BBVA ha desvelado este miércoles que ha aportado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón "hallazgos relevantes" sobre el espionaje que la entidad encargó al excomisario José Villarejo y ha reiterado su compromiso con la ley después de que la Fiscalía haya solicitado la imputación del banco.
El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, asegura en un comunicado que continuará "colaborando activamente con la justicia" para esclarecer los hechos, tal como ha sucedido desde la apertura de esta novena pieza separada de la "operación Tándem" que investiga la relación entre el banco y el expolicía.
Al respecto, la entidad recuerda que "ha compartido también con la justicia de manera proactiva" los detalles de su informe forense, encargado hace seis meses, cuyo contenido no está autorizada a difundir públicamente dada la exigencia de no interferir en la investigación judicial, bajo secreto de sumario.
Aún así, el BBVA aclara que la condición de investigado solicitada por Anticorrupción "no implica, en esta fase preliminar del procedimiento, la acusación formal por ningún delito", y añade que el propio banco solicitó personarse como perjudicado por los hechos.
Una petición contra la que se pronuncia la Fiscalía en el escrito conocido esta mañana, en el que insta al titular del juzgado central de Instrucción número 6 a imputar al BBVA por presunto cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares.
El Ministerio Público advierte además en su informe de posibles dádivas que habrían recibido del entorno del grupo Cenyt -sociedad de Villarejo- a fin de facilitar la contratación de los servicios del policía alguno de los ocho cargos del banco -pasados y actuales- contra los que se dirige este procedimiento.
Desde que se publicó hace más de un año que BBVA había requerido los servicios de esta empresa, la entidad, entonces presidida por Francisco González, empezó una investigación interna para esclarecer el alcance de las relaciones.
Tras la marcha del expresidente, Torres Vila encargó a principios de este año un estudio más profundo a la consultora PwC, con la colaboración de los bufetes Garrigues y Uría, encargo con el que el banco buscaba defender sus propios intereses al tiempo que prometía "tolerancia cero" con el resultado final de las pesquisas.
