La 'Operación Edu' se ha convertido en ocho causas diferentes. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha remitido en los últimos días a los jueces decanos de cada una de las provincias andaluzas sendos informes sobre las irregularidades en los cursos para parados de la Junta detectadas en cada uno de sus demarcaciones. La decisión de los agentes se produce menos de un mes después de que la Fiscalía Anticorrupción descartara asumir el caso y judicializarla en la Audiencia Nacional. Hasta ahora, sólo un magistrado, el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, había abierto diligencias respecto a los delitos cometidos en su provincia. Ahora tendrá otros siete compañeros en la investigación del fraude masivo en la formación para desempleados.
Las pesquisas policiales en Granada han destapado una estructura muy organizada en esta provincia. En Córdoba, el juez que ha asumido el caso ha decretado el secreto de las actuaciones
Con los informes sobre la mesa, los jueces decanos procederán a su reparto. Algunos ya lo han hecho, como el de Córdoba, donde ha recaído en el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de la ciudad, José María Escribano, quien inmediatamente ha decretado el secreto de las actuaciones. En Sevilla y Granada, donde este jueves era festivo, la decisión aún no se conoce. No obstante, donde están más avanzadas las pesquisas es en Málaga. Allí un juez se hizo cargo de las diligencias el pasado 4 de junio después de que el fiscal jefe en esta provincia, Juan Carlos López Caballero, le hiciera entrega del exhaustivo informe realizado por la UDEF sobre la adjucación de cursos para parados que hizo el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en diciembre de 2010. Aquellas pesquisas han detectado un agujero de algo más de 1,5 millones de euros del que beneficaron supuestamente 17 empresas.
También están algo avanzadas en Almería, donde la Fiscalía de esta provincia había recibido hace unos días de mano de sus colegas de Málaga la parte de las pesquisas que afectaban a empresas locales. A los representantes del Ministerio Público de Sevilla también había llegado documentación recientemente en el mismo sentido. Sin embargo, el fraude va mucho más allá de estos tres territorios y, de hecho, en sus últimas pesquisas la Policía había detectado incluso una estructura muy organizada en Granada, así como graves irregularidades en Cádiz, Huelva, Jaén y Córdoba. Ahora, en todas estas provincias se iniciarán investigaciones independientes con nexos en común, ya que algunos de los empresarios aparecen presuntamente implicados en varias de ellas con distintas mercantiles. También se investigará el papel de la Junta en todas ellas, ya que algunos indicios apuntan a la supuesta implicación de varios altos cargos, entre ellos antiguos consejeros del Gobierno regional.
La negativa del fiscal Salinas
Este movimiento ha supuesto un importante impulso a una investigación que se inició hace más de un año pero que se había atascado precisamente por las reticencias de la Fiscalía a judicializarla en plena precampaña de las elecciones Europeas. Sin embargo, no es el camino judicial que deseaba la UDEF. Fuentes policiales apuntan que hubieran preferido que, dado la extensión territorial del fraude, se hubiera hecho cargo de la mismas la Audiencia Nacional para mantenerlas unidas. Sin embargo, en sus pretensiones se ha chocado con la negativa de la Fiscalía Anticorrupción y, más en concreto, de su máximo representante, Antonio Salinas. El pasado 22 de mayo, éste y representantes de las Fiscalías de las diferentes provincias andaluzas celebraron en Madrid una reunión para analizar los pasos a dar con la 'Operación Edu' después de que la UDEF entregara el pasado 7 de mayo un informe de más de 1.700 folios. Este encuentro se produjo precisamente a instancias del máximo responsable de la institución, quien parecía decidido a inplicarse directamente en el caso ante la magnitud del fraude al que apuntan las investigaciones policiales.
El fiscal jefe de Anticorrupción descartó llevar el caso a la Audiencia Nacional y se ofreció únicamente a coordinar a sus subordinados para unificar criterios de actuación
Sin embargo, finalmente no fue así. El máximo responsable de Anticorrupción aseguró a sus colegas y a la Policía que los delitos investigados no eran competencia de la Audiencia Nacional y que, por tanto, su Fiscalía no se iba a involucrar directamente en ellas. Salinas sólo se mostró dispuesto a coordinar a sus subordinados andaluces sobre la línea de actuación a seguir si así se lo pedían estos. Un apoyo que le había solicitado, precisamente, el fiscal de Málaga, López Caballero, con el que había trabajado codo con codo en el pasado cuando este último formó parte de Anticorrupción en Málaga y llevó el 'caso Malaya' antes de ser ascendido a fiscal jefe provincial. Ante esto, los agentes de la UDEF decidieron 'pisar el acelerador' y dividir las pesquisas por provincias, avanzando en todas ellas a la vez para poder entregar el pasado martes los informes individualizados en cada una de ellas.
Alaya quiere la 'Operación Edu'
No obstante, en esta batalla jurídica hay otro personaje en liza. Se trata de la juez sevillana Mercedes Alaya, célebre por instruir el 'caso de los ERE' y que a mediados del pasado mes de mayo, cuando aún no se había producido el encuentro en Anticorrupción, solicitó formalmente a la Fiscalía de Málaga los informes de la UDEF sobre la 'Operación Edu'. Su objetivo: estudiar si había conexiones entre estas diligencias, las número 206/2013, con otras investigaciones abiertas por ella para, de este modo, reclamar las primeras.
La juez Alaya solicitó en mayo una copia del informe de la UDEF para buscar conexiones con otras diligencias suyas y poder reclamar la instrucción de la 'Operación Edu'
La magistrada llevaba ya entonces semanas maniobrando para hacerse cargo del caso, sobre todo desde que un informe a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que es con quien trabaja en el 'caso de los ERE', afirmase que su juzgado, el número 6 de Sevilla, era el que llevaba más tiempo investigando un caso de fraude en los cursos de formación para parados en Andalucía. En concreto, desde el año 2009, cuando abrió una pieza separada del célebre caso que instruye y que mantuvo secreta hasta hace sólo unos meses. Su existencia se conoce, de hecho, sólo desde el pasado octubre, cuando la juez ordenó al Instituto armado una operación en toda Andalucía en la que se registraron diversas sedes de la Unión General de Trabajadores (UGT), entre ellas la principal de Sevilla y el archivo que el sindicato tiene en la ciudad de Córdoba.
Sin embargo, el informe de la Benemérita no se refiere a la 'Operación Edu', sino a un caso menor de fraude en cursos de formación. En concreto, el que instruye desde agosto de 2012 el Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras tras la denuncia de una docente que destapó la existencia de supuestas irregularidades en un curso de auxiliar de geriatría que se impartía en esta localidad. El documento de la Guardia Civil ha tenido un efecto inmediato en este caso, ya que la titular de este juzgado gaditano, que acababa de asumir el puesto tras relevar a su antecesora la pasada Semana Santa, ha pedido ya inhibirse en la causa que instruye en favor de su colega sevillana.
Una decisión que cuenta con el apoyo del fiscal del caso, pero no de la empresa investigada, la Asociación de Apoyo al Medio Ambiente Natura, ligada al exconsejero de la Junta Ángel Ojeda Avilés, cuyo nombre aparece también en los informes de la 'Operación Edu'. La representación legal de esta mercantil ha presentado ya un recurso de apelación y otro de reforma en contra de entregar la causa a la magistrada sevillana, según confirmaron a este diario fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El primero tiene que ser resuelto por la propia juez de Algeciras, que probablemente se ratificará en su inhibición ya que cuenta con el apoyo del representante del Ministerio Público. El segundo tendría que resolverlo la Audiencia Provincial de Cádiz.
