El momento no es el más propicio: la semana pasada, el combustible alcanzaba máximos históricos. La gasolina llegaba a venderse en torno a los 1,4 euros el litro, mientras que el gasóleo lo hacía en 1,35 -un depósito medio de 55 litros rondaba los 77 euros-. Pero, previsiblemente, el 1 de marzo entrará en vigor en Castilla y León el llamado céntimo sanitario con el tramo más alto permitido: 4,8 céntimos para la gasolina y 0,2 céntimos para el gasóleo.
El tributo tiene como objetivo cubrir el abultado déficit de financiación de la sanidad en esa comunidad. Pero las buenas intenciones pueden acabar teniendo repercusiones tanto en Castilla y León como en las nueve comunidades autónomas limítrofes. País Vasco, Cantabria, La Rioja, Aragón y Navarra no aplican el gravamen y el resto, Galicia, Madrid, Asturias, Extremadura y Castilla La Mancha lo hacen con un tipo más bajo: 1,2, 1,2, 2 y 2,4 respectivamente.
Diferencia de precios
La desigualdad en el precio del combustible ocasionará perjuicios económicos, en opinión de la patronal de Castilla y León (Cecale). Las principales asociaciones del sector estiman que para un transportista el céntimo sanitario supondrá un sobrecoste de alrededor de 1.000 euros. Algo que se traducirá en puestos de trabajo: la asociación de gasolineras cree que 2.000 empleos podrían esfumarse.
La Junta de Castilla y León se defendió argumentando que la gasolina en la comunidad continuaría siendo más barata que en Francia y Portugal en una región de obligado paso para los transportistas. Pero fuentes del sector aseguraron a Vozpópuli que desde la Junta se intenta presionar para que las autonomías limítrofes apliquen o armonicen los tipos de este gravamen.
En este sentido, el presidente del Consejo Regional de Cámaras de Comercio de Castilla y León, Vicente Villagrá, abogó la semana pasada en favor de una armonización fiscal. Villagrá reclamó que el impuesto se implante de forma gradual para evitar así este efecto en la deslocalización del consumo de combustible.
Con el aumento de este gravamen, el Gobierno regional quiere recaudar 140 millones de euros extras –los ingresos tributarios llevan sufriendo fuertes descensos desde 2009–. Aunque paradójicamente, Castilla y León tributa a tipos más benignos en impuestos tan importantes para la recaudación fiscal como en el IRPF: el gravamen de esta comunidad autónoma es el más beneficioso de España.
