La primera 'visita' del Francisco Granados al banquillo de los acusados por el caso Púnica está desde este jueves un poco más cerca. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha dictado este jueves un auto por el que delimita los delitos e investigados en la primera pieza de la causa, la que se sigue por el 'chivatazo' que dio un agente de la UCO al ex secretario general del PP madrileño, y que obligó a precipitar la operación para evitar que los principales implicados siguieran destruyendo pruebas. Es el paso previo a la transformación de esta parte del sumario en procedimiento abreviado y su posterior envío a juicio. El magistrado ha incluido en la misma al político, al guardia civil que lo alertó, José Manuel Rodríguez Talamino, y al antiguo integrante del Instituto armado José Luis Caro Vinagre, que formó parte de la llamada 'gestapillo' del político cuando éste ocupaba la Consejería de Interior y Justicia del Gobierno de Esperanza Aguirre. A todos ellos los acusa el magistrado del delito de revelación de secreto.
Con este auto, el juez delimita el alcance de la primera pieza del caso Púnica para su próxima conclusión y envió a juicio
En el auto, de siete folios de extensión y al que ha tenido acceso Vozpópuli, el magistrado detalla la intervención de los tres en la filtración a los principales integrantes de la trama de la información de que estaban siendo investigados por la Guardia Civil y cómo ello puso en peligro la investigación, además de provocar la destrucción de "importantísimos documentos que hubieran servido de prueba en esta causa". La pieza la ha delimitado después de que el pasado miércoles citara a declarar como imputado a Caro Vinagre, un guardia civil en excedencia que trabajó para Granados en la Comunidad de Madrid y al que se relacionó con la llamada 'gestapillo' del político. Este antiguo agente se acogió a su derecho a no declarar y tras incorporar la Guardia Civil un DVD con catorce archivos sonoros de las intervenciones telefónicas que demostraban la filtración de la investigación a Granados, el juez Velasco ha decidido dar prácticamente por concluida la investigación de dicha pieza e iniciar los trámite judiciales para transformarla primero en procedimiento abreviado y, más adelante, enviarla a juicio.
El escrito del juez señala la noche del 5 al 6 de septiembre de 2014 como el momento exacto del chivatazo. Según el relato de los hechos, ese día el miembro de la UCO ahora imputado había participado en la colocaclión de una cámara oculta dentro de un vehículo estacionado frente al Edificio Éboli, de Pinto (Madrid), donde David Marjaliza, el otro cabecilla de la trama, tenía sus oficinas. Con ella, los investigadores pretendían recoger imágenes de los políticos, empresarios y funcionarios que visitaban el considerado 'cuartel general' del constructor para obtener pruebas gráficas de sus negocios irregulares con éste. Sin embargo, la noche de ese mismo día, Rodríguez Talamino se acercó en un local de copas a Francisco Granados y "le facilitó una información que le sonó a advertencia". Eran las fiestras patronales de Valdemoro, donde tanto e político como el agente residían, y su encuentro no fue casual, según el escrito del juez. El agente presuntamente buscó al político.
"Uno que está en la UCO"
A partir de ese momento, el ex dirigente 'popular', único imputado que permanece encarcelado por el 'caso Pünica', inició un intenso cruce de llamadas con el agente en excedencia José Luis Caro Vinagre, que había trabajado para él en la Comunidad de Madrid en temas de seguridad. Quería saber más datos y, sobre todo, si le estaban investigando a él. Tras una primera comunicación el 6 de septiembre con este antiguo colaborador, Granados alertó a su socio, David Marjaliza, al que ya le anunció que le había alertado "uno que está en la UCO". Éste, a su vez, alertó a su secretaria y persona de máxima confianza, Ana María Ramírez, y a otro estrecho colaborador, Antonio Serrano. La primera hizo lo mismo con su marido, hermano del también imputado Juan Carlos Boza Lechuga, entonces alcalde de Valdemoro. Todos ellos comenzaron entonces a adoptar especiales medidas de seguridad, sobre todo en sus conversaciones telefónicas. Marjaliza, incluso, cambió sus termnales telefónicos.
El juez recalca que el 'chivatazo' puso en peligro la investigación y propició que algunos implicados destruyeran pruebas
El juez resalta que en las siguientes semanas Granados mantuvo un intenso intercambio de llamadas y encuentros con su amigo Caro Vinagre, al que reclamaba que le consiguiera datos más concreto sobre la investigación. Éste, a su vez, entraba en contacto con el otro guardia civil para que se los facilitara. Así, el político supo qué grupo en concreto de la UCO llevaba las pesquisas y, tras hacer una consulta en Internet, comprobó que eran, precisamente, los que "se dedican a la lucha contra la corrupción, lo que hizo que éste se preocupara sobremanera y le diera elementos de juicio necesarios para saber qué se pretendía". De los pinchazos telefónicos, la Guardia Civil llegó a concluir que los tres se llegaron a reunir en la casa del político a la una y veinte de la madrugada del 13 de septiembre de 2014, sólo una semana después del 'chivatazo'. Todo ello llevó a que el ex dirigente del PP madrileño "se preocupara sobremanera y le diera elementos de juicio necesarios para saber qué se pretendía" con las pesquisas entonces secretas.
"Una explotación precipitada"
El juez destaca en su escrito que por culpa de la indiscrección del agente hubo que retirar la cámara instalada frente a las oficinas de Marjaliza y "que se perdiera una fuente de información muy valiosa para los investigados y para la instrucción de la causa". También disminuyó la frecuencia en las llamadas entre los principales implicados "y el contenido de las mismas", ya que desde ese momento "evitaban pronunciarse sobre temas de interés para la investigación". Eso hizo que "la intervención telefónica desarrollada con autorización policial perdiera eficacia en relación a la obtención de datos de interés para la investigación". El auto también resalta que para subsanar los perjuicios del 'chivatazo' de su agente, la UCO tuvo que distraer "medios materiales y humanos" para intentar despistar a éste y que tuvieron que desiminuir los seguimientos para evitar ser detectados "con la consiguiente pérdida de información". Todo ello desembocó en "una explotación precipitada de la investigación" el 27 de octubre de 2014.
Tras el 'chivatazo', los investigadores adoptaron medidas de seguridad que dificultaron las pesquisas y terminaron precipitando las detenciones
Por todo ello, el juez considera que la actuación de Rodríguez Talamino no fue "un acto individual y asilado, sino que se extendió en el tiempo" y que en ella tuvo una particiación activa tanto Granados como el amigo común de ambos Caro Vinagre. Todo ello se plasmó en la difusión de la noticia a varios investigados y los insistentes intentos del político por conseguir recabar más datos sobre las pesquisas que le afectaban. Por ello, considera a los tres responsables del delito de revelación de secretos. Velasco acuerda delimitar esta primera pieza del caso Púnica con ellos tres como únicos imputados como paso previo a su propia transformación en procedimiento abreviado y su posterior envío a juicio. El primer banquillo del político está desde este jueves un poco más cerca.
