La trama Púnica acaba de dar un paso de gigante con el fin de otra línea más de investigación de la docena que la integran. No obstante, la causa -convertida en una de las más longevas de la Audiencia Nacional- todavía tiene recorrido por delante. Los investigadores siguen estrechando el cerco a la red de blanqueo internacional y también a al pelotazo urbanístico de Valdemoro que alcanzó la cifra, según la UCO, de 700 millones de euros.
Aunque Púnica llegó a sumar una quincena de piezas, la Fiscalía Anticorrupción la reorganizó en 2019 y la redujo a 11. En este tiempo, no obstante, abrió dos más: una sobre blanqueo fuera de España y otra sobre supuestos amaños en empresas de la Comunidad de Madrid que se acabó integrando en la pieza estrella de la causa: la de la financiación irregular en el PP madrileño.
Precisamente sobre esta última (pieza 9) se ha pronunciado Anticorrupción esta pasada semana. En un escrito que alcanza las 860 páginas el fiscal Alejandro Cabaleiro describe las dinámicas delictivas que habría impulsado la formación regional para financiar de manera irregular las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011. Sin embargo, y tras años de pesquisas y más de 150 imputaciones, el Ministerio Público actúa solo contra una decena de personas. El motivo reside, por un lado, en que los hechos están prescritos, y, por otro, en la falta de pruebas.
Púnica, ocho años después
En la diana se encuentran el presunto cabecilla de Púnica, Francisco Granados, y el que fuera gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez. La Fiscalía también pide actuar contra exconsejeros como Salvador Victoria o Borja Saraola, empresarios que habrían participado en esta presunta financiación irregular (para la cual se valieron de órganos públicos como Mintra o Arpegio) y la exjefa de Comunicación de Aguirre, Isabel Gallego.
Sin embargo, declina enviar al banquillo a la antigua cúpula, como los expresidentes Esperanza Aguirre o Ignacio González. A ello hay que sumar que por el camino se han acordado los archivos de la causa para la también exmandataria regional Cristina Cifuentes o el expresidente de Indra Javier Monzón. Pese a ello, la Fiscalía da por acreditada la caja B del partido en un minucioso informe en el que detalla, además, las adjudicaciones a empresarios amigos y el presunto desvío de fondos con las campañas de los comicios.
A falta de que el juez se pronuncie sobre esta pieza novena, en la que casi con total seguridad seguirá el criterio minuciosamente estudiado por el fiscal, la causa avanza y esta pasada semana ha abierto juicio oral para dos líneas más de la investigación: los amaños sobre los contratos de la empresa de música Waiter Music (pieza 7) y las contrataciones irregulares de Cofely (pieza 6).
Cofely y Waiter, a juicio
En la primera de ellas, envía a juicio a una docena de personas (incluido propio Granados y el exsenador del PP David Erguido) por prevaricación y fraude en la contratación en municipios controlados por el PP de una empresa afín al partido. La segunda pieza, cuyo epicentro es la empresa francesa Cofely, también termina en juicio. En este caso irán al banquillo David Marjaliza (el constructor confeso de la trama) y otras 37 personas por los amaños en la contratación de esta empresa de eficiencia energética.
La instrucción de esta pieza sexta de Púnica sirvió para corroborar que hubo pagos irregulares a funcionarios de los Ayuntamientos a cambio de hacerse con las adjudicaciones. Algunos incluso confesaron el amaño de los pliegos de los concursos llegando a confirmar en sede judicial que hubo una partida bautizada con el nombre de 'Business plan' destinada exclusivamente para sobornos. Las mordidas oscilaron de los 6.000 euros en algunos consistorios a los 171.000 en Collado Villalba o los 550.000 en Parla.
Los perjuicios a los cooperativistas se valoran aproximadamente en 15 millones de euros. Se les cargó una facturación simulada para justificar los servicios El juez sobre los amaños de Alfedel
También cerrada está la parte de Púnica que salpicó a otras comunidades como Murcia (pieza 3) y León (pieza 2). En el caso de esta última el juicio arrancará el próximo mes de noviembre si no hay cambios de última hora. En este caso van al banquillo, entre otros, el exalcalde de Cartagena José Antonio Conesa y el 'conseguidor' de Púnica Alejandro de Pedro. El informático ha acabado por convertirse en una pieza clave de la red por sus trabajos de reputación online a políticos del PP de todo el territorio nacional que se costearon con fondos públicos de cada comunidad.
