La investigación del 'caso Púnica' sigue avanzando a velocidad de crucero pese al atasco político. Efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron el pasado lunes en otro ayuntamiento madirleño gobernado por el PP: Brunete, un municipio de 10.000 habitantes situado a 28 kilómetros al Oeste de la capital. El objetivo de los integrantes de Instituto armado era recabar documentación sobre un concurso de eficiencia energética que se paralizó tras producrise las primeras detenciones en octubre de 2014 y al que aspiraba una de las principales empresas implicadas en la trama, Cofely-GDF Suez. Fuentes del actual equipo de gobierno 'popular' de Brunete que lidera Borja Gutiérrez con mayoría absoluta desde las elecciones locales de mayo de 2015, admitieron este martes a Vozpópuli la 'visita' de la UCO y detallaron que sus agentes habían estado reunidos "durante unos quince minutos" con la secretaria municipal, a la que habían requerido diversa información. No obstante, restaron relevancia a la misma ya que insistieron en que el contrato sobre el que recabaron los datos nunca se llegó a adjudicar.
Fuentes del equipo de gobierno municipal reconocen que agentes de la UCO acudieron el lunes al consistorio de Brunete a recabar documentación de un contrato fallido
Se trata, en concreto, del expediente -"o más bien un documento de trabajo interno", según insistieron en calificar estas fuentes del PP dicha documentación- referido al concurso de eficiencia energética que este pequeño consistorio tenía previsto convocar a finales de 2014 y por el que se iba a gastar 8,9 millones de euros en quince años para mejorar el alumbrado público de municipio. Una licitación que finalmente no se llevó a cabo ya que la aprobación de los pliegos de la misma se suspendió en el último momento al retirarla de la orden del día de la comisión municipal en la que se les iba a dar luz verde en octubre de aquel año. El equipo de gobierno local alegó entonces que faltaba "un documento técnico", un argumento que ahora han vuelto a reiterar en sus declaraciones a este diario. Aquella reunión de la se 'sacaron' los primeros trámites de dicho concurso iba a tener lugar precisamente, un día después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ordenara la detención de los principales implicados en la trama. Un detalle que desde del PP local consideran "casual".
Hasta la fecha no hay ningún cargo público de este consistorio imputado en la causa, pero el nombre del municipio sí ha salido de manera reiterada en el sumario tanto en la confesión del constructor David Marjaliza, como en los 'pinchazos' telefónicos de algunos de los principales implicados y en diversa documentación en formato digital y en papel intervenida durante los registros. De hecho, los diferentes levantamientos del secreto de sumario ordenados por el magistrado en los últimos meses han permitido conocer las numerosas referencias que a lo largo de la investigación han ido apareciendo de esta localidad y del propio concurso fallido al que supuestamente iba a acudir Cofely. Sin embargo, hasta ahora no se tenía constancia de que la Guardia Civil hubiera realizado gestiones concretas sobre dichos indicios.
8.000 euros más IVA
Entre estos últimos se encuentra la declaración de David Marjaliza, considerada clave por el juez Velasco dada su condición de cabecilla de la trama y en la que se cita expresamente a Brunete. Así, al desgranar decenas de ejemplos de sobornos, mordidas y comisión ilegales entregadas a alcaldes y concejales para conseguir contratos para Cofely, el constructor aseguró que al entonces equipo de gobierno de consistorio, encabezado ya por Borja Gutiérrez, supuestamente se le iba a pagar una encuesta electoral valorada en 8.000 euros más IVA que se pensaba camuflar como un estudio sobre eficiencia energética.
En el sumario figuran referencias a Brunete en agendas manuscritas, correos electrónicos, 'pinchazos' telefónicos y la confesión de Marjaliza
Una acusación que se ve refrendada por el contenido de varias conversaciones telefónicas intervenidas judicialmente a varios de los implicados de la trama y de diversas agendas y notas manuscritas intervenidas a éstos. Así, el 16 de octubre de 2014, sólo unos días antes de las primeras detenciones, la Guardia Civil interceptó una llamada de uno de los directivos de Cofely imputados en la causa, Pedro García, en el que éste aseguraba a un desconocido que ya tenía cerrado "el tema de Brunete" y que había estado reunido con "Borja", con el que había hablado de unos supuesto "problema de tiempo" y que "van a ir avanzando". Los informes de la Guardia Civil destacan que este directivo de Cofely era "el principal articulador e interlocutor del pago de cohechos del que supuestamente se sirve la empresa para lograr contratos públicos millonarios de diversas administraciones".
