El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha admitido a trámite la querella presentada este martes por la Fiscalía Anticorrupción contra cuatro exdirectivos de Caixa Penedés por delitos societarios y de apropiación indebida que se les imputan por adjudicarse presuntamente de planes de pensiones millonarios.
Al exdirector general de la entidad Ricard Pagès Font, y a Santiago José Abella, que fueron los que efectivamente cobraron de estas pólizas, se les exige la prestación de sendas fianzas de 11.609.708,76 y de 1.893.070, 39 euros, respectivamente, para que puedan hacer frente a las responsabilidades civiles de ser condenados. Se les da un plazo de 24 horas para depositar estas cantidades o serán embargados.
La querella también se dirige contra los exdirectivos Manuel Troyano Molina y Juan Caellas, si bien a estos dos últimos no se les pide fianza porque no llegaron a cobrar ninguna cantidad. El juez suspende cautelarmente "cualquier pago" a los querellados derivados de las pólizas "consideradas fraudulentas". En el caso de que se produza cualquier entrega dineraria, Pedraz ordena a que se le comunique "la cuenta o instrumento financiero de destino", y de que para ello se mande oficio a las aseguradoras AXA Aurora Vida.
Citados para declarar en marzo
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 cita en calidad de imputados a Pages Pont y Troyano el próximo 7 de de marzo a las 10.30 horas, mientras que dos días antes fija las comparecencias de Abella y Caellas a la misma hora.
En su auto, el magistrado también oficia a la Dirección General de Supervisión del Banco de España "a fin de que caso de existir remita copia autenticada de las actuaciones inspectoras e informes que se hayan desarrollado sobre Caixa d'Estalvis del Penedés en relación con las idemnizaciones o pensiones satisfechas a los querellados.
Además, el magistrado ofrece la posibilidad de personarse en la causa a Caixa d'Estalvis del Penedés y a Grupo Mare Nostrum, asi como al Fondode Reeestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Según la querella de Anticorrupión, los exdirectivos"actuaron de común acuerdo para vincular fraudulentamente a la caja de ahorros que regían, generando obligaciones económicas para su beneficio particular y en perjuicio de la entidad, actuando de espaldas a los máximos órganos colegiados de la misma".
Valiéndose de la ayuda del director de recursos humanos Jaume Jorba -recientemente fallecido- y del resto de querellados, Pagès diseñó una estrategia a largo plazo destinada a garantizarse una "desproporcionada ganancia patrimonial a costa de la entidad, pensada para el momento en que pudieran cesar en sus puestos de trabajo".
Desde 2001, los querellados "se auto-concedieron" derechos económicos a espaldas de los órganos colegiados de la caja a través de pensiones que no estaban contempladas en sus contratos para cuando abandonaran la entidad. Sumando el plan de pensiones y cuatro pólizas suscritas, Pagès se adjudicó 11.609.708 euros, Abella 5.727.774 euros, Troyano 6.164.999 euros, Jorba 3.311.758 euros y Caellas 4.838.675 euros; en total, 31.652.917 euros.
