El nombre de Begoña Gómez ha copado cientos y cientos de titulares en los últimos meses. La investigación que sigue el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid contra la mujer del presidente del Gobierno se ha convertido en una de las causas judiciales más mediáticas del último año, junto con el conocido como 'caso Koldo' o las investigaciones abiertas contra el novio de Isabel Díaz Ayuso y el hermano de Pedro Sánchez.
La causa que dirige el juez Juan Carlos Peinado contra la esposa del jefe del Ejecutivo nació el pasado verano a raíz de una denuncia interpuesta por el sindicato de Manos Limpias. El foco entonces se situó sobre dos cartas de recomendación firmadas por la propia Begoña Gómez en favor de la UTE de empresas de Carlos Barrabés, poco después, la empresa del socio de la mujer del presidente consiguió dos adjudicaciones públicas.
No obstante, la causa abierta contra la cónyuge de Sánchez iría mutando a lo largo de los meses. La Fiscalía Europea se hizo cargo de la parte de la investigación referente a Carlos Barrabés y aparecieron nuevos indicios contra Gómez relacionados con su labor como codirectora de una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid.
El pasado mes de julio, el juez pudo escuchar en sede judicial la declaración del rector de la UCM, Joaquín Goyache, quien reconoció que se reunió con la esposa del secretario general del Partido Socialista en la Moncloa tres meses antes de que la Universidad concediera a Begoña Gómez la codirección de la cátedra de Transformación Social Competitiva.
Las indagaciones sobre la cátedra de la UCM, han sacado a la luz nuevos indicios contra la mujer del jefe del Ejecutivo. Entre otros puntos, la propia Complutense pidió investigar el rastro de tres facturas por un valor de 102.848 euros relacionados con la licitación de contratos y gastos celebrados en torno a la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva, sobre los que la empresaria no ha aportado información. La UCM informó al instructor que la "falta de colaboración" de Begoña Gómez impedía acceder a más información relativa al destino y desarrollo de dichos fondos y que, por tanto, podría haber incurrido en un presunto delito de "apropiación indebida".
Ampliación de la investigación
Unos meses más tarde, la querella presentada por Hazte Oír dio lugar a la ampliación de la investigación contra la esposa de Sánchez, el juez le imputó por otros nuevos delitos por los que tuvo que acudir de nuevo a declarar a los juzgados de Plaza de Castilla el pasado miércoles 18 de diciembre. La mujer del líder del PSOE se enfrenta a una imputación por presuntos delitos tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida.
El juez titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid le imputa este último delito al considerar que Hazte Oír aportó documentos "que podrían justicar la investigación por este tipo delictivo". Entre otras cuestiones, la acusación popular pidió al instructor que investigara el registro por parte de Begoña Gómez de la marca TSC Transformación Social Competitiva y del software de la cátedra bajo el mismo nombre y que codirigió.
Al respecto, Gómez negó haberse apropiado de la marca de la cátedra que codirigía en la UCM y ha descargado la responsabilidad sobre la Universidad. La investigada afirmó que la Complutense estaba al tanto de sus movimientos como codirectora de la cátedra y que, además, el nombre de Transformación Social Competitiva fue propuesto por ella misma. Este mismo argumento fue el que usó para defenderse de la acusación por intrusismo. La mujer del presidente del Gobierno explicó ante el juez que firmó pliegos de prescripciones técnicas relacionados con el software sin contar con la formación necesaria para esta labor, “porque la Universidad Complutense de Madrid así se lo indicó expresamente".
Asesora Moncloa
Precisamente, las interacciones de la mujer de Sánchez con la Universidad Complutense de Madrid aportadas a la causa han sacado a la luz nuevas evidencias que acorralan a la principal investigada. En concreto, el juez ha puesto el foco sobre la labor desempeñada por la alto cargo de Moncloa para con la UCM. Cristina Álvarez reconoció el pasado viernes ante el juez que fue nombrada por Presidencia de Gobierno a petición de Begoña Gómez y que llegó a hacer para ella labores relacionadas con sus actividades profesionales.
El testimonio de la asesora de Moncloa amenaza con sumar a la causa la imputación de nuevos delitos. Vox ha presentó el pasado viernes una querella contra Begoña Gómez y Cristina Álvarez por la presunta comisión de los delitos de malversación y prevaricación. Si bien la querella recuerda que otras esposas de presidentes del gobierno han tenido asistentes personales, destaca que "las funciones que desempeñaban quedaban circunscritas a la ayuda para el desarrollo de la actividad vinculada a la actividad de su esposo, pero en ningún caso para el mejor desarrollo de la actividad profesional en los casos en las que la mantuvieron".