España

El Gobierno impone a Cataluña "controles específicos" para poder recibir más ayudas

La Generalitat tendrá que conectarse al sistema informático que traza el origen de las facturas. El interventor deberá certificar una vez al mes que los desembolsos han servido exclusivamente para financiar los servicios públicos. Además, Hacienda prestará amparo a los funcionarios para que los pagos se hagan según las condiciones fijadas por el Gobierno central.

  • La vicepresidenta del Gobierno junto a los ministros de Hacienda y de Sanidad

El Gobierno prestará a las Comunidades los recursos restantes del Fondo de Liquidez Autonómico, unos 7.800 millones de euros que servirán para que se paguen los servicios públicos. Sin embargo, Montoro fijará unas condiciones especiales para que Cataluña pueda recibir esos dineros.

Durante el Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha aducido hasta tres motivos por los que la comunidad presidida por Artur Mas tendrá un control más estricto. El primero consiste en su bajo rating. El segundo estriba en la falta de transparencia que la Generalitat está exhibiendo con sus cuentas. Supuestamente, a cambio de la ayuda financiera, el Govern debería compartir todo tipo de información con el Ejecutivo de Madrid. Y la tercera, el riesgo derivado de ciertas manifestaciones y de algunas situaciones alarmantes como la morosidad con las farmacias.

El interventor deberá certificar una vez al mes que los desembolsos han servido exclusivamente para financiar los servicios públicos, asegurando que no se destinan a aventuras secesionistas

Cataluña recibirá el mayor desembolso del remanente del FLA. De los 7.789 millones obtendrá 3.034 millones, más que ninguna. Sin embargo, Montoro ha explicado que tendrá una condicionalidad especial. Habrá de cumplir con ella si quiere ir consiguiendo el dinero, que se entregará por tramos. Cataluña tendrá que conectarse al sistema informático que traza el origen de las facturas y por lo tanto verifica que se hayan destinado a Educación, Sanidad o Servicios Sociales. El interventor también deberá certificar una vez al mes que los desembolsos han servido exclusivamente para financiar los servicios públicos. Además, Hacienda prestará amparo a los funcionarios para que puedan asegurarse que los pagos se hacen según las condiciones fijadas por el Gobierno central.

"Esto no es dar más dinero para que gasten más, sino fondos para que se financien los servicios públicos y se pague a los proveedores. Ni un euro irá para planteamientos que van contra nuestras leyes y la Constitución", ha declarado el ministro de Hacienda.

Ahogar la financiación 'secesionista'

A la pregunta de si se estaba interviniendo Cataluña, Montoro contestó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que no tiene intervenida ninguna comunidad. "Eso sí, hemos establecido mecanismos de control para asegurarse el saneamiento de las cuentas públicas", dijo. Y añadió: "De los 52.000 millones de euros que ha recibido Cataluña, puedo garantizar que ninguno se ha destinado a financiar iniciativas independentistas". No obstante, el problema radicaba en que el Govern dejaba de pagar los servicios sabiendo que el Estado central los pagaría. Y de este modo podía destinar todos sus recursos a otros menesteres. Por eso se establece como condición sine qua non la declaración del interventor, que a partir de ahora tendrá que justificar que no se financia ni una sola aventura secesionista.

El FLA se orquesta con el fin de prestar liquidez a las Comunidades justo en un momento en el que tenían los mercados cerrados. En principio, con el FLA se financia el déficit permitido, el déficit no financiado de años anteriores y los vencimientos de préstamos. Pero las Comunidades se están pasando de los objetivos de déficit. Necesitan más dinero. Y hay un tratamiento de Hepatitis C que supondrá una carga adicional. Así que los gobiernos autonómicos se aproximan al cierre del ejercicio faltos de liquidez. Y Cataluña más que ninguna.

Al final, después de varias semanas de incertidumbre, el Gobierno no ha querido dejar tirados a los contribuyentes catalanes por culpa de unos dirigentes regionales irresponsables. De ahí que se hayan impuesto estos controles como un primer paso para ahogar la financiación de cualquier movimiento secesionista. "Se trata de cortarles el dinero al tiempo que se intenta evitar nuevas polémicas en Cataluña", comenta una fuente cercana al Gobierno.

El Govern Denunciará "criterios políticos" en el FLA

A raíz de estas condiciones especiales, según recoge Europa Press, el conseller de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, ha afirmado que el Govern denunciará al Gobierno central si entre las condiciones para recibir el FLA se incluyen "criterios políticos". "No conozco todavía los detalles exactos, pero lo miraremos, y si la condicionalidad incluye criterios políticos lo denunciaremos en todas las instancias donde lo podamos denunciar", ha manifestado en declaraciones a los medios.

"El funcionamiento de la Hacienda Pública y el FLA, que es la canalización del dinero que pagan los catalanes para sus servicios públicos, no debería estar condicionada a que la política del gobierno de Cataluña guste o no guste al Gobierno de turno de Madrid", ha argumentado.

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