Un testigo del caso IVAM ha declarado este martes ante la jueza que investiga posibles irregularidades en la gestión del Instituto Valenciano de Arte Moderno que la exdirectora Consuelo Císcar solía devolver el sobrante de las dietas para desplazamiento que se le entregaban en billetes de 500 euros.
Según han indicado fuentes del caso, este testigo era el responsable de la caja fija del IVAM durante la etapa en la que Císcar estuvo al frente de la entidad, y ha ratificado una declaración anterior que prestó ante la policía.
Las dietas a las que ha hecho referencia se las entregaba el museo a Císcar cuando había de afrontar algún desplazamiento y no incluían el transporte, ya que los billetes los pagaba directamente el IVAM.
Este testigo ha explicado a la jueza instructora que Císcar no solía devolver ningún sobrante de estas dietas, aunque cuando lo hacía solía entregar billetes de 500 euros, lo cual generaba problemas a los administrativos, que tenían que cambiarlos en el banco.
Por otra parte, una conservadora del museo, que ha declarado también en condición de testigo, ha negado que la firma que aparece en el acta de la comisión que acordó la adquisición de una obra de Gerardo Rueda ("El Gran Relieve") sea la suya.
Según consta en un informe elaborado por Comisión de donaciones y legados del IVAM a instancias de la Intervención General de la Generalitat, el valor de esta obra "no debiera superar el 10 % de lo que se pagó en su día, al tratarse de una copia póstuma".
En ese informe se advirtieron diferencias de hasta el 1.520 % entre el precio de adquisición de determinadas obras de arte por parte del IVAM bajo la gestión de Císcar y el valor que éstas podrían alcanzar en el mercado.
El caso IVAM, que se inició en julio de 2015 tras una denuncia de la Fiscalía, investiga los supuestos sobrecostes en la adquisición de obras de arte y en la contratación de publicaciones, además del posible uso de los medios del museo para la promoción artística del hijo de Consuelo Císcar.
Esta causa está abierta por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad documental contra diez investigados, entre ellos la exdirectora del IVAM, su hijo -y del exconseller condenado por corrupción Rafael Blasco- y subdirectores y técnicos de diferentes áreas del centro artístico.
