El expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, no tiene motivos para preocuparse, al menos penalmente, después de que Ricardo Costa le acusase de ser la X de la Gürtel valenciana al responsabilizarle de la financiación ilegal del partido durante años. Así lo creen los expertos juristas consultados por Vozpópuli, que descartan que el exdirigente pueda ser investigado ahora por estos hechos ocurridos hace diez años.
Fundamentan esta opinión en que los posibles delitos descritos por Costa en su declaración como acusado ante la Audiencia Nacional ya habrían prescrito por lo que no se podría actuar contra Camps. También consideran poco probable que el juez del caso tenga en consideración unos hechos que el propio Costa obvió en la fase de instrucción, momento procesal en el que se podría haber actuado contra Camps.
“Para el juez, la relevancia de lo manifestado por Costa está en el reconocimiento de los hechos que a este acusado se le imputan. Seguramente en la sentencia ni siquiera se cite a Camps expresamente más allá de decir que los acusados derivaron la responsabilidad última en terceras personas”, explica a este diario el portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega.
Atenuante por arrepentimiento
Las declaraciones de Costa tienen un recorrido más político que penal a juicio de este magistrado. “Ni siquiera la Fiscalía le hubiese pedido que señalase a Camps en caso de haber llegado a un pacto”, abunda González Vega, quien considera que la confesión de Costa tampoco encaja en el atenuante por arrepentimiento que recoge el artículo 21.4 del Código Penal. Esta posibilidad de reducir la condena sólo es válida antes de que se inicie el juicio.
Lo que dijo Costa es que el PP valenciano se financió durante años con dinero negro que entregaban empresarios beneficiados por la Administración. En ese engranaje entró en juego la empresa Orange Market, liderada por el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa. Orange Market pasó a cobrar sus trabajos para las campañas electorales del PP por medio de los empresarios recurriendo a facturas falsas.
Costa dijo tener conocimiento de estas prácticas al menos desde 2005 dentro de un plan deliberado heredado de años antes y aportó su experiencia sobre la campaña para las elecciones autonómicas de 2007 y para las generales de 2008. “Cuando una persona imputa a otra posibles delitos durante un juicio, el juez puede deducir testimonio de oficio y remitir los hechos a un juzgado de instrucción para que los investigue. Pero estas acusaciones tienen que ser especialmente precisas”, advierte el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Celso Rodríguez.
Tampoco por los trajes
Los jueces consultados creen que en el presente caso se investigan delitos cuyo plazo de prescripción ya habría expirado si se tiene en cuenta que los hechos relatados por Costa finalizaron en 2008, hace ahora diez años. Entonces ni siquiera existía aún el delito de financiación ilegal de partidos, recogido en el artículo 304 del Código Penal desde 2015, lo que cierra la puerta a investigar a Camps por esta vía ya que no es posible una causa retroactiva.
Costa también resucitó el polémico caso de los trajes por los que Camps fue juzgado y absuelto de un delito de cohecho impropio. Costa relató al juez este miércoles que el también acusado Pablo Crespo, socio de Correa, le preguntó si era posible facturar a algunos de los empresarios 20.000 euros de vestimenta para Camps. “Es cosa juzgada y no se le puede volver a juzgar de ninguna manera, absuelto queda”, zanja Rodríguez.
