La Policía Nacional es una institución con 65.000 funcionarios que en ocasiones escribe con renglones torcidos. En su seno, siempre en la sombra, se hizo imprescindible durante años un comisario ahora por todos conocido llamado José Manuel Villarejo. Pero no actuaba solo, contaba con una corte de colaboradores que la investigación del ‘caso Tándem’ está sacando del anonimato uno a uno para que respondan ante los tribunales. La lista ya afecta a una docena (12) policías entre los que hay altos mandos de la institución y agentes de escalas inferiores.
Excompañeros de algunos de los investigados consultados por Vozpópuli coinciden al decir que acercarse a Villarejo (1) o a sus amistades dentro del Cuerpo era sinónimo de estatus y protección por parte de las autoridades policiales y políticas de los sucesivos ministerios del Interior. Entrar en su círculo de confianza -lo que el excomisario llamaba “el gremio duro”- era muchas veces el camino más rápido para optar a puestos de responsabilidad, condecoraciones pensionadas o incluso una situación económica más desahogada.
La Fiscalía Anticorrupción definió ese “gremio duro” como un “clan policial mafioso” que “infectó” el Cuerpo. Esa es la conclusión a la que llegan después de escuchar alguna de las grabaciones de Villarejo: “tengo gente que es formal, antiguos colegas, jubilaetes (..) tíos normales que yo he ido formando (...) son absolutamente incondicionales (...) son tíos muy, muy míos que han estado conmigo veinte años currando”. Esta es sólo una de las muchas conversaciones que se acumulan encima de la mesa de los investigadores y permiten dibujar un contexto de impunidad.
Lo que ha salido a la luz es que Villarejo accedía presuntamente a bases de datos policiales para garantizar el éxito de investigaciones privadas que realizaba para clientes adinerados al margen de la Policía. Según la Fiscalía, en ese proceder fue clave Enrique García Castaño, alias ‘el Gordo’ (2). Durante años estuvo al frente de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información. Fuentes del Cuerpo definen así su poder a este periódico: “en la Policía nadie ponía un micrófono sin que ‘el Gordo’ lo supiera”. Su mujer y compañera María Celia Castro (3) también está entre los funcionarios policiales investigados.
"Hemos perdido diez años"
'El Gordo' era el encargado de suministrar los dispositivos de escucha a las unidades investigadoras, tratar con confidentes, relacionarse con servicios de información extranjeros o pedir datos a las compañías telefónicas. Era el perfil perfecto para Villarejo, que siempre se autodefinió como un agente encubierto. Tras un pasado de enfrentamiento allá por la década de los noventa, era cuestión de tiempo que ambos se acabaran encontrando y eso sucedió en 2005. “Hemos perdido diez años de haber ganado un poco de amor, tendremos que recuperarlo”, le dijo Villarejo a García Castaño en el preludio de una prolija colaboración. En realidad no era amor, sólo eran negocios.
El pasado 5 de septiembre acudió a declarar como investigado a la Audiencia Nacional un actor secundario de esta trama, un subinspector con 17 años de servicio en la Comisaría General de Información llamado Javier Fernández Pérez (4). Ante las preguntas del fiscal admitió haberle suministrado datos confidenciales a un antiguo jefe suyo en la Policía ya retirado del Cuerpo llamado Antonio Bonilla (5).
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Bonilla es conocido como “Boni” por Villarejo y sus colaboradores, fue detenido el mismo día que Enrique García Castaño. Los datos que le suministró su leal exsubordinado tenían que ver con una de las investigaciones privadas de Villarejo. Bonilla es un “jubilaete” de la Policía que tenía una cuenta de correo a su nombre en la empresa Cenyt del excomisario y un puesto como director de Operaciones. Entre 2013 y 2017 facturó 69.000 euros por hacer informes al BBVA, trabajos ahora bajo investigación. Por su parte, el subinspector Fernández sólo acertó a decir al juez que desconocía la prohibición de difundir datos reservados.
Un papel parecido jugaron los inspectores Manuel Novoa Martínez (6) y Juan José Díez Álvarez (7), ambos jubilados también de la Policía. Se les investiga por haber accedido en su día a las bases de datos policiales. Suministraron presuntamente a la red datos confidenciales para otra de las investigaciones privadas de la ‘factoría Villarejo’ por la que Cenyt llegó a cobrar al menos 300.000 euros, según calculan los investigadores.
