Carlos Torres no ha desvelado los detalles clave de las reuniones internas del BBVA a tenor de los contratos con José Manuel Villarejo. El presidente del banco, citado en la Audiencia Nacional como testigo por la vinculación de la entidad con el comisario, ha protagonizado una incómoda declaración que se ha alargado tres horas y en la que ha protegido al máximo las reuniones secretas que se celebraron en 2018 por este asunto.
Así lo confirman fuentes presentes en el interrogatorio a Vozpópuli, las cuáles indican que gran parte de su declaración se ha centrado en las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción. El representante del Ministerio Fiscal le ha comenzado recordando que su comparecencia se debe exclusivamente a la negativa de la jefa del servicio jurídico del BBVA, María Jesús Arribas, de declarar también como testigo el pasado 21 de julio.
Cabe destacar que la Fiscalía ya advirtió antes de la cita de Arribas en sede judicial que pediría la declaración de Carlos Torres si la abogada no resolvía las dudas de los investigadores. El asunto se centra en unas reuniones celebradas el 15 y 22 de octubre de 2018 por el bautizado como Comité Global de Corporate Assurance donde se iba a dar cuenta de manera confidencial de las actuaciones a seguir en el banco tras destaparse que durante 17 años el BBVA encargó contratos a Villarejo por los que pagó 10,23 millones de euros.
Torres dice que no supo nada hasta 2018
El silencio de Arribas -que se acogió a su derecho a no declarar aduciendo a que forma parte del equipo jurídico del banco- abrió la puerta a la comparecencia de Torres. El banquero ha negado en primer lugar cualquier incumplimiento del Código ético del BBVA en su etapa como directivo de Estrategia y de Banca Digital y ha dicho que conoció todo lo relativo a los contratos con Villarejo a mediados de 2018.
En relación a la firma de los encargos previos -que el banco atribuye al que fuera jefe de Seguridad Julio Corrochano- Torres ha dicho que le dio poderes para ello la comisión delegada del Consejo. Corrochano es uno de los señalados por estos trabajos junto con el exjefe de Riesgos Antonio Béjar, de quien ha admitido reuniones pero en el marco de los proyectos de Distrito Castellana Norte, firma que dirigía Béjar antes de su imputación en la causa y posterior despido del banco.
Del mismo modo Anticorrupción le ha preguntado por los episodios relativos a su etapa como consejero delegado del banco (entre 2015 y 2018) aunque también se ha desligado de todo. Así por ejemplo, se ha desmarcado del proyecto Gossip (centrado en un presunto espionaje a periodista Eduardo Inda) o también del proyecto Pin contra el presidente de Ausbanc, Luis Pineda.
El requerimiento del Sepblac
Los investigadores sospechan que la cúpula del banco era conocedora de estas contrataciones que se giraron a la empresa Cenyt al menos antes de que en 2018 encargaran una investigación interna. Al respecto aluden a la información que reclamó el Sepblac en 2017; esto es, un año antes de que el BBVA iniciara las pesquisas internas.
Torres -cuya comparecencia ya se solicitó el año pasado- ha dicho que no supo "nada" de los requerimientos recibidos de la unidad de inteligencia financiera, lo que ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción a repreguntarle por ello, teniendo en cuenta que era el CEO del banco. Al respecto ha insistido en que lo supo 'a posteriori', tras la salida de Francisco González de la presidencia.
En relación a las reuniones a puerta cerrada de 2018 que él mismo presidió se ha ceñido a "lo que consta en el acta". Para Anticorrupción los encuentros que se celebraron el 15 y 22 de octubre son especialmente relevantes, aunque solo consta el acta del segundo encuentro. Según esta última, el Comité lo integraban el propio Torres; el exdirector de los servicios jurídicos Eduardo Arbizu; el director de Riesgos, Rafael Salinas; el director de Auditoría Interna, José Luis de los Santos; y el también exresponsable jurídico Eduardo Ortega.
Al inicio de dicho encuentro tomó la palabra Arbizu para exponer que el motivo de la reunión extraordinaria era dar cuenta de las actuaciones realizadas hasta el momento por parte de los Servicios Jurídicos en relación con los contratos de Cenyt.
Un "comité restringido"
Sobre este asunto Carlos Torres ha dicho que lo que hizo Arbizu en ese encuentro fue dar cuenta del estado de la información, pero no del requerimiento del Sepblac o de la CNMV. Aquí de nuevo la Fiscalía Anticorrupción le ha reprochado que el 24 de ese mes él ya tenía conocimiento de todo lo ocurrido.
Sobre ello ha recordado que el BBVA -que figura imputado como persona jurídica- decidió impulsar un "comité restringido" e investigar todas las informaciones que se estaban publicando en prensa debido al daño reputacional que ello suponía. El banco encargó esa labor a los despachos Garrigues y Uría Menéndez.
Ya a principios de 2019, con Torres como presidente, Garrigues ordenó un forensic a Pwc. Precisamente este trabajo ha sido uno de los puntos que más conflicto ha generado en el procedimiento, especialmente tras la primera declaración de los peritos responsables, los cuáles confirmaron que algunas de las evidencias detectadas (conocidas como hits) no se incluyeron en el informe. Destacan, entre las mismas, las alusiones a Pineda o al propio Torres.
En relación a la investigación interna, Torres tampoco ha sabido aclarar quién ordenó cambiar a De los Santos por el jefe de auditoría interna y antigua mano derecha de Francisco González, Joaquín Gortari. El banquero ha dicho que probablemente fue una decisión del presidente saliente, esto es, de FG.
Lo que sí ha aclarado es que el cambio de responsable no tuvo nada que ver con la investigación. Además del fiscal Anticorrupción también ha preguntado Luis Pineda, quien ha comparecido en el acto en su condición de abogado. Por su parte, fuentes del BBVA precisan que Torres ha declarado "con total normalidad" contestando a las preguntas del Ministerio Fiscal y las partes.
El correo de 2017
Con su comparecencia Torres no ha despejado las incógnitas de los investigadores en relación a estos contratos y, en especial, del momento exacto en el que la actual cúpula del banco tuvo conocimiento del asunto. En el caso de Arribas, la Fiscalía quería preguntarle por un correo que recibió el 10 de noviembre 2017 bajo el asunto 'Cenyt Carta terminación" y que demostraría que conocía de las contrataciones con Villarejo antes de 2018.
"Si la terminación del contrato firmado el 1 de junio de 2016 entre BBVA y Cenyt fue consecuencia de lo informado en tal respuesta, y si la letrada encargada de realizar el documento se lo envió a Arribas, la consecuencia es que ésta también estuvo informada de todo y, a tal fecha, no se había iniciado proceso alguno de revisión interna, por lo que difícilmente su conocimiento pudo ser como consecuencia del trabajo inicial de recopilación de documentación referente a Cenyt que precedió a la investigación interna forense", indicó Anticorrupción en su escrito de julio.
