Adaptando el refrán, se podría decir que "con la piqueta hemos topado". Y es que la amenaza del ladrillo se cierne en estos momentos con especial desconcierto sobre la localidad cántabra de Santoña. Al ayuntamiento y a sus dueños poco parece importarles que su antiguo hospital militar, un palacio barroco del siglo XVIII fundado durante la ocupación napoleónica de la ciudad y único de esta época en Cantabria, fuera declarado en 1972 monumento histórico-artístico de carácter provincial y trece años después, bien de interés cultural. Sus planes pasan por derribar el ala oeste con el argumento de que esta parte "carece de valor" para después construir bloques de viviendas de cuatro y cinco alturas a unos diez metros del también llamado Casa-Palacio de los Marqueses de Chiloeches.
Desde la asociación en defensa del patrimonio cultural Hispania Nostra, que recientemente lo ha incluido en su Lista Roja de Patrimonio, advierten de que "está a punto de producirse un grave atentado contra el acervo histórico". Razonan que la operación urbanística y la desprotección y destrucción del BIC se ponen de manifiesto en el contrato suscrito el 22 de enero de 2014 entre el ayuntamiento y la propiedad privada del conjunto, donde se dice que "el anexo carece en realidad de valor arquitectónico, no está incluido en la declaración de Bien de Interés Cultural y su presencia, adosada a la casa-palacio, afecta a su percepción, alterando su comprensión como un edificio exento". Algo que Hispania Nostra tacha de "falso" al considerar que "está claramente incluido en la protección otorgada por la Orden de 1974".
"El Ayuntamiento quiere proceder al derribo del ala del palacio sin realizar el menor estudio histórico", dice Hispania Nostra
"Es un caso insólito, tremendo, pretenden quitarle esta protección legal", destaca su vicepresidente ejecutivo, Carlos Morenés. Y no sin preocupación, añade: "No conocía ningún caso de un bien de interés cultural al que se le retire la protección para construir viviendas".
En este sentido, Morenés apunta que "algo huele muy mal" y acusa al Ayuntamiento de Santoña, gobernado desde las pasadas elecciones municipales de mayo por el PSOE con dos concejales del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y uno independiente, de "una falta absoluta de profesionalidad y una notoria ignorancia e insensibilidad ante el patrimonio histórico porque la parte que quieren derribar forma parte del conjunto del palacio".
Precisamente en este punto es donde se ha generado un lío morrocotudo. Mientras que los expertos en patrimonio aseguran, basándose en la Carta de Venecia, que “la gran mayoría de los edificios históricos se conforman con un proceso acumulativo de arquitecturas en el tiempo que no se deben eliminar arbitrariamente para dejar exenta la más primitiva” y que estas aportaciones “enriquecen al edificio”, el Ayuntamiento no opina lo mismo. Para el consistorio, máximo garante del patrimonio local, es, sin embargo, “un postizo sin valor que perturba el conjunto”. La guerra, como es previsible, está servida.
“El asunto huele muy mal”
"Ellos lo califican de anexo cuando en realidad es parte integrante, es un todo, no un anexo. Es una ligereza profesional como la copa de un pino. Además dicen que data del siglo XIX cuando es del XVIII y luego no motivan que no tenga valor. Alegremente dicen que no tiene valor y por tanto, le retiran el BIC. El asunto me huele muy mal, sobre todo, cuando hay una operación urbanística detrás", dice Morenés. E insiste: "Es un caso realmente escandaloso, no conozco otro así. En lugar de emplear argumentos sólidos, porque no los tienen, utilizan argumentos falsos".
Esta misma postura la comparte la abogada cántabra y activista del patrimonio Silvia Ayestarán. Involucrada en este caso desde el año pasado, ella lo tiene claro: “No hay discusión alguna: el valor histórico de este edificio es innegable. No se puede tirar ni en todo ni en parte”. Preguntada por la postura del ayuntamiento, Ayestarán la califica de "barbaridad" y de "despropósito". Hasta la redacción de estas líneas, más de 1.000 personas han firmado una petición en la plataforma Change.org para "salvar" el antiguo hospital militar de Santoña.
"No quiero tomar ninguna decisión sin tener en cuenta al Gobierno de Cantabria", dice el alcalde de Santoña
Mientras, el alcalde santoñés, Sergio Abascal, se defiende señalando a Vozpópuli que “a día de hoy, el ala no está protegida". "No hay que ser un experto, yo lo tengo claro: no es bien de interés cultural”, remata al tiempo que alega que actualmente el anexo no goza de protección, pese a que así lo exige la ley cántabra, y que él no entra en si debiera serlo porque, dice, a él no le compete. Entre sus argumentos, se encuentra que en la descripción histórica del conjunto artístico “no se dice nada de laterales y que las referencias tanto a la fachada como al balcón sólo son para el palacio, no para el ala”.
