El titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid, Francisco Javier Teijeiro, ha enviado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, en detrimento de su colega Javier Gómez Bermúdez, la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias sobre la contabilidad B del PP atribuida a su extesorero Luis Bárcenas, al considerar que ha sido "el primero que conoce del asunto".
En un auto dictado este martes, el juez Teijeiro remite las diligencias previas que incoó tras recibir la denuncia de Manos Limpias al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, tras constatar que el pasado 7 de marzo abrió una pieza separada del 'caso Gürtel' después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) le advirtiera de la existencia de tres nexos con la investigación sobre la trama de corrupción.
"Ante la controversia suscitada entre ambos órganos judiciales, pendiente al parecer aún el Juzgado Central de Instrucción número 3 de pronunciarse definitivamente sobre la inhibición interesada por el Ministerio Fiscal a favor del de igual clase número 5, a la vista de la documentación recabada y de las alegaciones de la parte querellante (...), ha de ser este último órgano a quien se habrán de remitir las presentes diligencias por ser el primero que conoce del asunto, a salvo lógicamente de lo que pudiera resultar de la cuestión de competencia que entre ellos pudieran dirimir, en su caso", señala el juez.
A su juicio, resulta "evidente" que si la competencia objetiva de conocer de determinados hechos se atribuye a la Audiencia Nacional, como han hecho tanto Ruz como Gómez Bermúdez, "la decisión no puede ser otra que inhibirse del conocimiento del asunto a favor de la querella", conforme a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
De igual forma, supedita la decisión sobre las diligencias solicitadas por Manos Limpias a que el juez competente decida si formaliza o no su personación como acusación popular en la causa sobre los 'papeles de Bárcenas'.
La denuncia de Manos Limpias, presentada el pasado 4 de febrero, sostenía que de la supuesta contabilidad B del PP podrían inferirse los delitos de alzamiento de bienes, falsedad documental y fraude a la Hacienda. Entre las diligencias que solicitaba el sindicato se encontraba determinar "la veracidad o falsedad de las notas manuscritas" publicadas por el diario El País.
A esta acción judicial se suma la interpuesta el pasado día 19 por el Observatorio para el cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Desc) por delitos de evasión fiscal, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental, que recayó en el Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid.
Además de Ruz, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, Javier Gómez Bermúdez, admitió a trámite este lunes, una querella presentada por Izquierda Unida (IU) y llamó a declarar entre el 25 y 27 de marzo a los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y diez supuestos donantes del PP.
