El consejero del Corte Inglés y antiguo presidente de Iberdrola España, Fernando Becker, ya ha trasladado a la Audiencia Nacional el nombre del abogado que le representará tras su imputación en el caso Villarejo. El exdirectivo de la eléctrica ha decidido fiar su defensa al abogado Javier Gómez Bermúdez. El que fuera magistrado de este órgano judicial no es nuevo en la causa ya que representa a Antonio Béjar; uno de los principales protagonistas en la pieza de los encargos del BBVA por haberse desmarcado de todos los implicados en este asunto.
El que fuera director de Riesgos del banco adquirió un papel clave en esa línea de investigación al desligarse de la línea oficial del banco y comenzar a colaborar con la Justicia. En este tiempo de pesquisas, el también expresidente de Distrito Castellana Norte ha ido aportando documental a la par que señalando a la antigua cúpula de la entidad como responsable de que el banco contratara entre 2004 y 2017 los servicios de inteligencia y espionaje del comisario jubilado.
Sus desavenencias con la entidad le llevaron incluso a recurrir su despido ante la Justicia, si bien empleado y banco llegaron a un acuerdo in extremis el mismo día en que estaba fijada la vista oral por presunto despido improcedente. Aunque las investigaciones internas del banco que preside Carlos Torres le han cargado a Béjar la responsabilidad de los contratos con el Grupo Cenyt, éste siempre ha mantenido que cumplió órdenes del entonces jefe de seguridad de BBVA, Julio Corrochano, el cual habría actuado, a su vez, por orden la excúpula de la entidad.
Pendiente de declarar
Con este panorama, el magistrado que presidió el tribunal enjuiciador del 11-M aterriza en una de las piezas de la macrocausa de espionaje que más ha avanzado en las últimas semanas. El juez al frente del caso Tándem, Manuel García Castellón, imputó el pasado 23 de junio a cuatro cargos clave de la firma, a quienes implicó en la contratación de los servicios del policía. Se trata del presidente, Ignacio Sánchez Galán; el actual director general de negocios, Francisco Martínez-Córcoles; el que fuera jefe de gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo, y el propio Becker.
Todos ellos estaban llamados a declarar ante el magistrado entre los días 6 y 7 de julio, si bien el juzgado suspendió las citaciones en aras a decidir qué camino tomar con Iberdrola. La defensa letrada de la compañía había solicitado a la Audiencia que le tuviera por perjudicada en este caso después de que el juzgado asumiera una querella proveniente de los juzgados de Bilbao contra José Antonio del Olmo. El considerado como testigo estrella de esta pieza se ha convertido en la peor pesadilla de los imputados por el famoso informe en el que denunció un sistema de facturas falsas para pagar al comisario.
El documento redactado a finales de 2004 dio la vuelta a la causa al denunciar que la compañía utilizó a su proveedora de seguridad (Casesa) para pagar el primer trabajo de espionaje de Cenyt. Dijo que elaboró el documento y lo llevó ante notario porque desconfío de que este sistema de pagos -que él también visó- cumpliera con la normativa interna de la empresa. El instructor le tuvo como testigo clave del caso hasta que le acabó imputando por su labor de controller.
Sin embargo, y tras consultar a la Fiscalía en relación con la querella interpuesta por Iberdrola, ha archivado este asunto concreto acogiendo los argumentos de Anticorrupción. Esto es, que de existir delito de falsedad en documento privado, estaría prescrito. "Desde la realización del documento ha transcurrido con creces el plazo de prescripción de cinco años previsto", precisa. Así pues, y tras retirar a Iberdrola su condición de perjudicada, el juez accedió a imputar a una empresa del grupo, Iberdrola Renovables, por firmar el último contrato de espionaje encargado a Villarejo para acreditar el patrimonio de un socio rumano que se había declarado insolvente tras haber perdido un laudo con la eléctrica.
Becker, en el foco
Ahora el instructor podría volver a citar a declarar a todos estos espadas de la compañía que han fiado su defensa a importantes abogados expertos en derecho penal. Además de Becker, el presidente Ignacio Sánchez Galán ha fichado por Carlos Domínguez (defensor de Villar Mir en Púnica), mientras que Martínez Córcoles ha hecho lo propio con Jesús Santos (defensor de Francisco González en la pieza del BBVA). A falta de que el Juzgado Central de Instrucción número 6 señale nuevas fechas para los interrogatorios, la vista queda fijada en la declaración que presten todos ellos con especial atención en la figura de Becker.
El actual consejero independiente de El Corte Inglés abandonó la multinacional vasca hace ahora tres años tras dos décadas en la compañía. Lo hizo acogiéndose al plan de bajas incentivadas y en el marco de un "acuerdo amistoso". La declaración de estos últimos imputados ante el magistrado va a ser determinante en aras a esclarecer si realmente supieron de la existencia del documento de Del Olmo o si, la cúpula era conocedora de estas supuestas irregularidades en el pago de los servicios de Cenyt.
Hasta la fecha, los exdirectivos investigados que han desfilado por sede judicial han negado irregularidades y se han desligado por completo del comisario. El primero de los implicados en la trama fue el exdirector de seguridad de la multinacional, Antonio Asenjo. El también policía reconoció todos los encargos al entramado del espía y los pagos girados desde la multinacional. No obstante, dijo que pensaba que éste estaba en excedencia. También apuntó que desconocía las tácticas irregulares del comisario para sacar adelante sus trabajos y desligó a Sánchez Galán de la gestión de los mismos.
"Tenían el máximo interés"
Misma línea adoptaron Pablo Insunza, Juan Carlos Rebollo y el exnúmero dos y entonces jefe de Del Olmo, José Luis San Pedro. Los tres exaltos cargos que visaron las facturas en entredicho explicaron el proceso de autorización de los pagos y negaron cualquier ilegalidad al respecto. Tras su declaración, los investigadores siguieron escalando en la cadena de mandos en aras a esclarecer de dónde salieron las órdenes para contratar con el Grupo Cenyt.
El nombre de Becker era el siguiente en la lista en calidad de director corporativo. La investigación interna impulsada desde la eléctrica para esclarecer los hechos recogió que éste estampó su firma junto con la de otros cargos en las facturas en las que se solicitó un pago urgente sin que ello supusiera irregularidad alguna. Sin embargo, Del Olmo detalló en los documentos que llevó ante notario que las facturas en cuestión se las entregó "siempre" Asenjo y que éste le transmitió que Becker, en calidad de director general de Servicios y el propio Galán (entonces vicepresidente) "eran conocedores del tema, estaban de acuerdo con ellas y tenían el máximo interés".