“Es la finca más golosa”
En el cruce de acusaciones entre activistas del patrimonio cultural local y el equipo de Gobierno, los primeros no dudan en que el asunto tiene tintes de pelotazo urbanístico mientras que los segundos defienden a capa y espada que son dos edificios distintos no contemporáneos y que no hay necesidad de proteger una construcción bajo cualquier premisa. Llegados a este punto, Abascal sostiene que “puede que se haya generado confusión e igual la gente piense que se va a derribar todo el palacio”.
Entre los que apuestan por el supuesto pelotazo que podría haber detrás se encuentra Antuan Ayllón, responsable de la Asociación Buciero Salvaje y activista en defensa del patrimonio cultural de Santoña. “Se trata de la finca más golosa del pueblo a nivel urbanístico”, dice. “Evidentemente huele a corrupción porque aunque el ayuntamiento es el máximo garante del patrimonio, encabeza la maquinaria pesada para derribarlo”.
Plan general de ordenación urbana vigente para la finca en cuestión
En esta línea también se manifiesta Ayestarán, que no duda en advertir a los responsables gubernamentales de que en caso de llevar a cabo el derribo estarían cometiendo un delito que podría suponer su inhabilitación. “La intención de derribar parte del palacio sólo se entiende en el hipotético caso de que hubiera una comisión ilegal. Es la única explicación. El ayuntamiento tiene la competencia exclusiva de crear o modificar los planes generales de ordenación urbanística y sin embargo, el de Santoña se comprometió a pagar una indemnización a los propietarios en caso de no llevarse a cabo el convenio. ¿Por qué firma una indemnización si es libre?". Preguntado por este aspecto, Abascal tira de la herencia recibida. "Eso lo firmó la anterior alcaldesa". "Del PP", recuerda.
Por si fuera poco, el caso se complica aún más porque todos los partidos que gobiernan, excepto la Agrupación de Electores Santoñeses, están a favor del derribo. Y aunque desde la plataforma insisten en que puede ser un caso de corrupción urbanística, el alcalde lo niega. “No voy a permitir ningún pelotazo urbanístico”, afirma tajante. Mientras, el hospital sigue en ruinas.
El siguiente paso: ¿la Fiscalía?
Con estos mimbres, el regidor santoñés asegura que su próximo paso será pedir a los técnicos del Gobierno cántabro que revisen toda la documentación y se pronuncien sobre si el ala está incluida o no en la declaración de bien de interés cultural y si debiera tener protección. “No voy a dar ningún paso hasta que no se aclare todo, por el momento no se va a demoler nada”, dice Abascal en un intento de tranquilizar a la opinión pública. “Vamos a escuchar a todos y después se tomará una decisión. No quiero demonizar a la propiedad, que sé que también han sufrido mucho estos años”.
"Estamos en la tarea de ver si hacemos que el ayuntamiento entre en razón", dice la abogada Silvia Ayestarán
Tras garantizar que la última palabra del Ayuntamiento de Santoña irá en la línea de lo que diga el Gobierno regional, Abascal lanza un llamamiento a lograr una solución ya que “si no se actúa, se va a venir todo abajo y lo vamos a perder”. Pese a ello, aún no manejan ninguna previsión de fechas.
Por su parte, la plataforma también esperará a septiembre para definir cuál será su próxima actuación. El próximo mes tienen fijada una reunión con el servicio de Patrimonio de la Consejería de Cultura del Gobierno cántabro. No dudan en advertir que si de tal cita no consiguen una protección, como ya han solicitado hasta en tres ocasiones sin recibir ningún tipo de respuesta, “no nos quedará más remedio que acudir a la Fiscalía” e interponer una denuncia contra el secretario del ayuntamiento, el arquitecto municipal y el propio servicio de Patrimonio.
“Es muy triste que tengamos que ser los ciudadanos los que estemos al pie del cañón y que no aparezcan jueces ni fiscales ante una operación que es ilegal”, opina al respecto Ayllón. “Pensaban que nadie iba a levantar la voz y ahora estoy convencido de que no les va a quedar otra que recular”, concluye esperanzado. Su deseo: que Santoña conserve un edificio histórico. “No quiero que seamos tan zopencos”.
Y citando a Peridis, Ayestarán zanja: “Si no hay patrimonio no hay memoria, y si no hay memoria, no somos nadie”.
