Habrá campañas hasta el último día. Por algo el Gobierno de Pedro Sánchez ha batido este 2023 el récord de campañas institucionales, con 193 en un solo año. Entre las últimas que se realizarán bajo su mandato se encuentra una recientemente formalizada por el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra que busca que los ciudadanos exijan mejores servicios sociales a sus ayuntamientos y comunidades autónomas. La campaña supone dilapidar otros 135.000 euros de los fondos europeos.

Este dinero ha sido adjudicado a la compañía Comunica Mas. Según los pliegos del contrato, consultados por Vozpópuli, se "pretende la mejora de la conciencia pública sobre lo que son los servicios sociales como servicio público que presta acompañamiento social y cuidados y apoyos profesionales a las personas y familias en momentos claves de sus vidas; y buscar equiparar la concepción de los mismos como servicios esenciales y básicos para la garantía de derechos de ciudadanía como lo son la educación o la sanidad".

Esto sería, en términos generales, el objetivo de la campaña, pero el Ministerio de Derechos Sociales va mucho más allá. En concreto, se definen hasta cuatro fines de esta nueva campaña institucional. El primero y más obvio, fomentar el reconocimiento de la ciudadanía de qué son los servicios sociales, a qué se dedican o qué servicios prestan y a quiénes. En segundo lugar, llama la atención que el Departamento que dirige Belarra quiere "desvincular los servicios sociales de la idea de beneficencia o asistencia social, incrementando la percepción de que son servicios universales que podemos necesitar todos o todas en algún momento de la vida".

En tercer lugar, el Ejecutivo quiere que se mejore la "valoración social de los profesionales de los servicios sociales, equiparándola a los profesionales de la salud o educación". Por último, estos 135.000 euros del erario público deberán servir para "incrementar la exigencia rendición de cuentas de la ciudadanía a las administraciones (autonómicas y locales) responsables de la provisión de servicios sociales".

Es decir, una campaña desde el Gobierno central para que los ciudadanos sean más exigentes con los gobernantes de los ayuntamientos y comunidades autónomas. Un objetivo que pone en su punto de mira a otros gobernantes de nuestro país.

Este los productos a realizar por la agencia contratada cabe enumerar un spot de un mínimo de 20 segundos para televisión; una versión extendida del spot para redes sociales; diseño de publicidad exterior, tanto mupis como lonas para situar en espacios estratégicos donde puedan ser visibles, así como pantallas digitales, vallas, soportes de gran formato, lightbox, etc.; y la producción de banners específicos para plataformas digitales, así como medios de comunicación digitales y otras webs.

Medio millón de euros en publicitar la Agenda 2030

Uno de los principales objetivos publicitarios de Ione Belarra al frente de su Ministerio ha sido vender la Agenda 2030 como la panacea que nos librará de todos los males. En total lleva gastados medio millón de euros para proclamar las bondades de este proyecto. En mayo de 2022, Derechos Sociales llevó a cabo la campaña Un país que siempre se levanta, que costó a las arcas públicas 357.555 euros. Su objetivo, trasmitir a la población que "la Agenda 2030 resulta clave para lograr un futuro mejor".

"Vivimos un momento histórico en el que gran parte de la población no alberga esperanza en el futuro y considera que este puede ser catastrófico. Prueba de ello es que el género de la distopía se ha convertido en uno de los más producidos y consumidos del sector cultural. En este contexto, la campaña ha de lanzar el mensaje de que el futuro no tiene por qué ser distópico, sino que puede ser esperanzador y mejor que el presente si cumplimos con la Agenda 2030", rezaban los pliegos del contrato.

Un año después, este 2023, Belarra llevó a cabo otra campaña similar. Se trata de 'Pelea tu futuro', una campaña que también debía mostrar el brillante futuro que nos espera si seguimos la guía de la Agenda 2030, y que nos costó 137.000 euros del bolsillo de todos.

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