La CE presenta este martes una batería de medidas que tiene en el punto de mira a las agencias de calificación de riesgo, que no podrán rebajar por sorpresa las notas, podrán ser obligadas a suspender sus calificaciones de deudas soberanas y ser denunciadas y multadas si violan la regulación europea.
Un borrador de la propuesta que presentará mañana el comisario del Mercado Interior, Michel Barnier, quiere reducir la dependencia de las agencias, sobre todo de las tres grandes Moody's Fitch y Standard & Poor's, eliminar los conflictos de interés y mejorar la transparencia y el rigor en la elaboración de las notas.
La Comisión Europea (CE) dará más poder a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, en inglés) para que pueda suspender temporalmente y en "circunstancias excepcionales" la publicación y revisión de calificaciones de deudas soberanas o perspectivas. La ESMA podrá proceder así cuando considere que hay cambios inmediatos para la credibilidad crediticia de un Estado, una entidad regional o local, incluidas negociaciones en curso sobre un rescate.
También podrá suspender las notas o perspectivas cuando crea necesario mitigar una "amenaza inminente" al funcionamiento ordenado de los mercados financieros o a la estabilidad de todo o parte del sistema financiero en la UE, y cuando pueda producirse una gran volatilidad y afectar las notas de otras entidades o instrumentos de deuda.
Antes de tomar la decisión, la ESMA debe consultar con la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en inglés) la Autoridad Europea de Supervisión de Seguros y Pensiones (EIOPA, en inglés) y el Consejo Europeo de Riesgo Sistémico (CERS). La ESMA deberá revisar su decisión al menos cada dos meses. Si no la renueva después de dos meses, la medida expira automáticamente.
Las agencias tendrán el derecho de recurrir esta propuesta.
Adelantar la información
En cuanto a la publicación de información, la CE exigirá que informen a los emisores afectados "durante el horario de trabajo y al menos con un día laboral entero de antelación" de una publicación de una nota o una perspectiva.
Las agencias tendrán que asesorar las notas soberanas más frecuentemente: cada seis meses en lugar de cada doce. Además, las notas solo deben ser publicadas después del cierre de las bolsas o al menos una hora antes de la apertura de los parqués.
En cuanto a la responsabilidad civil que la CE introducirá en el marco europeo para las agencias, éstas tendrán que rendir cuentas si "infringen, intencionadamente o con graves negligencias", la regulación, causando un impacto negativo en una calificación en la que se basan los inversores a la hora de comprar un instrumento determinado y por tanto podrán ser denunciadas.
La propuesta de la CE detalla en un anexo las infracciones y las multas previstas, que van desde 75.000 euros a 500.000 euros.
Rotación obligatoria
Un cuarto pilar de la propuesta de la CE es la rotación obligatoria, de manera que ninguna agencia pueda calificar las notas para el mismo emisor durante más de tres años o más allá de diez calificaciones en un plazo de un año.
La agencia no podrá volver a calificar al mismo cliente hasta pasados cuatro años. No obstante, este artículo no se aplicará a las calificaciones de deuda soberana. Eso fomentará el acceso de agencias más pequeñas en el mercado, frente al "oligopolio" conformado por Fitch, Moody's y Standard and Poor's, dijo una fuente europea.
La propuesta también incluye otras medidas, como la exigencia de que ciertas instituciones financieras elaboren sus propios análisis de evaluación de riesgos para evitar su dependencia de las agencias.
Las agencias tendrán que comunicar sus calificaciones a la ESMA, que se asegurará de publicar todas las notas en un "Índice Europeo de Calificación" (EURIX), que será accesible para los inversores. La ESMA podrá elaborar propuestas de estándares técnicos para una escala armonizada de calificaciones que serían utilizados por las agencias, según el borrador filtrado.
La CE no creará una Agencia Europea de Calificación, porque sería difícil solucionar preocupaciones relacionadas con conflictos de interés y su credibilidad, sobre todo si calificara deudas soberanas, afirma en el texto.
