Cataluña acaba de meter drásticamente la tijera en sus hospitales y colegios concertados. Pero difícilmente será la única Comunidad que caiga en este bucle. La financiación pública de servicios –educativos, sanitarios, sociales- gestionados por entidades privadas (eso que se conoce como concierto económico) pende de un hilo en el levante español, sobre todo, y quizás en alguna región central, caso de Castilla-La Mancha. Andalucía, con una deuda y déficit muy altos, parece capear de momento el capítulo de impagos. El lunes el presidente andaluz, José Antonio Griñán, anunció que su región no tocará el temido Fondo de Liquidez.
Precisamente, sobre las CCAA que sí se han acogido a este rescate, Murcia y la Comunidad Valenciana (además de Cataluña), planea la amenaza del impago a hospitales y colegios tocados por el concierto, así como a otros servicios que funcionan bajo el mismo régimen. El historial reciente en la autonomía que preside Alberto Fabra sigue el mismo patrón que su vecino del norte: comunicación de una deuda asfixiante, recortes en los centros, advertencias de que no hay más dinero y, por ahora solo Artur Mas, cierre del grifo financiero. Pero ambas regiones, necesitadas de dinero líquido, están yendo a más con la poda en Sanidad y Educación. Un camino que el president Mas ya ha sufrido.
En enero, la situación de los colegios concertados en general, y de Cataluña, la Comunitat Valenciana y las Islas Baleares en particular, era calificada de “muy crítica”, según las principales federaciones de enseñanza concertada, religiosas o no. A mediados de julio, ésta se encontraba “en riesgo de quiebra” por los últimos recortes del Gobierno, de acuerdo con las mismas agrupaciones. Las federaciones sostenían en enero que el futuro de más de 4.000 colegios empezaba a pintar muy negro.
En esta materia, Andalucía es la que menos presupuesto dedica al concierto escolar, según una encuesta del INE publicada la semana pasada, por lo que mantiene el grifo abierto. El Govern Catalán anunció el lunes que dejaba de abonar una parte del concierto que afecta directamente al salario de 3.500 no docentes.
La sanidad, campo de recortes
El Ejecutivo de CiU fue, junto a la Región de Murcia, pionero en tocar campos tabú como la educación o la sanidad para socavar una deuda que hay que cerrar sí o sí. La última página de los recortes comenzó el lunes con el aviso de un impago millonario a los hospitales privados, que atienden a la mitad de la población catalana.
En Valencia, la lucha contra la deuda sigue otros cauces. Tras la propuesta en abril del Consell de avanzar hacia un modelo sanitario de gestión público-privada –en román paladino, privatización de parte del sistema de sanidad valenciano cuya materialización es una incógnita-, Fabra trata de aplacar la ira de los farmacéuticos por una deuda de 120 millones de euros. Además, la Conselleria de Sanidad ha suprimido hace días las intervenciones quirúrgicas derivadas a clínicas privadas para ahorrarse 10 millones de euros. Y el lunes, la Conselleria de Economía y Conocimiento de la Generalitat confirmó el retraso en los pagos con entidades concertadas, como geriátricos o residencias de discapacitados. Finalmente, el gobierno autonómico afronta facturas pendientes de cobro con el sector de tecnología sanitaria por valor de 164 millones de euros, más que Cataluña (116 millones), pero menos que Andalucía (277) o Madrid (234), respectivamente.
En la Región de Murcia, la otra comunidad que ha manifestado su voluntad de pedir al Fondo de Liquidez, hace tiempo que el Servicio Murciano de Salud nada en aguas revueltas. Con un déficit sanitario de mil millones de euros, desde finales de 2010 el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel ha reducido guardias, suprimido centros de tarde, quitado camas, eliminado complementos salariales, despedido a eventuales o revisado conciertos, por citar varias actuaciones. Solo la deuda con las farmacias es, como la catalana, superior a los 200 millones de euros. Así es como los servicios básicos de Murcia y Valencia caminan por cenagales conocidos de triste final.
