El matrimonio formado por Francisco Granados y María Nieves Alarcón se prodigó en detalles con sus familiares y amigos en las Navidades de 2006, cuando envió 352 cestas y lotes de Navidad a título personal a sus allegados pagando las facturas con cargo a la sociedad pública Arpegio, cuya actividad es la gestión del suelo público de la Comunidad de Madrid, de la que Francisco Granados era presidente, además de consejero de Presidencia, Justicia e Interior, según ha constatado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un informe incorporado al sumario del ‘Caso Púnica’.
“Este envío de las cestas de Navidad no tendría importancia alguna si se hubiera realizado por el matrimonio Granados de una forma particular, con cargo a sus propios capitales personales –dice el informe de la UCO-. Sin embargo, como hemos comprobado, no sucedió así, aprovechando su cargo de presidente de Arpegio SA Francisco Granados indicó al personal competente de Arpegio las instrucciones oportunas para que la liquidación de las facturas de dichos regalos se hiciera con cargo a la empresa pública que presidía, con el consiguiente perjuicio para las arcas de dicha sociedad. Por lo tanto, este gasto realizado por Arpegio no tiene ninguna justificación, hallándonos en la comisión de un presunto ilícito penal de malversación de caudales públicos”.
El importe total de los regalos privados pagados con dinero público ascendió a 57.407,62 euros
Los regalos consistieron en 310 cestas con productos navideños, por importe de 47.904,30 euros, y 42 lotes especiales, consistentes en un jamonero y el correspondiente jamón, por un coste de 9.503,32 euros. En total, 57.407,62 euros en regalos particulares pagados con fondos públicos a la empresa Euroregalos Eurolotes S.A. Además, Arpegio corrió también con el pago de otros regalos para los miembros del consejo de administración de la compañía y para sus empleados por importe de 42.761,55 euros.
Toma de declaración a los beneficiarios.
Los investigadores tomaron declaración a una parte de los destinatarios de los regalos, comprobando que no existía ninguna relación profesional que justificase los mismos, y sí una relación personal. Así, entre las personas que recibieron cestas de Navidad estaban Ángel Castellanos Cruz, primo hermano de la mujer de Granados y empleado de la oficina de Catalunya Caixa de Valdemoro de la que el matrimonio fue cliente, o Cristina Villegas, doctora dermatóloga, de la que el matrimonio era paciente. También recibió cesta de navidad Isabel Ángel, empleada de hogar de Granados y su esposa en los domicilios que éstos ocuparon en Valdemoro, y Juan Pablo Gutiérrez, profesor en el Centro Universitario Villanueva de Madrid, en el que trabajaba Nieves Alarcón, por citar solo algunos ejemplos. Los agentes de la UCO sostienen en su informe que en el momento de redactarlo desconocían, “pero no se descarta”, que en otros años distintos al investigado se haya desviado de Arpegio dinero para el pago de regalos.
La compra de los paquetes navideños se hizo, además, sin licitación pública, “eligiendo de una forma arbitraria a las empresas adjudicatarias, sin dar oportunidad a otras empresas cuyos precios pudieran ser más bajos, impidiendo la posibilidad de un posible beneficio para las arcas públicas”, lo que lleva a la Guardia Civil a sostener que las personas de Arpegio que autorizaron en última instancia los pagos, entre ellos Eduardo Larraz, como consejero delegado; Francisco Esquivias Ferriz, secretario general; Fernando Laguna Hurtado, director económico-financiero, y Pilar Roca Suárez Inclán, asesora jurídica de la compañía, habrían podido incurrir en un delito de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación.
