La llegada de pateras a las islas Canarias no cesa y va en aumento: 17.000 inmigrantes han alcanzado en lo que va de año el archipiélago, donde miles de ellos, tras jugarse la vida en peligrosos y largos trayectos, permanecen en condiciones indignas a la espera de saber qué va a pasar con su futuro.
Cuando los inmigrantes llegan a territorio nacional, la ley establece que hay un plazo máximo de 72 horas para realizar la reseña policial. En ese tiempo, los agentes obtienen su filiación y comprueban si sus huellas están en alguna base de datos nacional o internacional.
Un trámite que se practica en los Centro de Acogida Temporal (CATE) de inmigrantes, donde Cruz Roja presta una primera asistencia humanitaria para comprobar las condiciones de salud en las que llegan estas personas. En el contexto actual de la pandemia, es en este lugar donde les hacen las PCR.
En el caso de la isla de Gran Canaria, Salvamento Marítimo conduce a los migrantes rescatados en el mar al muelle de Arguineguín, donde el pasado agosto se levantó un campamento de emergencia provisional con capacidad para 400 personas y que desde hace algunos días hacina a más de dos millares.
Expulsión o solicitud de asilo
Toda llegada irregular implica la apertura de un expediente de expulsión del país que concluye con la repatriación de esa persona, que en todo momento tiene la posibilidad de expresar su voluntad de reclamar protección internacional y solicitar asilo.
A raíz de las condiciones en las que se encuentran los inmigrantes en las islas, el Colegio de Abogados de Las Palmas ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo para denunciar la falta de garantías en la asistencia jurídica que prestan a estas personas, que muchas veces desconocen sus derechos y ni siquiera saben que pueden pedir asilo.
Mientras se resuelve esa solicitud de asilo, el inmigrante no puede ser expulsado y tiene la posibilidad de acceder a plazas de acogida específicas del sistema de protección internacional, cuya gestión depende del Ministerio de Inclusión y Migraciones.
Si se resuelve en sentido positivo y se concede la protección internacional, esa persona puede quedarse de forma legal en España.
En el caso de no admitir a trámite esa solicitud o denegarse la protección, se tramita el expediente sancionador en el que se propone la expulsión del territorio español, lo que supone que finalmente hay una orden de expulsión validada por un juez.
Mientras se tramita ese expediente, el inmigrante ingresa en un Centro de internamiento de extranjeros (CIE), donde el plazo máximo de estancia es de 60 días, aunque las ONG denuncian que muchas veces el tiempo de estancia es superior al legal.
Si no hay perspectiva real de retorno, no se ingresa en un CIE. Por eso, debido al cierre de fronteras durante la pandemia, los internamientos en estos centros fueron cesando. Después del verano, cuando comenzó a recuperarse la capacidad de retorno, empezaron a reabrir, como el que hay en Barranco Seco, en Las Palmas.
El sistema de acogida, desbordado
Realizada la reseña policial en las primeras 72 horas, y si estas personas se encuentran en situación de vulnerabilidad debido al deterioro físico y a la carencia de apoyos sociales, familiares y medios económicos, se les ofrece una plaza de acogida dentro del sistema español, que gestiona la Secretaría de Migraciones.
En caso de que no la quiera, tienen que firmar un documento en el que renuncian a la plaza que el Estado les está ofreciendo.
La red de acogida en España dispone de distintos tipos de plazas, entre ellas los dispositivos de emergencia, como el Centro de Acogida y Derivación (CAED) de Andalucía o los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), ubicados en Ceuta y Melilla
A partir de ahí, se analizan los perfiles más vulnerables para derivarlos a otro tipo de plazas más específicas, como pueden ser para víctimas de trata, personas maltratadas o madres con hijos.
En Canarias, la red de acogida no contaba con plazas a principios de año, lo que ha llevado al Gobierno a tener que recurrir en los últimos meses a utilizar hoteles cerrados por la pandemia para alojar a estos inmigrantes como un "recurso excepcional y transitorio".
Esta opción quiere ahora sustituirse por instalaciones militares en desuso que están siendo acondicionadas para poder atender a los migrantes.
Fuentes de Migraciones han subrayado a Efe que el elevado número de llegadas de inmigrantes en Canarias y la pandemia "está desvirtuando un poco el sentido de la acogida".