Púnica vuelve a Valdemoro
El avance de la investigación que arrancó a mediados de 2014 también ha permitido estrechar el cerco a la conocida como Alfedel (pieza 11). Aunque menos mediática que otras líneas, la de Alfedel se considera ya como el otro gran pelotazo de la trama. Consistió en la construcción de colegios privados en suelo público. Alfonso Ferrón, dueño de la empresa, se apropió de "cantidades millonarias" provocando un desfalco a los cooperativistas que participaron en la operación de 15 millones de euros.
Los hechos de Alfedel tuvieron lugar en Valdemoro, localidad epicentro de Púnica donde todo empezó y a donde, ocho años después, todo apunta en su recta final. Esto es así porque una de las piezas que todavía se mantiene bajo instrucción es la relativa al pelotazo urbanístico de esta localidad madrileña de la que fue alcalde Granados (pieza4). Aunque el magistrado Manuel García Castellón archivó las diligencias apuntando que los hechos, ocurridos en 2004, estaban prescritos, la Sala de lo Penal corrigió esta decisión y le ordenó seguir rastreando.
Los fiscales sostienen que la trama siguió operando los siguientes años, convirtiéndolo sí en un delito continuado. Se dedicaron a vender parcelas de suelo público (PGVOU de 2004) a los empresarios de la red para ejecutar ellos el desarrollo urbanístico y beneficiarse de las recalificaciones. Están imputados por estos hechos Marjaliza (quien en el marco de su colaboración con la Justicia ha confesado los hechos), además del constructor Ramiro Cid Sicluna y el presunto testaferro de Granados, Ignacio Palacios.
Obras de arte millonarias
Tal y como informó este diario, recientemente la UCO incorporó a esta pieza cuarta de Púnica una denuncia anónima en la que se apuntaba a otra corruptela urbanística en dicha localidad. El juez tomó declaración al denunciante el pasado 14 de julio. Antes interrogó a una de las testigos clave del pelotazo de Urbanismo. Como avanzó este medio, la responsable de política urbanística de Valdemoro, Montserrat Pacheco, pasó de ser colabora de Anticorrupción a figurar como imputada por un total de siete delitos. Se le acusa de aprovechar su puesto de mando para ocultar sistemáticamente pruebas de calado a los investigadores.
En paralelo, otra línea de investigación que sigue adelante es la relativa al blanqueo internacional. Este delito se ha investigado a lo largo de los años en varias líneas de la red, como la de la caja B o la propia de Valdemoro. Sin embargo, el juez entendió en agosto de 2020 que el asunto se debía investigar de manera separada. Así fue cómo nació la pieza 12. En el marco de la misma se ha recabado información clave de Suiza, Costa Rica o Liechtenstein.
Estos fueron algunos de los destinos donde los principales cabecillas desviaron sus ganancias para ocultarlas al fisco español. Recientemente, Anticorrupción ha podido repatriar todas las obras de arte que Marjaliza tenía en Suiza. El constructor manifestó su consentimiento el pasado 29 de junio ante la Fiscalía helvética para repatriar el botín extranjero. Se trata de obras de arte de más de 2 millones de euros, 185 plumas estilográficas con valor cercano a los 2,5 millones y series exclusivas con incrustaciones de piedras semipreciosas .
En estos años de investigación solo una pieza ha sido juzgada y condenada en firme. Se trata de la primera de ellas, bautizada como el 'chivatazo'. Granados recibió su primera condena en Púnica de dos años por beneficiarse de una información que le dio un guardia civil amigo acerca de que estaba sometido a vigilancia por agentes de la UCO que le investigaban por Púnica. Este agente, José Luis Rodríguez Talamino, y otro más en excedencia, fueron condenados también por estos hechos.
