Dos policías en el banquillo, graves acusaciones entre mandos policiales y el mayor escándalo de la lucha antiterrorista de los últimos años. El juicio del caso Faisán que se celebra estos días en la Audiencia Nacional ha sacado a la luz algo más que los detalles del chivatazo que obligó a retrasar el 4 de mayo de 2006 una operación contra la red de extorsión de ETA que tenía como sede un bar de Irún (Guipúzcoa). Las declaraciones de uno de los mandos acusados y las de varios de los agentes que investigaron el soplo han destapado lo que durante los más de siete años de investigación se vivió tras las bambalinas del sumario: una guerra interna entre policias con un cruce intenso de graves acusaciones incluido. Lo que durante todo este tiempo había sido simplemente un secreto a voces, ahora son duras afirmaciones vertidas delante de un tribunal.
El principal imputado por el 'chivatazo' acusa a un alto mando policial de mantenerle sin motivo al margen de la operación contra la trama de extorsión de ETA que el soplo obligó a retrasar
El primero en sacar el 'hacha de guerra' durante la vista fue el principal acusado del caso Faisán, el comisario Enrique Pamies. El que fuera jefe Superior de Policía del País Vasco aprovechó su declaración para poner de manifiesto que, pese a ser el responsable policial en el País Vasco cuando aquel 4 de mayo de 2006 se debían realizar las detenciones de la trama de extorsión etarra, nadie le informó del operativo y tuvo que enterarse por terceros y casi por casualidad. Cuando el fiscal del caso le preguntó por qué creía que fue marginado en la preparación de dicho dispossitivo, Pamies rápidamente reconoció que todo estaba motivado por "no tener sintonía" con el entonces comisario general de Información, Telesforo Rubio, máximo responsable de la lucha antiterrorista en el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que más tarde sería cesado.
El principal acusado de chivatazo aseguró entonces que, ante la situación creada, incluso llamó personalmente al director general de la Policía, entonces Victor García Hidalgo, el único político que ha estado imputado en el caso Faisán aunque luego fue excluido de la causa, para quejarse de que le mantuvieran al margen de la operación: "Le dije que cómo demonios el comisario general de Información hacía una operación sin tener la deferencia al menos de informarme". Pamies aseguró que esta situación sólo cambió cuando Rubio fue sustituido en su cargo por el comisario Miguel Valverde, máximo responsable de la lucha antiterrorista hasta la llegada del PP al poder.
Enfrentado a sus jefes
También critico con la actuación policial de aquellos días, aunque en un sentido muy distinto, fue el comisario Carlos Germán, el encargado de la investigación que destapó el chivatazo. Según recalcó en su largo testimonio ante el tribunal, este policía supuestamente recibió amenazas de sus jefes y, más en concreto, del entonces director adjunto operativo, Miguel Ángel Fernández Chico, tras enterarse la Direccion General de la Policía en septiembre de 2004 que había elaborado un informe para el juez instructor del caso en el que apuntaba la supuesta implicación en el soplo del máximo responsable del Cuerpo, García Hidalgo. Según el testimonio del investigador, sus superiores le amenazaron con elaborar un informe paralelo para rebatir esas conclusiones.
El responsable de la investigación detalló al tribunal hasta tres incidentes con sus superiores por reflejar en sus informes la implicación de otros agentes y del director general en el 'chivatazo'
No fue el único incidente con sus superiores que el comisario detalló durante su comparecencia como testigo. También aseguró que nada más conocerse el chivatazo el mismo 4 de mayo de 2006 por la tarde y saber que los primeros indicios apuntaban a que el autor del mismo era un policía, acudió a sus jefes directos para comunicarles lo que había descubierto y anunciarles que iba a presentarse ante el juez Fernando Grande-Marlaska, que dirigía la operación contra la trama de extorsión etarra, para comunicarle lo ocurrido. Éstos, recalcó, le ordenaron que no lo hiciera, que ya lo harían ellos, lo que en su opinión retrasó en al menos 48 horas que el magistrado tuviera conocimiento de lo que había ocurrido. El comisario Carlos Germán añadió ante los tres magistrados que juzgan el caso que una vez que el instructor supo lo ocurrido ordenó que fuera él quien le informara de lo ocurrido, algo que molestó a su jefe directo, el comisario José Cabanillas, jefe de la Unidad Central de Inteligencia (UCI).
No fue el único incidente que el investigador relató en el juicio con este mando como protagonista. Según afirmó a los magistrados, tras conocer la filtración, él y su equipo intentaron convencer a sus colegas franceses que también participaban en la operación que precipitaran las detenciones de los presuntos implicados en la trama de extorsión de ETA que estaban en aquel momento en su territorio ante el temor de que huyeran y destruyeran pruebas. Éstos, sin embargo se negaron, lo que originó un incidente. Tras conocer su existencia, el comisario Cabanillas acusó a su subordinado de haber puesto en riesgo la colaboración con las autoridades de París, lo que, según detalló, enrareció aún más la relación entre ambos. Durante la propia instrucción del sumario por el chivatazo, el jefe de la UCI aprovechó su declaración ante el juez para 'torpedear' los informes del equipo investigador.
Marlaska y los sindicatos
Carlos Germán se ha convertido, de hecho, en un personaje incómodo dentro de la Policía, según ha podido constatar este diario en los últimos meses. Con pocos 'amigos' en el Cuerpo, él y sus hombres han sido señalados por algunos de sus propios compañeros como los verdaderos autores del soplo a ETA. Él siempre lo ha negado. También en la vista, donde aseguró que cuando se tuvo conocimiento del mismo, Grande-Marlaska "no sabía quién lo había hecho, pero sí quién no. Ese era yo y por eso me encargó la investigación".
Una posición favorable a su trabajo de la que han discrepado públicamente las principales organizaciones sindicales de Policía, el SUP y el SPP, a quienes están afiliados los dos agentes que se sientan en el banquillo de los acusados. Los dirigentes de ambas no han dudado de mostrar abiertamente durante todos estos años sus críticas a la investigación, que han llegado a tachar de manipulada. Incluso, algunos de sus miembros más destacados, que han acudido a la vista como público como muestra de su apoyo al comisario Pamies y al inspector Ballesteros, han aireado estos días abiertamente su animaversión hacia los investigadores en tuits y comentarios en baja voz durante el desarrollo de la vista. "Mentirosos", era uno de los calificativos más utilizados entre dientes mientras Carlos German y sus hombres declaraban ante el juez. Es la última escaramuza de una guerra policial ni mucho menos concluida.
