El escenario posterior a la sentencia del procés servirá de examen a la relación de los Mossos d’Esquadra y el Ministerio del Interior. Desde el Departamento que dirige Fernando Grande Marlaska se esfuerzan en asegurar que la colaboración entre ambos es total. Sin embargo, la respuesta policial a las más que previsibles protestas callejeras del independentismo supondrá la prueba definitiva a la pretendida independencia que desde hace semanas proclama el cuerpo autonómico.
Tal y como adelantó Vozpópuli, el Tribunal Supremo considerará probado en su sentencia que hubo violencia en el procés. Además, los jueces condenarán por sedición a los líderes independentistas. El tribunal descarta así la tesis de la rebelión que contemplaba las penas más altas, pero eso no quiere decir que las condenas no vayan a ser contundentes igualmente. El fallo será contestado en la calle por el independentismo.
La actuación de los Mossos será juzgada por el independentismo. Desde la Generalitat niegan cualquier tipo de injerencia al tiempo que el presidente Joaquim Torra llama a la desobediencia civil si los líderes del procés son condenados. Desde los sectores más radicales aglutinados en torno a los Comités de Defensa de la República (CDR), la situación con los Mossos es tensa. Ya acusan al cuerpo autonómico de actuar igual que la Policía y la Guardia Civil. Poco o nada queda de la complicidad generada tras el 1-O.
En el recuerdo queda el fracaso en el dispositivo del 1-O con consecuencias judiciales para toda la cúpula de los Mossos, procesada por rebelión
Como sucedió durante el referéndum ilegal, los Mossos desempeñará el liderazgo de la respuesta policial. Para ello han redoblado esfuerzos desde el segundo aniversario de la consulta ilegal para movilizar a sus antidisturbios de la Brigada Móvil (Brimo) y el Área Regional de Recursos Operativos (Arro). Al mismo tiempo, Interior lleva días desplegando un fuerte dispositivo con el envío de cientos de agentes de orden público a Cataluña.
Cerca de 2.000 policías y guardias civiles
En las últimas fechas han trascendido numerosas y diversas cifras. Eso se debe en parte a que el traslado se está realizando de manera escalonada. El miércoles, TVE informó que la noche del domingo habría 2.000 agentes de Policía y Guardia Civil disponibles en Cataluña. Fuentes conocedoras del despliegue han confirmado a Vozpópuli que esa es la cifra aproximada del contingente.
Aunque los números son inferiores a los del 1 de octubre de 2017, especialmente Barcelona será una ciudad blindada. Este periódico se ha puesto en contacto con algunos agentes que ya estuvieron entonces en Cataluña y ahora han regresado. El escenario no es el mismo ya que en este caso no hay una orden judicial que obedecer.
El plan ha sido coordinado con los Mossos, que tiene las competencias en materia de orden público en su comunidad autónoma. La misión de policías y guardias civiles es, en principio, proteger los edificios y sedes estatales. Sin embargo, tienen capacidad de adquirir otras funciones si el escenario lo exigiera. Grande Marlaska se ha afanado en poner en valor la fluida comunicación con los Mossos.
Malestar de los Mossos
Ha sido así incluso después de la operación contra los CDR y del malestar que en la cúpula del cuerpo autonómico provocó esta semana el discurso del general jefe de la Zona de Cataluña de la Guardia Civil, Pedro Garrido durante los actos de la patrona del Instituto Armado. La Generalitat ha pedido incluso el cese del mando, pero el ministro ha dicho que la sociedad debe estar “suficientemente tranquila" porque el "nivel de coordinación, eficacia y cooperación" entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado "va a continuar al nivel actual".
En el recuerdo queda el fracaso en el dispositivo del 1-O con consecuencias judiciales para toda la cúpula de los Mossos, procesada por rebelión. Durante el juicio en el Tribunal Supremo, el coordinador único designado por la Justicia, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos denunció que la policía autonómica hizo todo lo posible por permitir el referéndum. Por su parte, el exmayor de los Mossos José Luis Trapero admitió que la tensión con el coronel le llevó a dejar de asistir a las reuniones de coordinación. Hoy ninguno de los dos está en escena.
Las fuentes de los Mossos consultadas por este periódico coinciden con la valoración de Interior. Si se toma como referencia su actuación hace dos semanas durante el aniversario de la consulta, sus agentes respondieron a las protestas de los CDR, especialmente a la hora de defender el cuartel de la Guardia Civil de Girona. Los radicales les profirieron gritos e insultos.
El independentismo también se examina
Tanto la Generalitat como los CDR llevan días calentando motores y llamando a la movilización tras la sentencia. La respuesta al fallo del Tribunal Supremo también será una prueba para ellos, a la hora de medir su capacidad de convocatoria en la calle y la unidad del mundo soberanista. También la reacción de las autoridades si hay violencia. Una contundente respuesta de los Mossos podría ahondar en la desconexión entre los políticos y la calle.
En los canales de Telegram, los radicales no escatiman insultos hacia la policía de la Generalitat y el conseller de Interior Miquel Buch. Fue designado por Torra tras años de activismo independentista a nivel municipal. En las redes, movimientos como Tsunami Democrático, Anonymous o los propios CDR comparten consejos sobre cómo actuar en caso de ser detenidos, cómo proteger sus comunicaciones y han habilitado un buzón informático para informar de las posiciones de la policía.
Como prueba de los planes del independentismo radical, sirve este mensaje que circula desde hace días en esos chats: "Cuando salga la sentencia deberás dejar lo que estés haciendo. La respuesta que está preparada requiere una reacción inmediata, pero no será sólo una acción concreta de un día. La respuesta que se ha organizado pretende generar una situación de crisis generalizada en España que se prolongará en el tiempo".
