La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se ha personado en la parte del 'caso Nóos' sobre cuya competencia debe pronunciarse el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), después de que el pasado mes de mayo el juez instructor José Castro elevase una exposición razonada con los indicios delictivos que pesan sobre la primera edil así como sobre el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, en relación a las negociaciones previas a la firma del convenio del Valencia Summit y de los Juegos Europeos.
En el escrito que ha remitido a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, la defensa de Barberá pide que, habiendo tenido conocimiento de que en la exposición razonada se apunta a su supuesta responsabilidad penal en el marco de esta causa, se le remitan las diligencias practicadas al respecto así como las que más adelante vayan a efectuarse.
En su exposición razonada, de 70 páginas de extensión, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma subrayaba cómo la contratación del Instituto Nóos de cara a impulsar el Valencia Summit, por cuyas tres ediciones la entidad percibió unos tres millones de euros públicos, respondía "sólo al deseo" de ambos de "doblegarse a las exigencias de Don Iñaki Urdangarin en atención a su parentesco con la Casa de S.M. El Rey".
A partir de ahí, aseveraba el magistrado, las contrataciones de Nóos fueron actos "estrictamente voluntaristas en la medida en que no obedecían a procurar el interés general" sino "sólo al deseo de doblegarse a las exigencias, que por muy cortésmente que se planteasen no dejaban de serlo", del Duque de Palma.
Así, el juez recalcaba el hecho de que, sin que se iniciara "absolutamente ningún procedimiento administrativo de contratación" y "en exclusiva atención" a que por parte de Camps era "hartamente conocido" que al frente de Nóos estaba Urdangarin, el expresidente valenciano "entendía que era obligado acceder en atención a que era el yerno de S.M. El Rey". Asimismo, aludía a la presunta intervención de Camps en las negociaciones de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar pero por los que Nóos percibió 382.000 euros del gobierno valenciano.
