara fuera de la causa el último informe de Hacienda en relación a su patrimonio y dijo que su escrito en el que cerraba la investigación contenía "afirmaciones erróneas" y "omisiones de hechos" que no se podían pasar por alto. Sin embargo, Serrano-Arnal reduce el foco, avisa que no quiere "acusaciones sorpresivas" y se ciñe al presunto cobro de dádivas de los contratos externos de Bankia así como al entramado del que se valió Rato y que gestionó su excuñado Santiago Alarcó. También deja fuera los posibles delitos fiscales relativos a los ejercicios 2014 y 2015 por estar prescritos.
Las conferencias de Rato
Otra de las patas de la causa es la relativa al cobro de 1,6 millones de euros por las conferencias prestadas en esos años. Esta línea de investigación se indagó en la pieza relativa a Bureau Consulting Conferenciantes (BCC); sociedad desde la que organizó los servicios prestados en su etapa como presidente de Bankia. El juez advirtió que movió los fondos a su empresa Arada sin que existiese contrato alguno y advirtió de irregularidades también en la percepción de 430.000 euros entre 2013 y 2014 provenientes de Telefónica. La cuantía la facturó a nombre de Kradonara, una de las mercantiles clave en esta causa.
En lo que respecta a Bankia, el magistrado concluyó que Rato fue otorgando más poderes a Arellano hasta alcanzar la Secretaría de Presidencia, desde donde se gestionó la contratación con Publicis y Zenith. También apunta al papel de Alberto Portuondo y su sociedad Albisa como canalizadora de las dádivas que se repartieron del contrato de publicidad (que estipuló el pago de 240.000 euros mensuales fijos a Publicis). Ellos negaron cualquier irregularidad en esta gestión y dijeron que ganaron el concurso por ser los mejor posicionados. Según Anticorrupción, del total repartido con las comisiones, Rato ingresó 835.024 euros a través de Kradonara.
Retorno de 7,8 millones
La investigación también se apoyó en las pesquisas de la UCO y la ONIF en lo que respecta al retorno de la fortuna de Rato. Según el magistrado, la estructura en el extranjero la comenzó gestionando a comienzos de 2001 su excuñado, aunque el banquero cogió el control a partir de 2006 e implementó un canal para ingresar en España un total de 7,8 millones de euros hasta 2014. Se trata de una cuantía que tiene procedencia en parte desconocida y en parte procede de dos sociedades constituidas en Panamá a las que Anticorrupción puso en su foco. Se trata de Red Rose Finantial Enterprise y Westcastle Corporation, firmas que habrían sido gestionadas por testaferros y que Rato reconoció ante Hacienda en la regularización fiscal de 2012.
Igualmente, el banquero también repatrió grandes sumas de dinero a través de la figura del préstamo participativo de sus sociedades. Con todo Rato siempre ha apuntado a una caza de brujas detrás de esta causa insistiendo en que Anticorrupción busca con sus acusaciones dañar su imagen y su derecho al honor. Además dijo que recogía hechos en su escrito que ni tan siquiera se habían investigado en la causa y ello pese a que le requisaron 12 millones de documentos en estos 6 años de instrucción. "Ante la omnipotencia e impunidad constante de determinadas instituciones de nuestro sistema de Justicia, no puedo sino sentirme completamente indefenso. Reitero mi inocencia de los delitos que se me atribuyen", apuntó tras conocer su procesamiento el pasado mes de marzo.