Ese mismo día, los agentes volvieron a intervenir otra llamada de Pedro García, en este caso dirigida a uno de sus superiores, Didier Maurice, director general de la filial española de Cofely-GDF Suez y también imputado en la causa. El informe de la UCO que da cuenta de dicha conversación recoge textualmente que "Pedro dice que el 6 de noviembre se aprueba en el Pleno la eficiencia energética en Brunete. Didier se alegra de la noticia". Los investigadores consideran que estas llamadas, y otras también recogidas en la causa, hacen sospechar que en el momento en el que se produjeron las detenciones, la trama Púnica estaba presuntamente a punto de repetir en el Ayuntamiento de Brunete el amaño del contrato de eficiencia energética que anteriormente había realizado presuntamente en otros municipios madrileños, como Móstoles y Parla. El hecho de que el juez Velasco se viera obligado a precipitar las detenciones tras el 'chivatazo' que había recibido Francisco Granados había impedido que se concretrara. Desde el equipo de gobierno 'popular' de la localidad se negaba este martes a Vozpópuli la veracidad de dichas sospechas. "Nunca se contrató nada con empresas de la Púnica", recalcaban.
Anotación en una agenda
Sin embargo, un informe de la Guardia Civil apunta a que uno de los supuestos pagos del dicho amaño frustrado era "la realización de encuestas" de carácter político que se camuflaban como estudios sobre eficiencia energética. "Así se deduce en primer lugar de una anotación en la agenda personal Pedro García [el directivo de Cofely] de octubre de 2.013, consistente en 'Victor (encuestas Brunete)". No es el único indicio en este sentido. También hay correos electrónicos intervenidos a otros imputados en los que se hace referencia, precisamente, al sondeo electoral que iba a pagar la trama y de la que había hablado Marjaliza en su confesión. De hecho, la investigación permitió escuchar una conversación entre el constructor y un tal Victor, supuestamente el responsable de la empresa de encuestas, en el que ambos hablan, según destaca el informe de la UCO, con "un lenguaje convenido" de "los señoritos' (probablemente autoridades municipales) o 'el pequeño municipio', (probablemente Brunete)".
En sus conversaciones telefónicas dos implicados en la trama se refieren a Brunete como "el pequeño municipio" y a sus cargos públicos, como "los señoritos"
El documento policial resalta que ese lenguaje en clave "es extraño a una relación comercial normal y apunta a que ambos están al corriente de aspectos no convencionales en el encargo de un servicio de encuestas. En ese mismo sentido -continúa el informe policial- existen varios correos cruzados entre David Marjaliza y Victor donde se abordan diversas cuestiones relativas a un contrato para la realización de encuestas en Brunete para Ruta Energética, empresa que David Marjaliza habitualmente emplea para la emisión de informes y facturación a Cofely al objeto de recibir la remuneración o reintegro de cantidades acordada con estos". En el sumario aparece, de hecho, una copia del cuestionario de dicho sondeo de cuyo contenido los investigadores destacan, que pese a que el contrato recoge que se trata de "un supuesto estudio de opinión pública sobre la gestión energética municipal en Brunete cuando de la lectura de las preguntas contenidas en los cuestionarios que materializaran el contrato se deduce que se trata en realidad de una encuesta de imagen de la gestión municipal (donde ni siquiera aparece ninguna alusión a la eficiencia energética municipal) y de expectativas de voto". De hecho, en la misma se pregunta por Borja Gutiérrez, el regidor 'popular', y su labor la frente del consistorio.
En el sumario aparecen otros indicios en las misma dirección. Entre ellos, una agenda con anotaciones referidas al supuesto pago de 'mordidas' a cargos públicos y políticos que se intervino a Ana María Ramírez, la secretaria y persona de la máxima confianza del constructor. En la página 221 de la misma, junto a un tabla con media docena de inciiales que los investigadores han identificado con varios de los ayuntamientos ya investigados (Parla, Serranillos del Valle, Moraleja del Enmedio, Collado Villalba y Móstoles), aparecen otras anotaciones con nombres completos de localidades. Entre éstos se encuentra, precisamente, "Brunete", en su caso vinculado a la cifra de 12.000 euros. En la declaración ante el juez Velasco de Ana María Ramírez, que también está colaborando con la Justicia, el magistrado le preguntó expresamente por esta pequeña localidad madrileña. Ahora la Guardia Civil ha acudido al consistorio a recabar documentación.
