La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que ha citado a declarar como investigado por el 8-M al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, no es la primera vez que se encuentra bajo los focos mediáticos. Ya el 8 de agosto de 2018 esta instructora envió al Tribunal Supremo una exposición razonada en la que pedía que se investigara al líder del Partido Popular, Pablo Casado, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio.
El Alto Tribunal no vio delito en la convalidación del máster de la Universidad Rey Juan Carlos a Pablo Casado, pero sí dio un tirón de orejas al líder de la oposición aludiendo a que podía haber recibido un posible trato de favor. Al final, Rodríguez-Medel acordó procesar a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, que está a la espera de juicio.
La investigación del caso Máster granjeó a la juez numerosas quejas por parte de sectores de la derecha, que no entendían que la hija y hermana de guardias civiles, que fue asesora del ministro Rafael Catalá en el Gobierno de Mariano Rajoy, y que además está asociada a la conservadora Asociación Profesional para la Magistratura (APM), investigara a Casado y Cifuentes.
Carmen Montón
Sin embargo, en el caso Máster no solo fueron acusados políticos del PP, ya que la magistrada también abrió diligencias contra la exministra socialista de Sanidad Carmen Montón, que había cursado un máster en la Rey Juan Carlos. Al igual que pasó con Casado, las pesquisas fueron archivadas.
Quienes la conocen, destacan la capacidad de trabajo de Rodríguez-Medel, que es muy exigente con los funcionarios del juzgado, pero también con la Fiscalía. Quizá por eso, de forma reciente devolvió al Ministerio Fiscal en Madrid unas diligencias penales que le habían remitido sin haber realizado una investigación solvente sobre el fallecimiento de mayores en una residencia en la Comunidad de Madrid.
Durante la pandemia sorprendió a todo el mundo al aceptar una denuncia contra el delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, y encargar a la Guardia Civil y a un perito médico los informes que han vinculado en mayor o menos medida a la protesta del 8-M con la expansión del coronavirus.
Experta contra la corrupción
Pese a los reveses del caso Máster, lo cierto es que esta juez es una experta en investigar la corrupción. Y por ello participó junto a destacados magistrados, como es el caso del que fuera instructor de los casos Gürtel y Pujol Pablo Ruz, del presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, y del decano de los jueces centrales de Instrucción, Santiago Pedraz, en la elaboración promovida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de la “Guía práctica de actuación en la tramitación de causas complejas por corrupción”.
La magistrada, que ahora ha sido criticada desde la izquierda política, ya está acostumbrada a estar bajo el foco informativo. Ya en Marbella, en uno de sus primeros destinos como juez, se hizo cargo de una causa de repercusión internacional, la que se abrió contra el actor Sean Connery y su esposa francesa. Al final solo fueron condenados los abogados del artista británico.
En su curriculum, en el que consta que se licenció en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid en 1995, también destaca que participó en la instrucción del caso Minutas, por el que acabó en prisión el expresidente del Sevilla CF José María del Nido.