Unos de fondos reservados
La mayoría de tramas que hasta ahora integran el ‘caso Tándem’ tienen que ver con negocios privados paralelos a la actividad policial. Pero también se investiga el uso de fondos reservados procedentes del Ministerio del Interior del PP para financiar la ‘operación Kitchen’: el robo de documentación sensible al extesorero del partido Luis Bárcenas sin control judicial. Buscaban información que pudiese afectar a al partido dirigido por Mariano Rajoy.
Por estos hechos desfilan esta semana por la Audiencia Nacional más policías, empezando por el exchófer de Bárcenas Sergio Ríos (8) al que Villarejo logró captar a base de fondos reservados. Casualmente, luego Ríos ingresó en el Cuerpo, que ahora le ha abierto un expediente disciplinario al estar imputado. El pasado martes declaró durante casi tres horas y según logró confirmar eldiario.es, admitió que la persona que le captó para este encargo fue Andrés Gómez Gordo (9), quien durante unos años dejó el Cuerpo para ser asesor personal de la exsecretaria del PP, María Dolores de Cospedal, durante su etapa de presidenta de Castilla-La Mancha.
El Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande Marlaska remitió hace semanas un informe a la Audiencia Nacional en el que admitía esta operación. Este viernes desclasificará más documentos al respecto que remitirá al juez. Vozpópuli ha tenido acceso al inventario de la documentación incautada a Villarejo en la que aparecen datos sobre pagos de 2.000 euros al chófer de Bárcenas. Sin embargo, este jueves Eugenio Pino (10) el ex jefe de Villarejo y mando de confianza del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, lo ha negado.
Eugenio Pino y Fernández Díaz representan esa condición de intocable que durante años se le otorgaba a Villarejo dentro del Cuerpo. Basta recordar las declaraciones del exministro Jorge Fernández Díaz loando los servicios al Estado del excomisario cuando se supo que participaba en 12 sociedades con un capital de 16 millones de euros. Se anunció una investigación interna al respecto, pero nació muerta y se cerró en falso a los pocos meses. Otro ejemplo de esa protección son las cartas en defensa de Villarejo que remitieron a la Audiencia Nacional los tres máximos responsables de la Policía que tuvieron bajo su mando al cabecilla de la ‘operación Tándem’ entre 1993 y 2016.
Es casi el cuarto de siglo que va desde Agustín Linares, su primer padrino en el Cuerpo, hasta Eugenio Pino. Algunos de los amigos de Villarejo no están investigados, al menos de momento, pero las grabaciones evidencian otras estrechas colaboraciones. Es el caso, del comisario José Luis Olivera, uno de los mandos que más poder acaparó en Interior. Villarejo ofreció sus servicios a Cospedal para torpedear el caso Gürtel. “Es un hombre nuestro”, le dijo a la dirigente popular en 2009.
Muchas cosas han pasado desde las primeras detenciones en noviembre de 2017 cuando fue arrestado otro comisario llamado Carlos Salamanca (11). Se le investiga, entre otras cosas, por aprovecharse de su puesto como responsable de la comisaría del aeropuerto de Barajas para dar un trato de favor a ciudadanos guineano a cambio de regalos. En su casa encontraron un certificado de una pulsera de zafiros y diamantes, un boleto de lotería premiado con 800.000 euros, bolsos de Chanel y Louis Vuitton, entre otros objetos de lujo.
La lista la completa -por ahora- un inspector de Policía llamado Manuel Guillén (12), que se convirtió en la primera víctima involuntaria de las grabaciones del excomisario. Según adelantó La Vanguardia, Guillén, vecino de Villarejo en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, se encontraba ya inmerso en una investigación previa de Asuntos Internos por la que había sido detenido y posteriormente puesto en libertad. Villarejo le grabó diciendo que los agentes no le habían encontrado una importante cantidad de dinero que escondía en casa de su hija así como una serie de armas que en su día pertenecieron a ETA.
La protección de la que gozó Villarejo desde los despachos hace imposible descartar que la lista de personas implicadas siga creciendo, también hacia arriba. Ninguna de las fuentes consultadas se atreve a decir dónde está el final de una causa que mantiene en vilo a policías y políticos. Hay un argumento que se repite prácticamente en todos los investigados, también Villarejo: se escudan en que tan sólo cumplían órdenes, que sus superiores estaban informados.
