Nada quedaba fuera del alcance de la trama Púnica en Valdemoro. Ni siquiera, la venta de bebidas y comida en edificios públicos. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha ordenado investigar en los últimos meses seis expedientes de adjudicación realizados por el consistorio entre 2010 y 2013 a empresas presuntamente relacionadas con la red de corrupción y, más en concreto, con el constructor David Marjaliza, uno de sus cabecillas. El magistrado intenta aclarar si en dichos concursos se produjeron irregularidades a la vista de las ventajosas condiciones económicas en las que dichas mercantiles se hicieron con los mismos. Entre ellos se encuentra la explotación de la cafetería del tanatorio de esta localidad de 72.000 habitantes, ganada por la sociedad de un presunto testaferro del empresario a cambio de un exiguo canon anual de 1.000 euros más IVA. Otra cafetería, en este caso en la Biblioteca Municipal Ana María Matute, un aparcamiento, dos centros deportivos y un restaurante en un parque público del municipio son los otros pequeños 'pelotazos' que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga, según se recoge en el auto adelantado ayer por este diario por el que el magistrado levantaba el secreto a miles de folios de la causa.
Una de las cafeterías cuya explotación fue adjudicada a las empresas de Marjaliza estaba en la Biblioteca pública Ana María Matute, cuya construcción también está bajo sospecha
El supuesto amaño sobre la adjudicación de las cafeterías del tanatorio y de la biblioteca aparecen recogidos en un informe que el Instituto armado remitió en octubre de 2015 al juez Velasco en el que se incorporaban los expedientes 452/2010 y 453/2010 del Ayuntamiento de Valdemoro, que fueron aprobados por la Junta de Gobierno en noviembre de ese año. Entonces el alcalde era Juan Carlos Boza Lechuga, uno de los tres antiguos regidores del municipio madrileño que se encuentran imputados en la causa. El último de dichos expedientes se refiere, en concreto, a "la concesión administrativa de uso privativo de una porción del bien de dominio público del edificio del tanatorio municipal para la explotación de una cafetería". El concurso lo ganó la empresa Valbar 3064 SL, ligada a uno de los presuntos testaferros de la trama, Eduardo de la Peña Pérez, según detacan los informes de la UCO incorporados a la causa. Esta empresa sólo debía pagar a las arcas públicas 1.000 euros más otros 180 de IVA al año.
Parecidas condiciones figuran en el expediente 452/2010, en este caso para la explotación también de un espacio de venta de bebidas y comida en un recinto municipal: la Biblioteca Municipal Ana María Matute. La fecha de adjudicación y las condiciones son idénticas a las de la cafetería del tanatorio y, de nuevo, ganó el concurso la sociedad Valbar 3064 SL en la que figuraba como administrador el presunto hombre de paja de David Marjaliza. En este caso, además, el pequeño 'pelotazo' se producía en una instalación cuya construcción también es investigada dentro del 'caso Púnica'. La biblioteca de "apariencia minimalista", como destacaban las notas oficiales, costó 4,2 millones de euros de fondos públicos y su materialización recayó en Begar Construcciones y Contratas SL, del empresario José Luis Ulibarri, imputado en Gürtel. La financiación corrió a cuenta del Plan Regional de Inversiones y Servicios (Prisma) de la Comunidad de Madrid, un programa de obras públicas ahora bajo sospecha que salpica a Jaime González Taboada, actual 'número 3' del Ejecutivo regional de Cristina Cifuentes.
Dos centros deportivos, un aparcamiento...
También condiciones muy ventajosas incluía la adjudicación hecha en 2011 para la explotación durante 25 años de la Instalación Deportiva 'El Caracol' de Valdemoro. El expediente 188/2011 del Consistorio reclamado ahora por el juez Velasco al Consistorio refleja que el contrato fue ganado por la empresa Gestión Pádel Valcenter SL por un valor de 1.500 euros anuales más un 10'5% de los "resultados de explotación". Esta mercantil también es investigada por otras adjudicaciones para gestionar centros deportivos por cánones irrisorios en otros municipios en cuyos consistorios la trama se había infiltrado, como Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle. La administradora de la compañía, Ana Mayoral Blaya, también figura entre los imputados por sus vínculos con Marjaliza.
Algunos de los contratos del Ayuntamiento de Valdemoro ahora investigados sólo obligaban a las empresas adjudicatarias a pagar un canon anual de 1.000 euros más IVA
Otra instalación deportiva bajo sospecha es la afectada por el expediente 491/2010, reclamado por el juez Velasco el pasado mes de septiembre al Ayuntamiento de Valdemoro. En este caso, se trataba de la "concesión administrativa de uso privativo de la parcela de dominio público sita en la UDE Oeste-Norte, urbana, SGE, para la construcción y explotación de un conjunto dotacional deportivo, comercial y genérico". La empresa adjudicataria fue otra de la trama societaria de Marjaliza, Open Sport Life Center SL, que debía pagar un canon anual de 1.500 euros más otros 270 de IVA.
El constructor ahora colaborador de la Justicia también figura relacionada con la adjudicación por el expediente 260/2010 de la gestión del aparcamiento de un centro lúdico en Valdemoro. En este caso, el canon a pagar era de 9.200 euros más IVA al año, que ganó la empresa Valescar Parking SL. El administrador único de la misma es Candido Antonio Ruiz García, también imputado por su condición de presunto testaferro del socio de Francisco Granados. Ruiz García, que el pasado mes de junio alertó a la Audiencia Nac ional de cambios societarios en las mercantiles donde ejercía de hombre de paja, figura también como directivo de La Vid Servicios Hosteleros SL. Con esta firma, la trama se hizo en 2013 con la explotación del bar restaurante situado en el Parque Duque de Ahumada, de Valdemoro, aprobada en el expediente 213/2013. La cuota anual fue aquí más elevada: 17.500 euros anuales.
Junto al nombre de Marjaliza, que aparece relacionado de un modo u otro con todas las empresas adjudicatarias, el otro personaje en común de estos 'mini-pelotazos- es el de Juan Carlos Bouza Lechuga, alcalde del PP cuando se produjeron las detenciones. Él fue, precisamente, uno de los arrestados, tras lo que tuvo que abandonar su cargo público. No obstante, el juez Velasco sospecha que no es el único responsable y, de hecho, en los últimos meses ha pedido también al consistorio la relación de concejales que asistieron a las Juntas de Gobierno del municipio de los días 24 de febrero, 25 de noviembre y 21 de diciembre de 2010, cuando se decidieron qué empresas se adjudicaban parte de estos seis contratos bajo sospecha.
