El juez Castro interrogará este sábado a los inspectores de Hacienda que analizaron las cuentas de la infanta Cristina y de su marido, Iñaki Urdangarin, en el Instituto Nóos. El fiscal Anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, reclamó que se les tomara testimonio después de que Hacienda cambiara su criterio sobre los ingresos de los Duques de Palma para evitar imputarles un delito fiscal. El juez reprochaba en su auto ese cambio de criterio pero el Ministerio Público sostiene que no se ha producido esa rectificación y pretende reforzar el argumento de autoridad pericial frente al magistrado al que acusa de crear "teorías conspiratorias".
El juez no sólo ha llamado a declarar a los inspectores de Hacienda que defienden la existencia de un mero fraude administrativo sino también al perito independiente de la acusación popular y a la jefa del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía, que investigó los pagos para la reforma del palacete de Pedralbes y que sí sostienen la existencia de un delito fiscal por un fraude superior a los 120.000 euros en un año que convierten el fraude en delito.
Además, están llamados a declarar como testigos representantes de siete empresas en cuyos consejos de administración estuvo integrado Urdangarin y que en comparecencias anteriores ya manifestaron que el duque de Palma sí tomó parte de estos órganos.
Examen al juez y a Hacienda
El Fiscal ha forzado la revisión de la actuación de la Agencia Tributaria para remarcar la autoridad de los peritos de Hacienda de los que el juez discrepa. Los magistrados se separan de los informes periciales en materia tributaria en el 20% de los casos, según los datos de los propios funcionarios facilitados por Gestha. Pero el fiscal Horrach pretende cuestionar la actuación del juez al separarse de ese dictamen.
Castro califica de "incomprensible" la actuación de Hacienda por mucho que la Infanta "mantuviera una actitud propia de quien mira hacia otro lado"
Por su parte, el magistrado ha subrayado en su auto como Hacienda “cambia de criterio respecto a informes anteriores a partir de que dos órganos de la Administración de Justicia se cuestionan la responsabilidad penal de la infanta”. El juez reprocha al fisco que la responsabilidad que “siempre fue mantenida por la Administración Tributaria” desapareció cuando se pronunciaron en contra el Fiscal General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción a las que no nombra explícitamente.
Hacienda --tal y como publicó Vozpópuli-- cambió su criterio respecto a las deducciones, evitando que la infanta rebasara el límite que constituye delito fiscal.
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De igual modo, el magistrado acusó a la Agencia Tributaria de permitir que el matrimonio aplicara desgravaciones indiciariamente ilegales, un criterio que –añade– el instructor califica de “incomprensible” y que “no puede compartir”. La liquidación de la cuota real ante el fisco arroja un saldo defraudado de más de 120.000 euros y la comisión indiciaria de un delito fiscal que –reprocha el juez— Hacienda no ha querido investigar de forma directa.
También cuestiona que no se haya investigado la participación indirecta de la infanta. “Los delitos contra la Hacienda Pública que se imputan a Don Iñaki Urdangarin Liebaert difícilmente se podían haber cometido sin, cuando menos, el conocimiento y la aquiescencia de su esposa por mucho que de cara a terceros indiciariamente mantuviera una actitud propia de quien mira para otro lado”.
La línea de actuación de la fiscalía no sólo es una línea de defensa de la Agencia Tributaria. Horrach también se defiende a sí mismo porque el auto judicial destacaba que existe una “simbiosis argumental” entre la Fiscalía y los abogados defensores de Doña Cristina, “cuya casualidad no se pone en duda”, y destacaba que ambas partes no sólo coinciden en los hechos, sino que también comparten errores. Así, tanto los abogados defensores como el Fiscal se equivocan al declarar que Aizoon no recibió ingresos de Nóos tras el 96. Las dos partes declaran lo mismo pese a que las dos incluyen en su documentación recibos que constatan lo contrario. “Coincidir en el error no debiera ser tan frecuente, pero a veces acontece”, dice con ironía el magistrado, que acusa al fiscal de “estar saliéndose de la normalidad procesal”.
